A días del llamado a indagatoria por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encolumnó a los principales dirigentes del fútbol argentino y exigió a los clubes de Primera División una acción conjunta para “defender a la AFA” de una supuesta operación del Gobierno, amplificada por los medios de comunicación, que, según su interpretación, busca “desestabilizar” a la conducción de la entidad.
Así, 26 de los 30 equipos de la máxima categoría -cuatro estuvieron ausentes- se alinearon detrás del titular de la casa madre y decretaron un paro de actividades en todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, fecha que coincide con la citación a declarar de “Chiqui” y del tesorero del organismo, Pablo Toviggino, en el marco de esa causa judicial. Un conflicto que nació con el decreto 70/2023 que buscó abrir paso a las sociedades anónimas deportivas, y que, tras más de dos años de tensión permanente, sigue escalando sin mostrar señales de tregua.
El encuentro se dio pocas horas después de que el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien el jueves pasado había dictado la prohibición de salida del país para Tapia, lo autorizara a viajar a Barranquilla y Río de Janeiro por “compromisos laborales” en su doble rol de presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol -la Recopa entre Flamengo y Lanús en el Maracaná y un evento organizado por la Federación Colombiana de Fútbol-, a cambio de una caución de cinco millones de pesos. A su regreso, sin embargo, deberá comparecer ante el magistrado para dar explicaciones sobre los más de $19.300 millones que, según ARCA, no habrían sido ingresados al sistema. El período que se encuentra bajo observación abarca 2024, 2025 y una parte de 2023.
La reunión, llevada adelante el lunes en la sala de conferencias del predio Lionel Messi, en Ezeiza, tuvo el formato habitual: Tapia, Toviggino y Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA y la Liga Profesional- encabezaron un cónclave que contó con el desenlace de siempre: los clubes acataron la voluntad de Tapia.
La decisión afecta, entre otros compromisos, la totalidad de la novena fecha de Primera División, la cuarta jornada de la Primera Nacional y la sexta de la Primera B. Lo llamativo del caso es que solo la máxima categoría funciona bajo la órbita de la Liga Profesional. Aun así, fue su Comité Ejecutivo el que resolvió el cese de actividades en todos los niveles. Aunque los representantes del ascenso y de las ligas del interior hubieran estado presentes, es difícil pensar que el resultado hubiese sido diferente. La influencia que Tapia y Toviggino, junto con la forma vertical en que suelen resolverse estas cuestiones, permite suponer que el resto de los clubes también habría acompañado la medida sin mayores objeciones.
Previo al parate se disputarán más de 70 partidos de las tres divisiones principales, en los que allí habrá que estar atentos a los mensajes que bajen desde las tribunas. El pedido de Tapia fue explícito: que los clubes impulsaran “acciones” para respaldar a la AFA. Entre el público genuino, el que paga su entrada para ver a su equipo cada fin de semana o lo sigue por televisión, la medida corre el riesgo de convertirse en un boomerang. La mayoría quiere ver a su equipo en la cancha y se mantiene al margen de las internas políticas y la rosca judicial. Otro es el papel de las barras, históricamente alineadas con los oficialismos de turno, que podrían acompañar el mensaje promovido desde la conducción.
En tono de jefe ante su tropa, Tapia abrió la reunión de comité con un discurso frontal contra el gobierno de Javier Milei, el Poder Judicial y los medios de comunicación, e instó a los clubes a pronunciarse en bloque. “Hoy vienen por nosotros; mañana pueden venir por cualquiera de ustedes”, advirtió.
También buscó mostrar solidez económica y capacidad de gestión. Destacó las 2.000.000 de visualizaciones que, según dijo, acumularon los primeros partidos de la Primera Nacional transmitidos por la señal LPF Play y las comparó con los números del pack fútbol, que, indicó, rondan entre dos y tres millones de usuarios por fecha. El objetivo fue enviar un mensaje claro: la AFA, sostuvo, está en condiciones de competir con las grandes cadenas televisivas, producir su propio contenido -más allá de las numerosas fallas técnicas que evidenciaron esas emisiones- y comercializar los derechos por fuera de los operadores tradicionales.
Como respaldo, el gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo -también investigado en la causa por presunta evasión, al igual que el expresidente de Racing, Víctor Blanco-, proyectó en la pantalla un documento que, según se explicó, acreditaba que la entidad no registra deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se encuentra al día tanto en el ingreso de aportes como en la presentación de declaraciones juradas.
