Alrededor de una decena de estados y centenares de ciudades de Estados Unidos se consideran “santuario” para los migrantes indocumentados, pero no existe una definición universal de lo que constituye una jurisdicción “santuario”.
El término suele referirse a los estados, condados o ciudades que limitan cuánto están dispuestos a cooperar con los esfuerzos de las agencias federales para deportar a las personas migrantes indocumentadas.
Los gobiernos locales empezaron a adoptar políticas de santuario en la década de 1980, cuando las iglesias ofrecieron refugio a las personas que huían de la guerra civil en El Salvador.
Esta práctica ha atraído cada vez más atención en la última década, a medida que la migración se convertía en un tema más importante para los votantes.
Durante el primer mandato de Donald Trump, muchas localidades dirigidas por demócratas afirmaron o reforzaron su condición de santuarios.
Un menor recoge los nombres y números de placa de los agentes mientras su tío y su abuelo, que son inmigrantes documentados pero tienen condenas anteriores, son detenidos por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. en un aparcamiento de Home Depot en Tucson, Arizona, EE.UU., 26 de enero de 2025. REUTERS/Rebecca Noble Pero en los últimos años, numerosas ciudades gobernadas por demócratas se han visto desbordadas por la llegada de personas migrantes, muchas de las cuales fueron trasladadas allí desde la frontera sur por el gobierno de Greg Abbott en Texas.
Ello ha alimentado las críticas a las políticas de santuario de las ciudades, no solo por parte de quienes se oponen a ellas desde hace tiempo, sino también de dirigentes que en algún momento apoyaron la idea.
Trump y sus aliados han prometido adoptar una línea dura en materia de migración, y altos funcionarios han dejado claro que algunas de las ciudades que han adoptado políticas de santuario serían objeto de medidas de aplicación de la ley.
“Las jurisdicciones santuario no van a detener lo que vamos a hacer”, dijo Thomas D. Homan, el nuevo “zar de la frontera” de Trump, en una entrevista con NewsNation en diciembre.
El Departamento de Justicia emitió el miércoles un memorando en el que ordena a los fiscales estadounidenses de todo el país que investiguen y procesen a los agentes del orden estatales y locales que no cumplan las nuevas políticas migratorias del gobierno de Trump.
El memorando plantea la posibilidad de enfrentamientos entre el gobierno federal y las ciudades santuario.
En Estados Unidos hay actualmente unos 14 millones de migrantes indocumentados.
Las políticas santuario se han adoptado por lo general en lugares con una gran población migrante, que incluye a numerosas personas indocumentadas cuya situación las hace vulnerables a la deportación.
Muchas de ellas tienen familia, incluidos hijos nacidos en territorio estadounidense y otros vínculos establecidos con la comunidad.
¿Qué efectos prácticos tienen las políticas de santuario?
Si Trump va a llevar a cabo deportaciones masivas, la forma más sencilla de reunir a un gran número de personas para deportar sería recoger a los migrantes que han sido fichados en las cárceles locales por delitos menores, como infracciones de tránsito.
Sin embargo, las jurisdicciones santuario suelen entregar a las personas indocumentadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) solo si se ha emitido una orden de detención federal, o si la persona ha sido condenada por un delito grave.
Los dirigentes locales, especialmente en los lugares donde viven muchos migrantes, dicen que si la gente percibe a sus docentes, agentes de policía y trabajadores del sistema de salud pública como brazos de las agencias federales de migración, se hace mucho más difícil prestar servicios clave.
Por eso, muchos departamentos de policía locales no recaban sistemáticamente información sobre la situación migratoria, ni practican detenciones únicamente por infracciones en materia de migración.
¿Afectan las políticas de santuario a la seguridad pública?
Los jefes de policía y otros dirigentes locales han declarado ante el Congreso que trabajar con ICE erosiona la confianza entre la policía y las personas migrantes, haciendo que las comunidades sean menos seguras.
Las investigaciones ha descubierto que los índices de delincuencia tienden a ser más bajos en los condados santuario que en otros condados.
Los críticos de las políticas santuario sostienen que socavan la seguridad pública al obstaculizar que los agentes federales expulsen a los delincuentes que pueden ser sujetos de deportación.
Las ciudades santuario no impiden a los agentes federales aplicar las leyes de migración, que se aplican en todo el país.
Y las políticas no afectan a los migrantes que son detenidos por cargos penales federales, encarcelados y luego expulsados.
Aunque el memorando del Departamento de Justicia del miércoles no las mencionaba específicamente, parecía estar dirigido a las ciudades santuario, donde ICE sin duda va a emprender acciones de aplicación de la ley.
El memorando también advertía a los funcionarios locales de que no tomaran ninguna medida que pudiera infringir las órdenes ejecutivas de Trump.
¿Qué estados y ciudades son santuarios?
California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington son algunos de los estados que tienen políticas de santuario.
Algunas ciudades, como Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, tienen ordenanzas de santuario que prohíben el uso de recursos municipales, como transporte o personal, para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Por otro lado, muchos estados, como Alabama, Georgia, Florida, Iowa, Tennessee, Texas y Virginia Occidental, tienen leyes antisantuario que obligan a las fuerzas del orden locales a cooperar con las autoridades federales de migración.
c. 2025 The New York Times Company
