El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) de Elon Musk dijo que había hecho más de 29.000 recortes en el gobierno federal:
recortó contratos millonarios, canceló miles de subvenciones y expulsó a funcionarios públicos.
Pero el grupo no hizo lo que Musk dijo que haría: reducir el gasto federal en 1 billón de dólares antes de octubre.
Bajo la supervisión del DOGE, el gasto federal no se redujo en absoluto. Aumentó.
¿Cómo es posible?
Por una gran razón, según un análisis de The New York Times:
muchos de los mayores ahorros que el DOGE afirmó haber logrado resultaron ser erróneos.
Y aunque el grupo hizo miles de recortes menores, los cuales sacudieron a los receptores de ayuda exterior, a las pequeñas empresas estadounidenses y a los proveedores de servicios locales, estos representaron poco en la escala del presupuesto federal.
doge nytPor ejemplo, en la lista publicada por el DOGE de contratos y subvenciones cancelados, los 13 más grandes eran todos incorrectos.
A la cabeza figuraban dos contratos del Departamento de Defensa, uno de tecnología de la información y otro de mantenimiento de aeronaves.
El grupo de Musk los catalogó como “rescisiones” y dijo que su desaparición había ahorrado 7900 millones de dólares a los contribuyentes.
Los contratos siguen vigentes, y ese ahorro fue un espejismo contable.
Juntas, esas dos entradas falsas eran más grandes que otras 25.000 reclamaciones del DOGE juntas.
De las 40 afirmaciones más importantes de la lista del DOGE, el Times encontró solo 12 que parecían precisas; reflejaban reducciones reales en lo que el gobierno se había comprometido a gastar.
El análisis del Times ayuda a responder a una pregunta básica sobre el DOGE, que era difícil de juzgar en el caótico apogeo del grupo, cuando tenía un enorme poder para recortar el gasto federal y expulsar a los empleados públicos que se interpusieran en su camino.
En aquel momento, en los primeros meses de 2025, el DOGE enumeraba los recortes reales junto a los falsos, y hacía difícil distinguir la diferencia.
Eso planteó la pregunta de si el DOGE, en el fondo, era un ejercicio de recorte presupuestario o de engaño.
El Times descubrió que tenía elementos de ambos.
Pero entre las mayores afirmaciones del DOGE, los ahorros falsos eran mayores y mucho más frecuentes que los reales.
Errores y exageraciones similares se repitieron en todo el trabajo del grupo.
El análisis del Times muestra que, al intentar demostrar los avances hacia su objetivo de recorte presupuestario, el grupo de Musk dio la vuelta a otras promesas.
Musk había dicho que el DOGE sería “la organización más transparente del gobierno” y que aportaría la precisión del mundo tecnológico al gobierno.
En lugar de eso, el grupo se volvió opaco, con su falta de progreso oscurecida por errores, censura y una contabilidad indescifrable que pocas empresas privadas aceptarían.
Algunos de los empleados del DOGE aún trabajan en el gobierno de Trump, principalmente en proyectos tecnológicos.
Pero el recorte presupuestario del grupo parece haberse agotado, incluso mientras persisten las secuelas de los trabajadores federales despedidos y los antiguos beneficiarios de subvenciones.
El sitio web donde el DOGE contabilizaba sus éxitos, llamado “muro de los recibos”, no se ha actualizado desde el 4 de octubre.
En la Casa Blanca, un portavoz se negó a responder a preguntas concretas sobre el trabajo del DOGE, y en su lugar envió una declaración general sobre los objetivos del presidente:
“El presidente Trump se comprometió a reducir el despilfarro, el fraude y el abuso en nuestro hinchado gobierno”.
Ni el DOGE ni Musk, quien dejó el grupo en mayo, respondieron a las preguntas del Times.
Este mes, en una entrevista en un pódcast con Katie Miller, antigua portavoz del DOGE, Musk dijo que su grupo había tenido “cierto éxito” en la reducción del gasto.
Pero también dijo que, si pudiera retroceder en el tiempo, no volvería a hacerlo.
“En lugar de hacer el DOGE, básicamente habría construido… Ya sabes, habría trabajado en mis empresas”, dijo.
Grandes alardes millonarios
Para separar los falsos recortes del DOGE de sus éxitos, el Times examinó los registros federales de las 40 partidas más importantes del “muro de los recibos”.
En al menos 28 casos, el DOGE se equivocó.
El DOGE se atribuyó el mérito de cancelar dos veces la misma subvención del Departamento de Energía, lo cual añadió 500 millones de dólares en ahorros duplicados.
