Brasil, elecciones y la guerra en la Corte que acorrala a Lula

Entre las pocas cuestiones relativamente seguras sobre las inminentes elecciones brasileñas se puede apostar a que Lula da Silva ganará la primera vuelta del 4 de octubre debido a la dispersión del voto opositor. Naturalmente no podrá evitar el balotaje veinte días después contra su principal rival, el conservador Flávio Bolsonaro. Pero esa cita inicial tiene una particular importancia.

El dato central a observar será la diferencia de votos entre los dos principales contendientes. Si los márgenes son estrechos, las posibilidades del líder del PT para reelegir y avanzar a un cuarto mandato, serán por lo menos complicadas. En el balotaje se concentrarán los votos residuales de la derecha, una etiqueta complicada en el universo político brasileño en el cual hace rato que Lula abandonó su inicial territorio de la izquierda. Pero se trata de fidelidades. De modo que la primera vuelta, una encuesta indiscutible, puede anticipar con cierta certeza quién será el próximo jefe de Estado de la potencia sudamericana.

Nada parece indicar que ese diseño pueda ser modificado. Una tormenta perfecta se ha precipitado sobre la campaña oficialista alimentada por la interna feroz que se disparó en la Corte Suprema. Esos fuegos contaminan a toda la política del país continente, pero de modo particular al gobierno petista. En parte porque es el poder y ese desorden lo salpica, pero además por la cercanía de algunos de sus protagonistas. Es difícil, además, que que la crisis se disuelva antes de las votaciones.

El escándalo de la guerra judicial tiene el trasfondo de un extraordinario caso de corrupción con complicidades a todo nivel que da una sonoridad estridente a esa pesadilla. El caso interviene no solo en los comicios sino en el ánimo de los electores. Un emergente de la altura del disgusto es el crecimiento electoral del psiquiatra y escritor independiente, Augusto Cury, un centrista, sin historia política, que se posicionó en un tercer lugar con un discurso crítico de la política tradicional. No ataca al sistema como es la moda, sino las deformaciones de la política y al consenso que admite esos vicios como parte de una realidad inmutable. Nadie sabe hacia dónde irán los votos de este hombre o si directamente no visitarán las urnas.

La sombra principal en este episodio proviene del colapso fraudulento del banco Master que generó una de las mayores estafas de la historia de Brasil. La quiebra dejó un tendal de víctimas financieras y el tamaño de las pérdidas ronda los 11 mil millones de dólares. El banquero Daniel Vorcaro, ya bajo arresto, mientras operaba esas maniobras, mantenía una relación de íntima amistad con el senador Bolsonaro, a quien le brindó un crédito abultado para un documental, Dark Horse, sobre la vida de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro..

Ese vínculo, al difundirse con la publicación de incómodos intercambios de diálogos, enfureció a gran parte de la dirigencia de la derecha tradicional brasileña, que siempre receló de la decisión del ex mandatario de designar a su hijo como candidato. Como consecuencia, el apoyo electoral para el postulante se deprimió y exhibió a Lula con amplia delantera y la convicción en el oficialismo de que la elección estaba definida.

Las consecuencias de ese golpe acaban de ser revertidas por una maniobra de un juez de la Corte Suprema, André Luiz de Almeida Mendonça, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, quien dirige el proceso judicial del caso Macro. Ese cortesano liberó sorpresivamente el secreto de sumario de un expediente que revela una relación aún más comprometedora con Vorcaro del famoso juez Alexandre de Moraes, su colega en la Corte y quien condujo el proceso que condenó a aquel ex presidente a 27 años de prisión por el intento de golpe contra Lula.

Según ese expediente, el banquero llamó a un teléfono del magistrado para pedirle consejo sobre si debía dejar el país o si sería arrestado. Más comprometedor aún, reveló que el banco Master tenía una cuenta millonaria en el estudio de abogados que dirige la esposa del polémico juez. Moraes se defendió asegurando que la contratación de ese bufete fue estrictamente profesional, sin relación alguna con sus funciones en el Tribunal, y denunció una campaña de desprestigio orquestada por sectores afines al bolsonarismo para anular los procesos judiciales por el intento de golpe de Estado. Palabras, el daño ya era claro.

Acorralado, el juez arremetió contra su colega bolsonarista con informes de investigaciones policiales que constarían que Mendonça buscó fabricar imputaciones por motivos políticos y personales en su contra y del presidente del Senado, el derechista Davi Alcolumbre. En este último caso obedecería a que el legislador, vinculado por necesidades políticas con la administración petista (necesita ese apoyo para renovar su banca), tiene poder para avanzar sobre los miembros del Tribunal. El clan Bolsonaro le demanda la cabeza de Moraes, todo un tributo electoral. Alcolumbre, sin embargo, resiste y no parece estar dispuesto a hacer nada antes de las elecciones.

La conclusión es que la revelación de los mensajes y los cobros millonarios resquebrajó la credibilidad del sistema judicial y desestructuró el tablero político. Para el oficialismo, la figura de Moraes, quien durante años actuó como un dique de contención frente a la ultraderecha, pasó de ser un baluarte institucional a un lastre sobre las posibilidades electorales de Lula.

Ese proceso se advierte en el empate técnico en las encuestas que muestran la pérdida de la ventaja del presidente, un crecimiento consecuente de su adversario e incluso ya un último sondeo que coloca adelante al candidato opositor en el balotaje por un punto, 46% a 45%. Es empate, pero simbólico: la primera vez que las proyecciones se invierten.

El capítulo final de esta historia, ha sido la decisión de Mendonça, excediendo notoriamente sus atribuciones, de despedir al jefe de la Policía y al titular de Inteligencia de esa fuerza, medida celebrada por el clan bolsonarista. Una de las razones, según los murmullos en la Corte, sería que estos investigadores fueron quienes detectaron las conversaciones comprometedoras entre el candidato Bolsonaro y el banquero.

Todo es política como se ve. A las pocas horas, en medio de las protestas de los jefes policiales que amenazaron con una renuncia en masa, otro cortesano, Flavio Dino, ex ministro de Justicia de Lula y quien lo proyectó al Tribunal, repuso a los jefes policiales en sus cargos. Además ordenó una oleada de allanamientos con la seguridad de hallar más elementos sobre el financiamiento oscuro de aquel documental bolsonarista, con el efecto de multiplicar la notoriedad de las relaciones entre el postulante conservador y el estafador.

En medio de la tormenta, Lula decidió hacerse cargo del problema después de que sus colaboradores le aconsejaron buscar métodos para aislar a Mendonça con la convicción de que el juez opera para socavar su candidatura y proteger al rival bolsonarista. No es muy claro de qué manera se moverá esa gestión. Ese magistrado no solo tiene a su cargo el expediente del caso Master, también las graves investigaciones por tráfico de influencias del hijo mayor del presidente, Fabio Luís, más conocido como Lulinha..

En un video publicado en estas horas convulsas, el oficialismo le reprocha a Mendonça que liberó el expediente que compromete a De Moraes, a quien ya le soltaron la mano, pero no el ligado al banco que incluiría datos tanto sobre las complicidades del juez como sobre la relación de Bolsonaro con el financista detenido. El gobierno espera naturalmente algún movimiento en ese sentido por parte del presidente de la Corte, Edson Fachin, que, según consigna Folha de Sao Paulo citando a los consejeros de Lula, habría “perdido el sentido de urgencia del caso”. Al menos por el momento.