Como suele ocurrir, los deseos de Tapia se tradujeron en órdenes. El primero en apoyarlo fue Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, quien recordó que ya había propuesto avanzar con una postura común en un mensaje de WhatsApp al grupo de dirigentes de la Liga. Según planteó, tras el pedido del titular de la AFA había llegado el momento de llevar esos gestos a la práctica.
Con las ausencias de Boca -que este martes juega en Salta por la Copa Argentina-, Estudiantes de La Plata -crítico de la gestión Tapia-, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, el núcleo de dirigentes con mayor peso fue tomando la palabra y avalando una iniciativa que hasta ese momento era abstracta, pero que comenzaba a tomar forma concreta.
Entre ellos estuvieron Nicolás Russo, de Lanús, y Mario Leito, de Atlético Tucumán. Este último había sido amenazado en redes sociales por Toviggino luego de que, 48 horas atrás, el Decano anunciara que presentaría una queja formal ante la Liga por los fallos arbitrales de Fernando Espinoza. Antes de que comenzara la reunión, Leito se acercó primero al presidente y luego al tesorero. El descargo no se trató en el Comité Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegó el momento de apoyar la moción impulsada por Vila, el directivo fue uno de los primeros en salir en defensa de Tapia. Según trascendió, el entendimiento habría sido que el árbitro no vuelva a dirigir a Atlético en el corto plazo, aunque todo se resolvió en una conversación privada entre las partes.
En un rol menos protagónico, River -representado por su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel-; Independiente -por el vice primero, Carlos Montaña-; Racing -por su secretario general, Kevin Friedman-; y San Lorenzo -por su presidente, Sergio Costantino, junto al secretario Marcelo Vázquez- también acompañaron la medida de fuerza, aprobada bajo el viejo método grondonista: si nadie objeta, se considera votada “por unanimidad”.
Todo se resolvió luego de que Carolina Cristinziano, vicepresidenta primera de Rosario Central, les reprochara a varios de sus colegas que muchos evitan pronunciarse, a favor o en contra, sobre los temas tratados, y que ese silencio termina generando confusión y alimentando críticas posteriores. Tras algunas intervenciones protocolares, Tapia, rápido de reflejos, dio el asunto por saldado: “Si nadie está en contra de realizar acciones desde los clubes en defensa del fútbol argentino, queda aprobado”.
Finalizada la reunión, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, ofició de vocero y habló abiertamente de una “guerra” con el Gobierno. “Quedó demostrado que las causas por las que se imputa a Chiqui (Tapia), a Pablo (Toviggino) y a Cristian (Malaspina) no tienen sustento; estamos al día”, afirmó. En la misma línea, vinculó el conflicto judicial con la intención del oficialismo de impulsar las sociedades anónimas deportivas: “Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD y los clubes ya dejaron en claro que no quieren”.
Tras anticipar la posibilidad de un paro, Berlanga denunció además una “persecución” contra las instituciones, que -según planteó- se vieron debilitadas por medidas adoptadas por el Ejecutivo. En julio de 2025, el Gobierno modificó la alícuota del régimen previsional especial para los clubes, que pasó del 7,5% al 13,06%, con un adicional transitorio del 5,56% por un año para compensar el déficit del sistema.
Otro punto que investiga la Justicia tiene que ver con el 7,5% de las entradas que los clubes venden a sus hinchas, porcentaje destinado a una caja de seguridad social de la AFA que debe ser girado a la ARCA dentro de un plazo de 30 días y sobre el cual, según el organismo recaudador, se habrían detectado irregularidades en los procesos de transferencia.
En un comunicado posterior a la reunión, la AFA sostuvo que no registra “deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por la ARCA” e informó que, “por decisión unánime de todos los presentes”, los dirigentes solicitaron la suspensión de la actividad. Más tarde, la Liga Profesional precisó que el resto de las categorías también adheriría a la resolución.
Según pudo recabar LA NACION, el paro podría extenderse al menos un fin de semana más. Incluso no se descarta que algunos dirigentes acompañen a Tapia y Toviggino a prestar declaración, en señal de respaldo a la conducción del fútbol argentino, aunque primero aguardarán las novedades que surjan del proceso judicial.
Otro capítulo en la disputa de poder entre la AFA y el gobierno, con los hinchas pagando el costo, y los clubes, pese al maquillaje discursivo de sus dirigentes, quedando otra vez como rehenes.
