El fútbol argentino asiste, entre la resignación y el fastidio, a un nuevo capítulo de una historia repetida: el éxodo de sus joyas antes de que puedan siquiera debutar en Primera División. Fueron y serán varios, pero el nombre que hoy recorre los medios deportivos es el de Luca Scarlato, un volante ofensivo de la séptima división de River que, con apenas 15 años y 16 goles convertidos en 2025 en Séptima división, prepara las valijas para mudarse con su familia a Italia, donde continuaría su carrera en Parma. Justo antes de cumplir 16, cuando estará en cndiciones de firmar su primer contrato profesional.
Su salida no dejará billetes en las arcas del club de Núñez, sino una herida abierta en su estructura formativa. Scarlato se marcha bajo el amparo legal de lo que popularmente se conoce como patria potestad, un mecanismo que permite a los padres decidir el destino de sus hijos menores de edad por encima de cualquier reglamento deportivo.
Este fenómeno, que entre otros tuvo como protagonistas en los últimos años a Matías Soulé (de Vélez a Juventus), Giuliano Simeone (River a Atlético de Madrid), Tiago Geralnik (River a Villarreal B) y Benjamín Garré (Vélez a Manchester City), no tiene por ahora un dique de contención, lo que deja a los clubes sin recursos para contenerlos. Ante lo que considera un abuso sistemático y “un robo legal”, la AFA comenzó a delinear una normativa inédita que, de oficializarse, marcará un antes y un después. Según ese proyecto, anunciado luego de la partida de Scarlato, los futbolistas que abandonen el país amparados en la patria potestad dejarán de ser convocados a las selecciones juveniles. Es una decisión política que busca enviar un mensaje claro: quien elige el camino de la salida unilateral, pierde el privilegio de vestir la camiseta albiceleste.
La patria potestad -legalmente, responsabilidad parental- es una facultad jurídica contemplada en el Código Civil de la Nación Argentina. En el artículo 264 se la define como “el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos”. Su origen nada tiene que ver con el fútbol, pero con el paso del tiempo encontró una vía de aplicación en el negocio deportivo.
¿De qué manera? Padres influenciados por ofertas del exterior (muchas veces acompañadas por promesas de trabajo, mejoras económicas para la familia o la intervención directa de representantes) recurren a la patria potestad para “velar por los intereses de sus hijos”. En la práctica, eso se traduce en cambios de club prematuros; con amparo legal, motivados por conveniencias deportivas y, sobre todo, económicas.
A esta cuestión, cuyo primer gran caso en la Argentina ocurrió hace 30 años, cuando Esteban Cambiasso se fue de Argentinos Juniors y fichó en Real Madrid, se suma otra limitación clave: los clubes argentinos sólo pueden firmar contratos profesionales a partir de los 16 años, y el primer vínculo puede ser, como máximo, de tres temporadas. El resultado es un escenario desfavorable para las instituciones formadoras, que invierten durante años sin garantías reales de retener y aprovechar a sus talentos.
Lo que el negocio del fútbol logró es que se invoque a romper la ligazón de un jugador amateur con su club, basándose en el “interés superior del niño” y la libertad de los padres para definir su proyecto de vida. Más claro: mientras el jugador no tenga un contrato profesional firmado, la justicia suele priorizar el vínculo familiar por sobre el deportivo. Ahí es donde saca ventaja el club más poderoso.
Sin embargo, una vez que el jugador cruza la frontera, se activa otro mecanismo: los derechos de formación (DDF). Según explica a LA NACION Mariano Clariá, abogado especializado en Derecho deportivo y Derecho del fútbol, esto nació en 2001 tras el famoso caso Bosman, que abolió el derecho de retención arbitraria, algo que inclinaba la balanza muy a favor de los clubes propietarios de las fichas de los futbolistas.
Como contrapartida a la libertad de trabajo, la FIFA creó el DDF para compensar a los clubes formadores por la inversión realizada entre los 12 y los 21 años. El DDF es un monto fijo que se paga cuando el futbolista firma su primer contrato profesional y también cuando es transferido internacionalmente hasta los 23 años.
