El Tribunal Constitucional de Perú declaró nulo el jueves el juicio al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el que se lo sentenció a 15 años de cárcel por lavado de activos el año pasado y ordenó su puesta en libertad.
«Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso», se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio.
El tribunal usó el mismo razonamiento por el que hace nueve meses ordenó el archivo de otra pesquisa contra la actual presidenta, Keiko Fujimori, que fue investigada por el mismo delito y para quien la fiscalía pedía 35 años de cárcel. A Humala y Fujimori se los acusaba de haber recibido dinero ilícito para sus respectivas campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En una resolución emitida el jueves por la noche, el máximo tribunal en asuntos constitucionales del país indicó que nadie puede ser castigado por algo que, cuando se produjo, no era delito. Según los jueces, la acusación contra Humala por supuestamente quedarse con dinero de origen ilícito para financiar sus campañas de 2006 y 2011 es una conducta que, hasta 2016, no era delito en Perú.
El 15 de abril de 2025 la Corte Superior Nacional condenó a 15 años de prisión a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por lavado de activos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Aquel día, Humala estaba presente en la Corte, donde fue detenido y encarcelado. Pero su esposa no asistió y se asiló en Brasil junto a su hijo de 15 años.
En su fallo, los magistrados de la Corte Superior Nacional sostuvieron que Humala y su esposa recibieron cerca de tres millones de dólares en aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht y del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
La trama de corrupción de Odebrecht en América Latina consistió en un sistema estructurado de sobornos a gran escala promovido por la constructora brasileña a través de su «Departamento de Operaciones Estructuradas», mediante el cual pagó cientos de millones de dólares a presidentes, altos funcionarios y candidatos políticos de al menos 12 países para adjudicarse contratos de obras públicas multimillonarias y asegurar favores gubernamentales.
Revelado a partir de la investigación de la Operación Lava Jato en Brasil, el escándalo desató investigaciones judiciales masivas en toda la región que provocaron la destitución, encarcelamiento y condena de múltiples líderes políticos, así como la nulidad de diversos procesos judiciales e infraestructuras paralizadas.
Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, dijo a la radio local RPP que la nulidad decretada por el Tribunal Constitucional supondrá la libertad del exmandatario «y el archivamiento de ese proceso penal”. Humala “tiene 15 meses detenido por una situación que no es delito”, agregó.
Humala y su esposa estuvieron presos de forma preventiva entre 2017 y 2018 a pedido de la fiscalía para evitar una posible fuga pese a que ambos asistieron siempre a las audiencias.
Fujimori también estuvo encarcelada por más de 16 meses durante la investigación de su caso, en periodos que abarcaron parte de 2018, 2019 y 2020.
Con información de Associated Press