Uno de los contratos que el DOGE afirmó haber cancelado en realidad había sido rescindido por el gobierno de Biden, semanas antes de que el DOGE empezara a trabajar.
Otros tres contratos de la lista del DOGE simplemente habían expirado.
Se trataba de contratos de la época de la pandemia con farmacias que ofrecían pruebas gratuitas de COVID-19 a personas sin seguro médico.
En un principio se les permitió gastar hasta un total de 12.200 millones de dólares, pero nunca se acercaron a esa cifra.
La artista Margo Sawyer, fotografiada en su estudio y hogar en Elgin, Texas, el 18 de diciembre de 2025. (Ilana Panich-Linsman/The New York Times)Posteriormente, en mayo, los tres contratos finalizaron según lo previsto.
Aun así, El DOGE se atribuyó el mérito de acabar con ellos, y señaló un ahorro de 6000 millones de dólares.
Clasificaciones erróneas.
Siete programas que el DOGE afirmó haber suprimido no se han eliminado, incluidos cuatro que resucitaron por sentencias judiciales.
En 16 casos, el DOGE exageró mucho sus recortes.
En muchos, incluidos esos dos grandes contratos del Departamento de Defensa, se recurrió a un truco contable que produjo “ahorros” con escaso efecto en el mundo real.
El DOGE redujo el “valor máximo” oficial de los contratos —al reducir el límite teórico de lo que el gobierno podría llegar a pagar— sin modificar su gasto real.
“¿Bajar el límite máximo de tu tarjeta de crédito te ahorra dinero?”, dijo Travis Sharp, investigador principal del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias, que estudia el gasto federal.
En un caso, el DOGE hizo su afirmación especialmente difícil de comprobar: se atribuyó el mérito de haber ahorrado 312 millones de dólares al cancelar un contrato de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), pero se negó a identificar qué contrato, citando un litigio en curso.
El Times se basó en los escasos datos facilitados por el DOGE para identificar el elemento misterioso como un contrato tecnológico con la empresa Accenture.
También en este caso, la afirmación del DOGE se infló al tratar el valor máximo como si se tratara de un pagaré que el gobierno debía pagar íntegramente, aunque no fue así.
Otro caso involucró un contrato de tecnología de la información de 10 años del Pentágono con la empresa CACI.
El grupo de Musk afirmó haber reducido el gasto en este contrato en 700 millones de dólares.
Pero, una vez más, solo había reducido el límite máximo, de 5700 millones a 5000 millones.
Este verano, el director ejecutivo de CACI, John Mengucci, dijo a los analistas bursátiles que el cambio era insignificante.
“No cambia nada para esta empresa”, dijo. Su empresa siempre había esperado cobrar unos 2000 millones de dólares durante la vigencia del contrato.
E incluso si el contrato llegara a alcanzar el límite máximo, dijo, el Pentágono podría volver a aumentarlo.
“No hay reducción de ingresos”, dijo Mengucci.
Un portavoz del Pentágono defendió estas afirmaciones al decir que los contratos a menudo alcanzaban sus valores máximos.
Pero también dijo que el dinero ahorrado en un contrato del Pentágono podría destinarse a “inversiones de mayor prioridad”, lo que sugiere que el objetivo no era necesariamente recortar el gasto total.
Otros errores del muro del DOGE han sido borrados con el tiempo.
El día en que apareció la lista por primera vez, la mayor afirmación era un contrato del Departamento de Seguridad Nacional por valor de 8000 millones de dólares, que estaba equivocado por un factor de 1000.
El contrato valía solo 8 millones de dólares.
Ese error y otros se eliminaron después de que los medios de noticias los revelaran.
El poder de recortar el presupuesto federal nunca estuvo realmente en manos de Musk:
Y desde el inicio de la labor del DOGE, los legisladores solo una vez han aprobado una ley destinada a recuperar el gasto asignado, desfinanciar la ayuda exterior y la radiodifusión pública.
Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental intentan ingresar a los Institutos de la Paz de EE. UU. en Washington, el 17 de marzo de 2025. (Eric Lee/The New York Times)En dos proyectos de ley de gastos, en su mayoría a corto plazo, se han negado a hacer recortes adicionales drásticos.
El equipo de Musk tampoco se enfrentó a los mayores (y crecientes) componentes del presupuesto federal:
los programas de asistencia a la salud como Medicare y Medicaid; el Seguro Social; y los intereses de la deuda federal.
