De repente, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, abandonó el escenario en La Rural, donde junto a Héctor “Negro” Enrique y Carlos Daniel Tapia, campeones en México 86, presentaba el trofeo de la Copa del Mundo, que arribó en las últimas horas al país. Su salida del escenario coincidió con la difusión del llamado a indagatoria del juez Diego Amarante, en el marco de una causa judicial por presunta apropiación indebida de tributos, y en la que el organismo recaudador, ARCA, es querellante. El presidente de la AFA presentarse el próximo 5 de marzo. Además, el magistrado le prohibió al dirigente la salida del país.
Estaba previsto que Tapia contestara preguntas de algunos medios acreditados al evento, entre ellos LA NACION. Sin embargo, el presidente de la AFA abandonó el escenario y ya no pudo ser alcanzado por la prensa. No hubo interrogatorio. Junto al máximo dirigente del fútbol argentino estuvo Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y también citado a indagatoria por el juez Amarante como secretario general de la AFA, su otro cargo actual.
Puede que Tapia haya abandonado raudo el evento en La Rural para no contestar sobre el llamado de Amarante, pero lo cierto es que en la casa madre del fútbol argentino se lo esperaban. Estaban al tanto de que el llamado al presidente y al tesorero, Pablo Toviggino, era una posibilidad latente desde hace varios días. “No nos sorprende. Sabíamos que Andrés Vázquez -director ejecutivo de la Agencia de Recaudación del Estado (ARCA)- tiene relación directa con el juez Amarante, y ya habían amenazado con hacer esto, aun cuando carece de todo fundamento jurídico lo dispuesto”, dijeron fuentes de la casa madre del fútbol argentino ante la consulta de LA NACION. En otras palabras: están convencidos de que no hay ningún delito en el accionar de la AFA.
“Es difícil de entender como un juez comete semejante imprudencia, siendo que la AFA no debe absolutamente un solo peso de nada a ARCA”, agregaron los informantes. Desde un principio, y de todas las investigaciones en marcha en contra de Tapia & Toviggino, la de Amarante era la que más preocupaba a corto plazo. Sobre todo desde que el juez se negó a cerrar la causa por un pedido de los abogados de la AFA. La defensa de Tapia argumentó que no existía delito ya que los más de $19 mil millones de pesos supuestamente adeudados por aportes patronales y sociales “no eran exigibles”.
De todas maneras, el propio Tapia minimizó desde el principio el avance de la Justicia sobre él. En una entrevista en el balneario 12 de Mar del Plata con LA NACION, el presidente de la AFA negó incluso estar imputado. “¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada”, respondió entonces ante la consulta sobre las investigaciones judiciales.
Una de las primeras alarmas que saltaron en la AFA luego de la resolución judicial tiene que ver con la Finalissima, que se disputará el 27 de marzo en Lusail (Qatar) ante España. Si bien Tapia debe presentarse a declarar antes de esa fecha -está citado el próximo 5 de marzo-, será el juez Amarante quien decida luego si Tapia podrá o no acompañar a la selección argentina en su periplo por el emirato. A juzgar por su histórica cercanía con los jugadores, el presidente de la AFA seguramente querrá estar presente en el partido que puede darle una nueva estrella al equipo nacional.
AFA
En sintonía con las novedades judiciales y la intempestiva salida del evento de la Copa del Mundo, Tapia fue protagonista este jueves de otra noticia: su perfil en la red social Instagram dejó de estar disponible para los usuarios sin que mediara ninguna explicación oficial sobre el asunto.
Denuncia ampliada
El Gobierno amplió a fines de diciembre la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Claudio “Chiqui” Tapia en el fuero Penal Económico por retención indebida de tributos y elevó a $19 mil millones el monto investigado. Antes, había denunciado delitos por $7500 millones. Ahora se suman otros $11.000 millones.
El nuevo recurso fue ingresado mediante un escrito electrónico ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y quedó formalmente incorporado al expediente por presunta infracción a la Ley 27.430, el Régimen Penal Tributario. A través del documento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplía períodos, incorpora nuevos conceptos impositivos y previsionales y presenta un cuadro global sobre el supuesto delito.
Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— y se financió con esos fondos.
