Como estaba previsto, la AFA fue por todo. Reeligió “por aclamación” a Claudio “Chiqui” Tapia como presidente hasta octubre de 2028, mudó su razón social a la provincia de Buenos Aires para no ser controlada por la Inspección General de Justicia (IGJ), amplió a cinco la cantidad máxima de mandatos posibles para quienes ocupen cargos electivos y suspendió los descensos en esta temporada de la Liga Profesional, que en 2025 tendrá 30 equipos. Traducido: hizo todo lo que la IGJ le había prohibido, en un abierto desafío al órgano de contralor. Y al Ministerio de Justicia. Y al gobierno de Javier Milei.
Más allá de eventuales castigos de la IGJ por la “desobediencia”, la AFA ya fue a la Justicia para validar lo decidido por la asamblea. Se presentó con un recurso de apelación ante la propia IGJ, que ahora tendrá que elevarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Y en los próximos días llegará la primera definición: saber qué categoría le corresponderá a la apelación. Si será con efecto “devolutivo” o “suspensivo”. En el primer caso, gana la IGJ y las decisiones más importantes de la asamblea se invalidan hasta el fallo definitivo. En el segundo, el vencedor es la AFA y lo actuado por su órgano supremo mantiene su vigencia hasta el veredicto firme de la cámara. Expertos en derecho administrativo consultados por LA NACION aseguran que puede pasar hasta un mes -al menos- para que la cámara defina la situación.
Ocurre que para Daniel Roque Vítolo, el inspector general de Justicia, la AFA debió haber culminado su anterior proyecto de reforma del estatuto antes de proceder con el actual. Uno de los motivos para prohibirle el tratamiento este jueves de los ocho puntos en discordia -que incluían la reforma del estatuto- fue justamente ese. Además de que a Tapia le quedaba un año de mandato y que la ampliación de cuatro a cinco períodos para los cargos electivos infringe la Ley del Deporte que rige en todo el territorio argentino.
De todas maneras, los equipos que pelean (o peleaban) en los sótanos de las tablas de promedios y de puntos no deberían descorchar. No todavía. Porque puede pasar que todo lo definido en la asamblea del martes quede en suspenso en los próximos días. O incluso que la cámara declare nulo al acto, al menos en la parte que había sido objetada por la IGJ. Puede pasar que si la definición sobre la cuestión de fondo -los ocho puntos objetados, entre los que está, por ejemplo, la cancelación de los descensos- se demora, haya dos equipos que pasen días en una montaña rusa. Salvados por la asamblea… luego condenados por una apelación devolutiva. Y más tarde vueltos a salvar por la cámara. Un subibaja futbolero con la escenografía de los tribunales porteños.
“El proceso de reelección anticipada de Tapia en la AFA se ha dado de forma ilegal. Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la justicia”, adelantó Roque Vítolo, el titular de la IGJ. Y amplió: “Las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como Presidente de la AFA. Nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ”, recalcó. “Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”, aseguró Vítolo en declaraciones de prensa.
Así, un escenario posible es que en las próximas horas la IGJ resuelva la nulidad de lo aprobado por la asamblea de la AFA, en particular sobre los ocho puntos que había objetado en la previa. Para el órgano de control, tanto la reelección de Tapia, como la ampliación del número máximo de mandatos, la mudanza a provincia y la suspensión de los descensos en la Liga Profesional para esta temporada no tendrían vigencia. Además, la declaración de nulidad podría venir acompañada de una multa económica que puede llegar hasta los $8 millones (el monto no se actualizaba desde 1991, y fue recompuesto en julio de este año).
Así, la AFA tendría otra resolución de la AFA para apelar: la que se publicó en la previa a la asamblea y esta última que saldría en las próximas horas. Lo dictaminado en la reunión de Ezeiza sería, entonces, doblemente judicializado. Las palabras de Vítolo, el inspector general de Justicia, no hablan en ningún momento de intervención. Sí de violaciones a la ley y del delito de desobediencia. Pero no se mete con la máxima sanción posible, que es el pedido de intervención. La IGJ está facultada para hacerlo en casos extremos y, de hecho, desde el gobierno habían dejado trascender que era una medida “en evaluación”.
“Acá no hay imposiciones. Debatimos y votamos lo que el fútbol argentino, en sus dirigentes, quiere. Nadie presiona a nadie para que haga lo que no quiere”, sostuvo Tapia, empoderado, presidente reelecto -al menos en las formas-. Quiso decir que no hay descensos porque los directivos no quieren bajar de la primera división. Es cierto: nadie quiere perder la categoría. Por eso la pirámide del fútbol argentino se achata cada vez más y puede que en 2025 haya 30 equipos en la Liga Profesional y 40 en la Primera Nacional. Serían ¡70! equipos en los dos principales torneos del fútbol argentino. Todo esto, si la cámara comercial avala la asamblea. Que sólo podía hacerse en versión “light” y terminó siendo “full”.