Clariá advierte que el DDF se calcula en base a una tabla de la FIFA según la categoría del club comprador. Si un equipo de Categoría 1 de la UEFA (como el Barcelona) ficha a un joven, debe pagar 90.000 euros por cada año de formación.
Esto expone que para un chico de 18 años que queda libre en Argentina y quiere ir a la segunda de España, por ejemplo, el DDF es un problema. Porque los clubes europeos suelen desistir de la contratación para no pagar esos montos.
El mecanismo de solidaridad y los derechos de formación no solo conviven dentro de la normativa FIFA, sino que se complementan y funcionan de manera articulada para compensar a los clubes que invierten en el desarrollo de futbolistas entre los 12 y los 23 años. Ambos sistemas buscan el mismo objetivo: premiar la formación, fomentar el trabajo en juveniles y garantizar la sostenibilidad de los clubes formadores.
Para entenderlo: un jugador se forma inicialmente en el Club A entre los 12 y 14 años, luego pasa al Club B entre los 15 y 17, y finalmente llega al Club C entre los 18 y 21. Cuando firma su primer contrato profesional en el Club C, entran en juego los derechos de formación, que deben ser abonados por ese club a las instituciones que participaron en su formación previa, en este caso A y B.
Más adelante, si el Club C transfiere al futbolista de manera internacional, se activa el mecanismo de solidaridad. El club comprador paga el monto total de la transferencia y, de ese valor, se deduce un 5%, que se reparte entre todos los clubes formadores del jugador —A, B y C— de forma proporcional a los años de formación entre los 12 y los 23 años, siempre que pertenezcan a asociaciones distintas.
La distribución se realiza por franjas etarias: por cada temporada comprendida entre los 12 y los 15 años, el club formador percibe un 0,25% del valor total del pase; mientras que por cada año entre los 16 y los 23, corresponde un 0,5%. De este modo, se reconoce económicamente el trabajo de formación realizado a lo largo del desarrollo del futbolista.
Un ejemplo con nombre propio es el del Club Náutico Fitz Simón, de la ciudad cordobesa de Embalse, que después de un largo tiempo pudo comprobar que Nahuel Molina se inició en esa entidad antes de sumarse a Boca a los 11 años. Por eso, en 2024 recibió más 33 millones de pesos de parte del Atlético de Madrid cuando el lateral derecho se incorporó al Colchonero proveniente de Udinese, de Italia.
Para el hincha común, la confusión entre estos términos es habitual, pero sus efectos son muy distintos. Aquí, qué significa cada uno:
El propio Lionel Messi contó en detalle -en su reciente charla con Luzu TV- la historia de cuando fue a probarse a River, y las derivaciones que tuvo ese episodio. “Hice una prueba. A los diez días volví, me comentaron que me tenía que quedar en la pensión y que se iban a hacer cargo del tratamiento, aunque me dijeron ‘tenes que ir vos a sacar el pase y venir’. Obviamente, cuando lo fui a pedir a Newell’s no me lo dieron. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”.
Luego, lo sabido: se fue a Barcelona cuando tenía 12 años, lo que hizo acreedor a Newell’s de un 0.66 por ciento de sus derechos de formación. Tanto es así que en 2020, cuando se especulaba sobre su venta a Manchester City, en el club rosarino se abrazaban anticipadamente: si se resolvía el pase en ese monto, Newell’s hubiera embolsado 1,32 millón de dólares. Otros fantaseaban con que el City ejecutara la cláusula de rescisión, que Barcelona había fijado en 700 millones de dólares, lo que le hubiera reportado a los rosarinos 4,62 millones de esa moneda. Al final, todo quedó en un sueño…
El caso de un joven arquero argentino que pide preservar su identidad (“porque tengo miedo de que me maten”, se excusa ante este diario), ilustra a la perfección cómo el DDF puede transformarse en un peaje que asfixia el talento.
