Un informe presentado ante las Naciones Unidas advirtió este miércoles que hubo «limitadas mejoras» en materia de derechos humanos en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero, dado que «las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas».
Así lo afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela en un comunicado, donde marcó además que siguen vigentes «numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia».
Sin embargo, el texto publicado al margen de la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra afirma que, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, se observó «una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas«.
Además, los investigadores destacaron que en los meses siguientes al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas que estaban detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, el documento lamentó la ausencia de «reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos».
«Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas», alertaron.
Por ejemplo, «no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos», grupos paramilitares que los investigadores consideran «un componente central del aparato represivo del Estado» y una «fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario».
Asimismo, «los periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana», agregaron.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», declaró Sofía Macher, presidenta de la misión.
La misión afirma que documentó «patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos», como la intubación forzada, el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada o en celdas minúsculas bajo tierra, la exposición al frío o la privación de alimentos.
En ese sentido, constataron «un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración» para «intimidar» a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
La misión instó «a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho».
Y exigieron que Caracas adopte «medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas», señaló María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión.