Recortes reales, dolor real
A pesar de todo, el esfuerzo del DOGE dio lugar a algunos recortes reales que cerraron oficinas, cancelaron programas y privaron a la población de alimentos, medicinas y otras ayudas.
Para las personas que dependían de esos fondos, los efectos fueron repentinos y devastadores.
Al principio, el DOGE rescindió casi todos los contratos y subvenciones de la USAID y trató de despedir a la mayoría de los miembros del personal, mientras Musk metía a la agencia “en la trituradora de madera”.
Más tarde se reactivaron algunos programas de ayuda.
Pero miles se cancelaron.
Para Plan International USA, la cancelación puso fin a la ejecución 13 subvenciones, incluida una que proporcionaba ayuda alimentaria en Etiopía y un programa de educación en Nepal para mantener a las niñas en la escuela secundaria y evitar así los matrimonios precoces y forzados.
Su abrupta terminación supuso un ahorro de 11,7 millones de dólares.
“Cuando nos fuimos, muchos padres ya no podían permitirse enviar a sus hijas a la escuela”, dijo Shanna Marzilli, directora ejecutiva del grupo.
En Sudán, las interrupciones y recortes de las subvenciones obligaron al grupo de ayuda Alight a interrumpir la oferta de alimentos y medicinas a los refugiados, aunque al final el grupo suplió las carencias con aportaciones privadas.
En otros lugares, incluido el vecino Sudán del Sur, la organización dejó de prestar servicios por completo.
Jocelyn Wyatt, directora ejecutiva de la organización, dijo que los donantes privados ayudaron a mantener a flote su grupo este año.
“No creo que sea sostenible”, dijo.
“Y siempre me impresiona la generosidad”.
Scott Roehm, director principal de justicia y rendición de cuentas del Centro para las Víctimas de la Tortura, dijo que su grupo recibió las primeras órdenes de suspensión de sus subvenciones de USAID y del Departamento de Estado el viernes 24 de enero.
Al final del lunes siguiente, la organización tuvo que dejar de pagar al 75 por ciento de su personal, lo que la obligó a cerrar centros que prestaban servicios de asesoramiento y rehabilitación a miles de personas.
Roehm dijo que especialmente le preocupaban los posibles suicidios:
alrededor de una cuarta parte de las víctimas de tortura a las que atendía el grupo habían experimentado ideas suicidas recientemente.
“Sabemos con certeza que nuestros sobrevivientes a los que ya no podemos atender están sufriendo”, dijo.
Esas cantidades en dólares eran pequeñas, comparadas con las mayores afirmaciones del DOGE.
Así es, en efecto, cómo el DOGE finalmente ahorró tan poco, pero aun así causó tantos trastornos.
Para las pequeñas empresas y las comunidades locales, las sumas relativamente modestas tuvieron efectos importantes.
“Son las cifras pequeñas las que perjudican a la gente”, dijo Lisa Shea Mundt, cuya empresa, Pulse of GovCon, hace un seguimiento de los contratos públicos.
El gran volumen de todos estos recortes contribuyó a la sensación de que el DOGE analizaba minuciosamente al gobierno, pues ningún despilfarro era demasiado pequeño.
Pero, en realidad, el DOGE necesitaba la apariencia de los grandes artículos millonarios porque la inmensa mayoría de estas reclamaciones sumaban muy poco, al menos en dólares.
En total, el gobierno de Trump rescindió más contratos este año que el gobierno el año pasado.
Sin embargo, los dólares reales “desobligados” —dinero que el gobierno se había comprometido a gastar, pero luego retiró— fueron, como máximo, un par de miles de millones de dólares más en 2025 que en los últimos años, según los expertos en contratación.
Durante décadas, el gobierno ha financiado a analistas externos para que estudien si los programas financiados por los contribuyentes funcionan realmente, y cómo mejorarlos.
Es el tipo de trabajo que parecería servir a la misión del DOGE de hacer al gobierno más eficiente.
Pero el DOGE canceló también algunos de estos contratos.
“No parece que nada de esto tenga que ver con la eficacia”, dijo LaDonna Pavetti, directora de MEF Associates. Su empresa perdió varios contratos destinados a ayudar a los programas federales de lucha contra la pobreza a funcionar con mayor eficacia.
Un proceso caótico
Muchos de los errores que el DOGE ha dejado en su muro tenían su origen en el caótico proceso de cómo identificó los recortes, o cómo decía a las agencias que lo hicieran.
El DOGE estaba formado por personas externas, del mundo empresarial y tecnológico, sin mucha experiencia en los misterios de los programas gubernamentales.