Luego de probarse en otros clubes, en 2019 se incorporó, a sus 16 años, a un club de la antigua B Nacional que no solo no le propuso un contrato, sino que además tampoco lo consideró para firmar planilla oficial de partidos durante dos años. Ante la falta de oportunidades y luego de la pausa por la pandemia (él se entrenó por su cuenta en el patio de su casa sin ninguna indicación de parte del club), el juvenil decidió probar suerte en Europa.
Con una inversión familiar de 5.000 dólares, llegó a un club de Bélgica. Su talento fue validado por los responsables del área formativa, pero la bienvenida del gerente deportivo fue una bofetada de realidad: “Te queremos contratar, pero venís de un país corrupto. Si te incorporo, tarde o temprano vamos a tener problemas por los derechos de formación”.
La premonición se cumplió seis meses después. El chico mostró sus condiciones y comenzó a destacarse. Y entonces, el club belga recibió una factura de la FIFA por 87.750 euros, reclamados por aquel club del ascenso que nunca lo había tenido en cuenta, bajo la firma de su presidente.
Para un club pequeño de la segunda división belga, esa cifra por un jugador de 18 años fue un golpe letal. “Papá, me quieren echar. ¿Qué club me va a recibir con esa deuda?”, fue el lamento del joven vía telefónica cuando comprendió que su formación se había convertido en su propia condena. Finalmente, el club belga pagó ese monto y el joven pudo jugar.
Desde FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas liderado por el argentino Sergio Marchi, la crítica es tajante: el sistema actual vulnera la libertad de movimiento y convierte a los jóvenes en rehenes. “Hasta los 23 años, estos jugadores no pueden fichar por un nuevo club sin tener que pagar una indemnización por formación, aunque su club formador no tenga interés en contratarlos y utilizarlos, por lo que quedan a merced de sus clubes”, apunta desde el organismo, en diálogo con LA NACION, una fuente.
Esta mochila financiera provoca que muchos talentos abandonen el fútbol o se vean obligados a permanecer como espectadores en sus clubes de origen porque nadie está dispuesto a pagar su “rescate”. FIFPro propone algo diferente: “Hay formas de financiar un fondo de compensación de formación general. Por ejemplo, con un porcentaje de las tarifas combinadas de las transferencias de futbolistas o un porcentaje de los ingresos comerciales de las competiciones internacionales. Con un fondo así se podría luego distribuir dinero a los clubes de formación, en lugar de poner la carga financiera en el nuevo club del jugador”.
La respuesta de la AFA ante casos como el de Scarlato busca proteger el patrimonio de los clubes argentinos, que ven cómo su inversión en pensiones, viáticos y entrenadores se evapora por la intervención de representantes y la figura de la patria potestad. Sin embargo, la medida de excluir a los jóvenes de las selecciones nacionales añade una capa más de presión sobre el deportista, quien queda atrapado entre las aspiraciones económicas de los clubes, las ambiciones de sus agentes y sus propios derechos legales como menores.
El caso antes mencionado del juvenil argentino despreciado en el ascenso argentino y preso de los DDF en Bélgica demuestra que, incluso cuando el jugador logra salir, el sistema de la FIFA lo sigue como una sombra contable.
“En la Facultad de Derecho se reciben 2000 abogados y después van a trabajar a una empresa; ¿acaso la UBA le cobra a la empresa un derecho de formación?”, se pregunta el padre del juvenil, reflejando el absurdo de una industria que tasa los sueños antes de que se produzcan. Y agrega: “¿De qué derechos de formación hablan en los casos en los que son los padres los que pagan mes a mes los entrenamientos en juveniles e inferiores? El que no paga, no se entrena».
En resumen, todo parece indicar que mientras no se unifiquen los criterios entre la ley civil, los reglamentos de la FIFA y la realidad económica de los países formadores, el fútbol seguirá produciendo estas paradojas: jóvenes que son “cracks” en la cancha, pero “problemas financieros” en los escritorios.
