Aragón es una de las comunidades españolas con más potencial en energías renovables, por lo que mediante un decreto buscaba una mayor independencia en la gestión de su energía. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha fallado en su contra.
El Decreto-ley 1/2023. En marzo de 2023, el Gobierno de Aragón aprobó un Decreto-ley para priorizar la energía renovable en el consumo local, permitiendo utilizar los excedentes de energía sin integrarlos necesariamente en el sistema eléctrico nacional. El Gobierno central recurrió esta norma porque consideraba que no se ajustaba a la legislación estatal. A principios de este año, el Tribunal Constitucional aceptaba el recurso del Ejecutivo nacional. Ahora, nueve meses después, la ha anulado definitivamente.
¿Por qué Aragón aprobó la ley? Según el último informe previo a la medida aprobada por el gobierno aragonés, el 75% de la potencia instalada en la comunidad quedaba en manos de las renovables. Aragón es a día de hoy la segunda comunidad española que más energía renovable produce.
Con estos datos, en su ley proponían un incremento del autoabastecimiento energético y fomentar el autoconsumo renovable, tanto para uso residencial como productivo. Además, la norma impulsaba la expansión empresarial en el sector energético y promovía la creación de comunidades energéticas, argumentando que haría el mercado eléctrico más competitivo. Por último, la protección de los valores paisajísticos para que desde la autonomía pueda tener competencias en su gestión.
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El Gobierno nacional recurre el Decreto-ley. El Gobierno presentó un recurso de apelación porque la ley no se ajustaba a la Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013), que regula las bases para evitar las desigualdades entre regiones en un sistema de energía que siempre está en constante producción. Sin embargo, más allá de los tecnicismos, el Gobierno estatal tiene un claro interés en evitar que las comunidades productoras retengan el excedente energético, ya que puede provocar conflictos con otras regiones, que dependen de esta energía para cubrir su alta demanda.
El aumento de renovables en España demuestra un desequilibrio en la producción y consumo energético por sus características territoriales y demográficas. Las comunidades autónomas como Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha producen mucha más energía de la que consumen, por el contrario Madrid, Cataluña y el País Vasco necesitan del excedente de las otras. Por ese motivo, el principio de solidaridad energética es el que sostiene el sistema.
¿Recurrirán? El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la normativa aragonesa no estaba debidamente justificada dentro del contexto de urgencia y necesidad como alegaba el ejecutivo aragonés. A pesar de la anulación, la Diputación General de Aragón ya ha adelantado que no piensa cumplir con el fallo del TC, alegando que el problema de su ley radica en un defecto de forma y no en el fondo del contenido. Ampliando y sentando un precedente entre una Comunidad Autónoma que genera mucha electricidad y el Estado.
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