A tres días de las elecciones presidenciales en Brasil, el exmandatario Jair Bolsonaro, padre del actual candidato del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, le pidió al Tribunal Supremo del país que anule su condena por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva y también que se suspenda de manera cautelar la ejecución de la pena a 27 años de prisión.
La defensa del expresidente brasileño presentó una nueva revisión criminal ante la Corte Suprema para intentar anular la condena que cumple en prisión domiciliaria.
La presentación pide, además, la suspensión cautelar de la ejecución de la pena, lo que supondría la puesta en libertad provisional del exmandatario mientras el Supremo analiza la nueva revisión, presentada el 25 de septiembre.
Los abogados ya habían solicitado la suspensión de la pena un día antes, el 24 de septiembre, pero retiraron el pedido horas después por divergencias entre los miembros de la defensa.
El pedido del líder ultraderechista fue enviado al magistrado Kassio Nunes Marques, que ocupa uno de los 11 asientos del alto tribunal desde 2020, cuando fue postulado durante el Gobierno del propio Bolsonaro (2019-2022).
Como principal argumento, la defensa presentó un informe técnico que sostiene que fueron detectadas «diversas irregularidades» en la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas durante el proceso, aunque el documento no afirma que los archivos hayan sido adulterados.
Los abogados alegan que en parte del material no fue posible comprobar de forma íntegra el origen, la extracción y el procesamiento de los datos, lo que habría limitado la capacidad de la defensa para verificar las pruebas.
Entre los cuestionamientos figura el tratamiento de los mensajes de la aplicación Signal extraídos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro. Según el informe citado por la defensa, algunas conversaciones fueron registradas mediante filmaciones de la pantalla del teléfono en lugar de una extracción pericial de los datos.
Los abogados también cuestionan la ausencia de los archivos originales obtenidos del teléfono de Bolsonaro, lo que, según ellos, impidió auditar completamente ese material.
La defensa sostiene, además, que las dudas sobre el acceso y la verificación de las pruebas se ven reforzados por las discusiones que se han dado en el Supremo Tribunal Federal en torno al caso que involucra al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, preso por acusaciones de fraude.
Los abogados citan las intervenciones de los magistrados y del fiscal general sobre los límites que impone el sistema acusatorio a la actuación investigadora de los jueces y sobre el derecho de las partes a acceder a las pruebas.
La defensa se refiere a la apertura de una investigación contra De Moraes a partir de mensajes intercambiados con Vorcaro. Después de que se hicieran públicas esas conversaciones, la Fiscalía cuestionó la validez del procedimiento al considerar que la investigación debía haber sido sometida al pleno del Supremo.
Los abogados de Bolsonaro sostienen que una situación similar se produjo con la investigación que incorporó al expresidente al proceso sobre la difusión de informaciones falsas y que posteriormente sirvió de base para las acusaciones de la trama golpista.
Según la defensa, esa investigación no fue sometida al pleno de la Corte cuando Bolsonaro todavía era presidente, lo que, a su juicio, vulneró el reglamento interno del Supremo.
