La advertencia implícita tras la posible acusación contra el ex presidente cubano de 94 años no podría haber sido más clara:
basta con mirar lo que sucedió en Venezuela.
Esta semana, la administración Trump intensificó drásticamente la presión sobre Cuba.
El embargo estadounidense ha dejado las reservas petroleras del país vacías.
El ejército y los servicios de inteligencia estadounidenses han intensificado los vuelos de vigilancia alrededor de la isla.
Funcionarios hablaron en privado sobre un próximo aumento de la presencia militar en la región.
El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó el país para presentar una exigencia tajante:
cerrar las estaciones de escucha rusas y chinas y tomar medidas para reabrir la economía.
El director de la CIA, John Ratcliffe, escucha durante una reunión del Consejo de Ministros en la Casa Blanca, en Washington, el 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Alex Brandon, archivo)Luego, personas familiarizadas con las deliberaciones del gobierno estadounidense informaron que los fiscales federales en Miami estaban trabajando en una acusación formal contra Raúl Castro, hermano de Fidel.
Es evidente para cualquier miembro del gobierno cubano que la administración Trump utilizó una acusación federal contra Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, como pretexto para una redada en Caracas en enero con el fin de arrestarlo.
Se desconoce si el ejército estadounidense se está preparando para una incursión similar en Cuba, aunque probablemente la operación no sea inminente.
Un gran número de efectivos de operaciones especiales estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, en caso de que se reanuden las hostilidades contra Irán.
Pero otras personas informadas sobre la postura del gobierno dicen que los altos funcionarios al menos quieren tener la opción de volver a aplicar la estrategia empleada en Venezuela.
Si bien la guerra en Irán se ha estancado en un punto muerto insatisfactorio, la operación militar en Venezuela sigue siendo, en opinión del presidente Donald Trump, un éxito rotundo.
Otros allegados a la administración Trump creen que, incluso si esa opción nunca se aprueba, la amenaza de que Estados Unidos intente capturar a Castro, uno de los líderes de la Revolución Cubana, presionará al gobierno cubano para que ceda a las exigencias estadounidenses.
Sin embargo, los expertos señalan que esto podría ser una interpretación errónea de la postura del gobierno cubano.
Campaña
“La acusación formal es un elemento más en la campaña de presión que Trump y Rubio están utilizando para intentar obligar al gobierno cubano a ceder ante las condiciones estadounidenses en la mesa de negociaciones, creando esta amenaza de acción militar con la esperanza de que obligue a los cubanos a dar marcha atrás”, dijo William LeoGrande, profesor de ciencias políticas en la American University.
“Pero los cubanos no son buenos para ceder”.
Se desconoce el mensaje exacto que Ratcliffe envió el jueves al nieto de Castro, Raúl G. Rodríguez Castro, conocido como “Raulito” o “El Cangrejo”.
Pero una exigencia fue clara:
cerrar las estaciones de inteligencia de China y Rusia en la isla, que ambos países utilizan para interceptar las comunicaciones estadounidenses.
No está del todo claro qué más pretende la administración con el gobierno cubano.
Sin embargo, el objetivo principal de Trump y Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, es inequívoco:
poder afirmar que Estados Unidos puso fin al control comunista de Cuba, pero sin sumir al país en el caos total.
Si bien los directores de la CIA suelen encargarse de misiones diplomáticas secretas, la naturaleza tan pública de la visita de Ratcliffe —con fotografías y relatos de su mensaje a los cubanos— representó una excepción.
Frank O. Mora, ex embajador ante la Organización de los Estados Americanos y ex alto funcionario de defensa, afirmó que la visita fue una forma de enviar un ultimátum al gobierno cubano.
“El presidente está frustrado porque no está obteniendo los resultados que quería, o tal vez los que le prometieron en Cuba”, dijo Mora, quien ahora es profesor en la Universidad Internacional de Florida.
“Están apretando las tuercas para intentar presionar a los cubanos a que hagan concesiones que se han negado a hacer”.
