En una escalada de la pelea con el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, fue suspendida del cargo por 150 días, acusada de abandono injustificado de sus labores de acuerdo con una sanción que le impuso el Ministerio de Trabajo del país andino.
Es la segunda sanción en menos de una semana en contra de la alta funcionaria, que mantiene fuertes diferencias públicas con Noboa desde poco después del inicio de su mandato, hace un año.
La resolución ministerial fue notificada a la medianoche, según confirmó el sábado a The Associtated Press la abogada de Abad, Dominique Dávila. La medida indica que la vicepresidenta cometió una «falta grave” por lo que deberá cumplir la suspensión de cinco meses, sin goce de remuneración.
La vicepresidenta fue acusada por la cancillería ante el Ministerio de Trabajo por no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel -donde se desempeña como embajadora designada por el presidente- hacia Turquía debido al conflicto bélico en Oriente Medio. Abad llegó a Ankara ocho días más tarde.
Abad había justificado que el viaje a Turquía no fue “debidamente preparado” y que se cometieron atropellos. El gobierno planteó “que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía”, argumentó la funcionaria. Y dijo, además, que se busca su destitución para “evitar la sucesión presidencial”.
Veronica Abad saluda desde el balcón del Palacio presidencial de Carondelet, en Quito, en noviembre de 2023. Foto: APDávila, la abogada, calificó la sanción como “gravísima” y explicó que no está tipificada en la ley laboral.
Daniel Noboa se presentará a la reelección en Ecuador, en febrero de 2025. Foto: EFE «Artimaña» para impedir que asuma
“Se la suspende en el cargo de vicepresidenta, ni siquiera en sus funciones de embajadora”, cuestionó la defensora y aseguró que se trata de una “artimaña para impedir la sucesión presidencial”. En las próximas horas se decidirá una eventual apelación a la medida, agregó.
El destino de Abad tiene especial importancia para el presidente Noboa, que aspira a un nuevo mandato en los comicios de febrero de 2025, y deberá solicitar una licencia para realizar la campaña, según los expertos.
De acuerdo con la Constitución, Abad debía asumir la presidencia, pero con la última sanción impuesta se frena la sucesión, explicó la AP el jurista André Benavides, y afirmó que se “ viola el ordenamiento”, ya que tanto el presidente como la vicepresidenta tienen un régimen especial de control político en la Asamblea. Agregó que la sanción impuesta no corresponde a la infracción alegada.
El experto añadió que, pese a que la medida es apelable, los efectos de la decisión no se suspenden y cualquier medida tardaría en resolverse más tiempo de lo establecido para la suspensión.
El abogado de Abad, Damián Armijos, aseguró el viernes a medios locales que Noboa «ha buscado a toda costa impedir el ejercicio de la función pública de la señora vicepresidenta, pero también ha buscado amedrentarla, intimidarla, hostigarla con la finalidad de provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial».
Abad también fue multada el martes con 8.500 dólares por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador por efectuar campaña electoral anticipada en 2023 cuando era candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.
Por esta y otras acciones, Abad denunció al presidente Noboa y tres funcionarios del gobierno, incluida la canciller, Gabriela Sommerfeld, por supuestamente cometer ocho actos de violencia política de género en su contra. El viernes, se realizó la audiencia ante el tribunal que resolverá la acción en los próximos días.
La violencia política de género es considerada una falta electoral “muy grave” en la legislación ecuatoriana y se sanciona con multa, destitución y/o suspensión de los derechos de participación política por hasta cuatro años.
La relación entre el presidente y la vicepresidenta está fracturada desde la época electoral, sin que los motivos estén claros. Noboa la ha tildado de “desleal”, mientras que Abad asegura que el gobierno de Noboa busca presionarla para que renuncie.
El traslado de Abad a Israel tensó aun más el vínculo. A partir de entonces, la vicepresidenta ha sido crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una «persecución» en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias.
