El candidato conservador Flavio Bolsonaro ha propuesto acabar con lo que ha llamado “ataduras ambientales” para liberar los negocios, empresariales, mineros y turísticos donde sea que convengan. En la otra vereda, el presidente Lula da Silva, que tomó en el arranque de su tercer gobierno la bandera medioambiental, ha generado un revuelo con la novedad celebrada del hallazgo de napas de petróleo extraordinarias en el Amazonas, que era considerado un paraíso intocable.
En su plataforma y declaraciones, el retador conservador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha criticado las leyes de protección ambiental, y las medidas que combaten tanto los delitos ambientales como las que defienden la protección forestal e impiden la explotación de los recursos naturales en áreas protegidas. Entre ellas figuran las tierras indígenas.
La prensa brasileña recordó anteriores declaraciones del candidato, en las que señaló que esas regulaciones bloquean proyectos de complejos turísticos, así como la minería y otros proyectos comerciales. También le quitó importancia al calentamiento global, al margen de las señalizaciones científicas que alertan sobre ese peligro.
Respecto a la minería hay un eje importante, porque Brasil cuenta con un enorme reservorio de tierras raras, que son un grupo de 17 elementos químicos metálicos esenciales para la tecnología actual, un mercado que domina China con el 90% del procesamiento y refinado mundial.
Lula da Silva ha reivindicado también las explotaciones de esos minerales, pero la principal controversia ambiental que disparó su gobierno está en el Amazonas.
El interés por explotar las reservas de crudo en el llamado Margen Ecuatorial, frente a la desembocadura del río Amazonas, se ha convertido en la mayor grieta interna del gobierno petista.
Mientras Brasil busca liderar la transición energética internacional y proyectar la protección de la selva como prioridad, la petrolera estatal Petrobras insiste en que las reservas de esta última frontera son clave para garantizar la soberanía energética del país cuando los pozos del Presal, en el mar, comiencen a declinar.
Esta ambición desencadenó un choque institucional directo entre el Ministerio de Minas y Energía y la agencia ambiental brasileña (Ibama), respaldada por el Ministerio de Medio Ambiente bajo el liderazgo de la reconocida Marina Silva.
Las principales alertas ambientales apuntan a los riesgos de un posible derrame sobre el sistema de arrecifes del Amazonas, un ecosistema de corales y esponjas descubierto recientemente, sumado a la vulnerabilidad de las corrientes marinas de la zona y el impacto sobre las comunidades indígenas costeras.
Lula ha dicho y casi presionado que “si el Ibama da la licencia, Petrobras explorará con toda la seguridad ambiental requerida. Lo que no podemos es dejar de investigar el potencial de nuestro subsuelo». Pero Silva lo cruzó afirmando que «no se trata de estar en contra o a favor del desarrollo, sino de acatar la ciencia”.
Suely Araujo, del Observatório do Clima (una potente red civil de entidades ambientalistas) y ex titular de Ibama, marcó aún más distancia. «En plena crisis climática, ¿Brasil quiere ampliar la exploración de petróleo y perforar en una zona sensible como la desembocadura del Amazonas? Es una contradicción directa con el liderazgo climático que el país pretende proyectar ante el mundo», afirmó.
El candidato Bolsonaro no se detiene en ese debate. Defiende, en cambio, la gestión de su padre que no demarcó tierras indígenas, respetando esos espacios y además avaló una gigantesca deforestación del Amazonas que le valió condenas internacionales. Durante su gestión se deforestaron más de 45 000 km² de la selva, un área equivalente al tamaño de un país como Dinamarca o Suiza. Un aumento aproximadamente del 60% en respecto al periodo previo a su mandato.