Aunque técnicamente ya no está en el poder, Raúl Castro sigue siendo una de las voces más influyentes de la política cubana.
Su estado de salud no se conoce con exactitud, pero está débil, tiene problemas de audición y dificultades para hablar.
Desde hace tiempo no ha hecho declaraciones públicas.
La imagen que proyecta un equipo de élite de Operaciones Especiales del ejército al detener a un nonagenario probablemente será negativa, pero eso podría no importarle a la Casa Blanca.
Mora afirmó que era improbable que Estados Unidos intentara el mismo tipo de operación militar contra Castro que la que realizó contra Maduro.
Sin embargo, la acusación formal, según él, es una especie de «operación psicológica».
Las amenazas de una operación militar o una acusación legal probablemente no intimidarán a Castro, pero podrían enviar un mensaje al gobierno cubano y a la comunidad cubanoamericana en Miami, que lleva mucho tiempo luchando por el fin del comunismo en la isla.
“La acusación tiene más que ver con intentar infundir miedo para intimidar al régimen y hacer parecer, sobre todo en Miami, que el presidente habla en serio sobre cambiar Cuba”, dijo Mora.
Los fiscales aún están debatiendo el alcance de la posible acusación formal.
Al igual que la acusación contra Maduro, podría incluir cargos relacionados con el narcotráfico.
La acusación también podría girar en torno a cargos relacionados con el derribo, en febrero de 1996, de aviones operados por la organización humanitaria Hermanos al Rescate.
En una carta del 13 de febrero dirigida a Trump, cuatro congresistas republicanos solicitaron al Departamento de Justicia que considerara la posibilidad de procesar a Castro, quien se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba en el momento del ataque.
La carta citaba informes periodísticos que indicaban que Castro había aprobado los derribos, a los que los congresistas calificaron de «asesinatos a sangre fría».
“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz”, escribieron los legisladores.
“Es hora de que sea llevado ante la justicia”.
El episodio endureció de forma permanente la postura de Estados Unidos hacia La Habana.
El presidente Bill Clinton, que esperaba liberalizar las relaciones con La Habana, calificó los derribos como «un recordatorio espantoso de la naturaleza del régimen cubano:
represivo, violento y desdeñoso del derecho internacional».
Cuatro hombres murieron cuando un caza MiG de la Fuerza Aérea Cubana derribó dos avionetas Cessna sobre el estrecho de Florida en 1996.
Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno residente permanente legal de Estados Unidos.
Las avionetas pertenecían a Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con sede en Miami, fundado varios años antes para ayudar a los refugiados cubanos y apoyar el derrocamiento del régimen de Castro.
El grupo afirmó que los aviones realizaban una misión humanitaria en busca de refugiados cubanos que se dirigían a Florida en balsa y que podrían necesitar ayuda.
Cuba insistió en que los aviones habían violado su espacio aéreo, una afirmación que las autoridades de aviación internacionales desmintieron.
Sin embargo, después de que el grupo lanzara panfletos contra el régimen sobre la isla durante misiones anteriores, Cuba amenazó con usar la fuerza contra los vuelos.
El derribo del avión enfureció a los exiliados cubanos en Miami y tuvo gran repercusión en Washington.
A los pocos días, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton, una legislación largamente postergada que quizás representó su medida más severa contra Cuba.
Entre otras cosas, la ley condicionó el levantamiento de las sanciones estadounidenses a la caída del régimen de Castro y otorgó nuevos derechos a los estadounidenses y cubanoamericanos con reclamaciones sobre propiedades cubanas confiscadas tras la victoria en la revolución de 1959.
La oposición de Clinton a la ley se desvaneció de la noche a la mañana, y la promulgó el 12 de marzo de 1996.
Esa fecha sigue siendo infame en La Habana: este año, en el trigésimo aniversario de la firma de la ley, el presidente Miguel Díaz-Canel la denunció en las redes sociales como una monstruosidad.
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