El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este sábado por la tarde tras ser destituido de su cargo el viernes mediante un juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank.
«No puede ser ko, soy un expresidente de la República», se quejó el exmandatario cuando le avisaron que debía ser esposado para llegar al despacho del juez, en el Palacio de Justicia de Asunción.
Es el protocolo obligatorio para cualquier procesado que se desplace dentro del edificio. Según el medio local N9, los funcionarios de seguridad convencieron a Peña de que serían solo unos minutos. Puso las manos hacia atrás y un policía le colocó las esposas.
Así caminó desde el estacionamiento hasta el ascensor y luego por el pasillo del cuarto piso, hasta la oficina del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú. Una vez ahí, le retiraron las esposas. No se permitió tomar fotos ni grabar videos del recorrido. Las únicas imágenes dentro del despacho las tomó el equipo de prensa del Poder Judicial.
«Ko» es una expresión coloquial propia del Paraguay, que proviene de una mezcla entre el guaraní y el español, y funciona para dar énfasis a lo que se está diciendo.
Peña fue destituido el viernes 6 de noviembre y se ordenó que permaneciera en su domicilio en el barrio Mbocayaty de Asunción; sin embargo, había un grupo de manifestantes esperándolo y la Policía tuvo que evacuar al expresidente hasta el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde pasó su primera noche detenido con su esposa, Leticia Ocampos Villate.
Durante la mañana del sábado, lo llevaron a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se llevó a cabo la audiencia de declaración indagatoria, en la que se abstuvo de declarar, detalló el portal paraguayo abc.com.
Allí ingresó en una camioneta por un acceso reservado, sin esposas y con una discreta custodia. Esto generó malestar en algunas de las víctimas del caso Ueno Bank, que se manifestaron frente a la Fiscalía para exigir la devolución de su dinero y castigo para los responsables.
Peña fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez solicitaron la prisión preventiva.
Para la Fiscalía, Peña “cuenta con solvencia financiera autónoma suficiente para sustraerse de la justicia ordinaria”, además de tener “logística, residencias y cuentas fuera de la jurisdicción nacional” y un “acceso inmediato a fondos líquidos no fiscalizados, aptos para financiar traslados o permanencia clandestina sin recurrir a cuentas locales bloqueadas”.
Los fiscales también advirtieron que los delitos por los que se lo imputa, administración en provecho propio y sesión de confianza, podrían otorgarla al exmandatario «hasta 15 años de privación de libertad» y que la severidad la sanción «debilita el estímulo de sometimiento voluntario al proceso».
Fue entonces que el imputado fue presentado este sábado por la tarde al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández, en el edificio del Poder Judicial, donde debió moverse con esposas.
El expresidente fue llevado al Poder Judicial en su camioneta Toyota Land Cruiser negra, blindada, conducida por un chofer militar, aunque también estaba a bordo del teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez, quien hasta ayer seguía desempeñándose como jefe de seguridad de Santiago Peña, se informó.
En todo momento el vehículo de Peña estuvo escoltado por varios móviles de la Policía, cuyos agentes fueron asignados para la seguridad y el traslado del detenido.
El imputado fue recibido por funcionarios de seguridad del Poder Judicial en el estacionamiento del subsuelo y le comunicaron que, al estar procesado, debía ser esposado para entrar al despacho del juez, tal como establece el protocolo. Allí fue cuando se quejó.
En la oficina del magistrado lo esperaba su abogado, Ricardo Alberto Preda Del Puerto. Así como en la Fiscalía, Peña se abstuvo de declarar en el Juzgado.
La medida de prisión preventiva ordenada por el juez Otazú debe ser cumplida en el Regimiento Escolta Presidencial, donde Santiago Peña ya permanecía preso desde el viernes por la noche y donde tiene a disposición una especie de suite destinada a los presidentes en ejercicio.