El enfoque inicial de medir el ahorro al restar el dinero gastado de los valores máximos contribuyó a impulsar sus decisiones, y su alto índice de error.
Sunny Patel, quien fue alto funcionario de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, dijo que él y sus colegas recibieron un objetivo en dólares y una fórmula de Excel para calcular el ahorro.
Los funcionarios del DOGE sugirieron contratos para cancelar, y los funcionarios de la agencia lucharon por proteger los que consideraban más críticos y ofrecieron otros en su lugar.
“Tenías que alcanzar la cifra exacta, y solo puedes recortar un número limitado de cosas”, dijo. “Así que fue como: ‘Oh, supongo que vamos a ofrecer esto’, porque es lo menos malo que se puede hacer”.
En otros casos, los trabajadores del gobierno llegaron a comprender el proceso del DOGE y entregaron al grupo contratos casi terminados con valores límite elevados, en lugar de contratos que reducirían significativamente el gasto.
Muchos de los amplios recortes y despidos iniciales del DOGE más tarde quedaron en suspenso o fueron anulados por litigios, un hecho que el DOGE nunca volvió a actualizar.
Ese litigio también costó dinero al gobierno.
El Museo Infantil Port Discovery de Baltimore había obtenido una subvención de 200.000 dólares del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS, por su sigla en inglés) para financiar un programa en el que miembros del personal del museo iban a guarderías conectadas con escuelas públicas de Baltimore.
Allí enseñarían a los padres cómo jugar con sus hijos podía fomentar el desarrollo infantil y las relaciones familiares.
El 28 de abril, el gobierno envió al museo una carta en la que ponía fin a la subvención y a la mitad de sus fondos.
El programa ya no cumplía las prioridades de la agencia, decía la carta, “y ya no sirve a los intereses de Estados Unidos”.
“Atendíamos a familias con bajos ingresos en escuelas de Título I”, dijo Sonja Cendak, vicepresidenta de desarrollo y mercadotecnia del museo.
El muro del DOGE muestra que canceló más de 1000 subvenciones del IMLS a museos, bibliotecas y centros de historia locales.
Los estados y la Asociación Estadounidense de Bibliotecas demandaron, y los tribunales exigieron que se restablecieran las subvenciones.
El museo de Baltimore recibió más tarde la mayor parte de sus fondos.
Y el 3 de diciembre, el IMLS anunció que restablecía todas las subvenciones.
Pero esas subvenciones aún aparecen como recortes en el sitio web del DOGE, “ahorrando” colectivamente al gobierno unos 134 millones de dólares.
Las personas que rastrean las subvenciones dicen que el DOGE malgastó el dinero de otra forma, al detener los proyectos de investigación en una fase que hacía inútiles las inversiones anteriores del gobierno.
“Si haces todo el trabajo duro de recopilar los datos y luego cancelas la subvención antes de poder publicar los resultados, lo único que haces es perder tiempo y esfuerzo”, dijo Scott Delaney, cuyo proyecto Grant Witness ha rastreado miles de subvenciones de investigación científica canceladas o congeladas este año.
En otros casos, el DOGE se atribuyó la cancelación de proyectos que nunca tocó.
Margo Sawyer, artista radicada en Texas, tenía un contrato con la Administración General de Servicios por el que diseñaba una escultura arquitectónica de vidrio pintado a mano para un juzgado federal de Salt Lake City.
Pero el 2 de enero de este año, comunicó al gobierno que quería poner fin al trabajo debido a los costos imprevistos relacionados con el emplazamiento al aire libre. En los registros del gobierno, su contrato se canceló “de mutuo acuerdo”, y se le retiraron unos 245.000 dólares. Luego, este verano, apareció entre las solicitudes de ahorro del DOGE.
“Es desgarrador que la gente diga alegremente:
‘Oh, hemos cancelado un proyecto artístico’”, dijo Sawyer. Pero los hechos básicos también eran erróneos.
En última instancia, dijo, fue ella quien puso fin al proyecto.
Emily Badger escribe sobre ciudades y política urbana para el Times desde Washington. Está especialmente interesada en la vivienda, el transporte y la desigualdad, y en cómo se relacionan entre sí.
David A. Fahrenthold es un periodista de investigación del Times que escribe sobre organizaciones sin fines de lucro. Lleva dos décadas trabajando como reportero.
Alicia Parlapiano es una reportera del Times que cubre políticas gubernamentales y la política, principalmente utilizando datos y gráficos.
Margot Sanger-Katz es periodista de políticas de salud y salud pública en The Upshot del Times.
Christopher Flavelle colaboró con reportes.
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