La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura el pasado mes, según un decreto oficial difundido este domingo por medios locales.
Son entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo titular la mandataria encargada cambió el pasado mes para poner al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro.
Rodríguez ordenó suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre «la actividad enemiga interna y externa».
También se cierra la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, también creados por Maduro, el primero en 2015 y los últimos dos en 2016.
Además, se elimina la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el Gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).
El decreto firmado por Rodríguez, el 5.248, tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo «debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social».
«Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos», señala.
La líder chavista transfiere al Ministerio de Relaciones Exteriores «la ejecución de los fines y objetivos» de la misión Nueva Frontera de Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del «paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz».
«El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora», indica el decreto, que también traspasa otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia a diferentes carteras de Estado.
Esta decisión se suma a los ya numerosos cambios que ha hecho Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, poco después de la captura de Maduro, y que incluyen nombramientos, modificaciones de los nombres de instituciones, la reforma de una ley petrolera y ahora también el cierre de entes públicos.
El partido opositor Primero Justicia (PJ) señaló este domingo que se trata del «desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo», lo cual, dijo, «no puede terminar siendo únicamente un documento a efectos de hacer creer que existe cooperación y reconciliación con el país».
Por tanto, PJ exigió que «se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación».
