Con los decretos sobre la vivienda, Pedro Sánchez pone a prueba sus apoyos en el Congreso

A 48 horas de una votación parlamentaria decisiva para millones de inquilinos en España, el gobierno de Pedro Sánchez negocia, con los minutos contados, el “sí” del Congreso a dos decretos que su Consejo de Ministros aprobó el martes.

Por separado, el Partido Socialista y Sumar, socios en la coalición de gobierno, presentaron los dos reales decretos para aliviar la tensión social que mantiene, desde el sábado, la Puerta del Sol de Madrid tomada por más de 500 carpas y bolsas de dormir.

Los decretos, que entran en vigor apenas aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tienen que contar, para que sus efectos sean duraderos en el tiempo, con el visto bueno del Congreso, donde la mayoría parlamentaria que permitió la última reelección de Sánchez le es cada vez más esquiva.

Este miércoles, el BOE publicó uno de los dos decretos: el que presentó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Palacio de la Moncloa y que tiene más posibilidades de lograr los apoyos necesarios.

Es el que propone que no se pueden realizar desalojos a personas vulnerables sin una alternativa habitacional hasta 2030 y que los contratos de alquiler que estén vigentes y tengan fecha de vencimiento antes del 31 de diciembre de 2028 se renovarán en automático.

Este decreto restringe, además, las posibilidades de compra de vivienda por parte de fondos buitre que especulan con las propiedades. No se les permitirá adquirir casas o departamentos por debajo del 70 por cientos de su valor de mercado.

El segundo decreto, que es el que impulsa la coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE, postula la renovación indefinida de los contratos de alquiler, excepto que el propietario requiera la vivienda para sí o para un familiar cercano.

Esta propuesta, que incluye la indemnización al inquilino con 12 mensualidades si el casero se niega a renovar el contrato en automático, aparecerá en el BOE el jueves.

El desalojo de Maricarmen Abascal, una vecina del Parque del Retiro de 87 años y en silla de ruedas, desquició a los españoles que consideran a la vivienda como una preocupación.

Según la encuesta mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 48,8 por ciento de los españoles consideraba en mayo que la vivienda es un problema. En septiembre de 2016, preocupaba sólo al 0,8 por ciento de la gente.

Los dos decretos que aprobaron los ministros de Sánchez el martes no satisfacen al Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid.

Ellos proponían, para lo que llaman el “decreto Maricarmen”, cuatro puntos que no ven saciados en las medidas que espera adoptar el gobierno: la prórroga automática de los contratos, la prohibición de los desalojos, la congelación de los precios y la regulación de la renta de las habitaciones y del alquiler temporal.

“Aún no hemos decidido cuál será el paso el siguiente si los decretos no se aprueban el viernes”, confía a Clarín Fernando, docente de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los voceros del sindicato.

Admite que el desalojo de Maricarmen precipitó las movilizaciones que ellos ya tenían en agenda y que están en conversaciones con otros sindicatos, como el de educación y el de trabajo, para convocar a una huelga general.

El vocero descarta que el sindicato tenga aspiraciones políticas aunque sí se proponen ganar territorialidad y sembrar asambleas en la mayor cantidad de barrios y ciudades de España.

En Sol, las carpas llegan ya hasta la boca del subte. Las cubre un cielo protector de plásticos azules que atajan los chaparrones con los que comienza a amenazar el otoño. Debajo de ese techo de hule, vive una ciudad portátil donde sus ocupantes se organizan hasta con un callejero: en marcador y sobre cartones, la acampada ya cuenta con una calle de la Guillotina, una de la Rabia.

“Soy razonablemente optimista sobre la convalidación”, dijo Pedro Sánchez este miércoles durante la conferencia de prensa conjunta que dio con el presidente francés Emmanuel Macron, de visita oficial en España.

“Lo que pido a los grupos, ése es de mi deber como presidente del gobierno, es que tengamos esa dosis de responsabilidad -apeló Sánchez-. Porque ésta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.”

En el arco progresista, los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, los vacos de EH Bildu y el Bloque Nacionalista Gallergo (BNG) ya confirmaron que el viernes votarán a favor de los dos decretos.

El Partido Popular (PP) ya anunció su “no”. “No vamos a apoyar una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y a los dos los somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo”, dijo en el Congreso este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Vox también confirmó que votará en contra.

Junts per Catalunya, el partido catalán independentista de derecha que responde al ex presidente catalán Carles Puigdemont, no reveló cuál será el sentido de su voto. Miriam Nogueras, su vocera en el Parlamento, dijo estar “decepcionada” con los decretos del gobierno.

La otra incógnita está en manos del Partido Nacionalista Vasco y de Podemos, un ex socio de coalición en la presidencia anterior de Sánchez y muy crítico en esta Legislatura.

En sintonía con las demandas del sindicato de inquilinas, Podemos exigía un solo decreto con todas las medidas.

El resultado se desvelará el viernes, en la sesión extraordinaria que el gobierno pidió al Parlamento para que la presión del acampe en el centro de Madrid retrate la postura de cada partido político.

Mientras tanto, a las carpas de la Puerta del Sol le surgieron acampadas gemelas en Barcelona, en Bilbao y en Sevilla, entre otras ciudades.