El informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW) subraya que el año transcurrido desde que Donald Trump retornó al poder en Estados Unidos ha estado marcado por «un flagrante desprecio por los derechos humanos» y «violaciones atroces» de los mismos en ámbitos que van desde el trato a inmigrantes y otras minorías a los retrocesos en política medioambiental.
Como parte de la agresiva política del mandatario republicano contra la inmigración, el informe destaca que, para detener a personas en situación irregular, en el último año «se han llevado a cabo en cientos de lugares redadas innecesariamente violentas y abusivas» como las vistas en los últimos días en Minneapolis, donde dos manifestantes han muerto a manos de agentes federales.
Su gobierno ha revocado además directrices que impedían detener a migrantes en «lugares sensibles» como escuelas, hospitales o centros religiosos.
HRW señala que la Casa Blanca ha usado la raza y el origen étnico para crear chivos expiatorios, limitado solicitudes de asilo en contra del derecho estadounidense e internacional, tratado de eliminar el estatus de protección temporal (TPS) de miles de personas, arrestado injustamente a ciudadanos estadounidenses y deportado sumariamente a «un creciente número de inmigrantes, principalmente negros y latinos, violando sus derechos al debido proceso y fomentando el miedo».
«Alegando que existe un riesgo de ‘borrado de una civilización’ en Europa y apelando a clichés racistas para calificar a poblaciones enteras como no bienvenidas en EE.UU., la Administración Trump ha adoptado políticas y retóricas que se alinean con la ideología del supremacismo blanco», escribe en el prólogo del reporte el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion.
«Inmigrantes y solicitantes de asilo han sido sometidos a condiciones inhumanas y tratos degradantes; 32 de estas personas murieron en 2025 bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras cuatro habían muerto hasta mediados de enero», añade Bolopion.
Todo esto, unido al despliegue de la Guardia Nacional en distintas ciudades bajo pretextos para consolidar el poder del gobierno Federal, las represalias contra supuestos enemigos políticos o los intentos por neutralizar el sistema estadounidense de pesos y contrapesos, sustenta según el informe «un marcado giro hacia el autoritarismo en EE.UU.».
El documento recuerda que ya en el primer día de su segundo mandato, Trump ordenó eliminar de todos los programas federales de diversidad, equidad e inclusión (DEI), «la primera de una serie de acciones que socavaron iniciativas e instituciones diseñadas para combatir la discriminación racial y de otro tipo».
Desde entonces, la Administración del republicano ha intentado de «borrar la historia de la población negra» estadounidense y «minimizar u ocultar la injusticia racial» en el país.
Estados Unidos, junto con Japón el único país del G7 que mantiene la pena de muerte, ejecutó en 2025 a 47 personas, recuerda el estudio, que agrega que la nación norteamericana mantiene una tasa de gente joven recluida «que duplica con creces el promedio mundial».
También señala que los niños siguen siendo procesados judicialmente como adultos, especialmente por delitos considerados graves, y que Estados Unidos es el único país del mundo que permite que menores de edad sean condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El informe remarca además que en el primer año del segundo mandato de Trump y tres años después de que la Corte Suprema revocara la protección federal al aborto la legislación para restringir derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha seguido incrementándose en varios estados del país, donde el gabinete del republicano ha recortado o anulado fondos a programas de salud reproductiva y planificación familiar.
A su vez, la Administración Trump «ha intensificado los ataques contra las comunidades transgénero» y promovido e impulsado las prohibiciones, vigentes ya en más del mitad de los estados del país (27), de brindar atención médica de afirmación de género para menores, medidas a las que el Tribunal Supremo dio el visto bueno en junio.
A la feroz lucha contra las energías renovables se une también el hecho de que el magnate inmobiliario retiró al país del acuerdo de París o que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) haya propuesto revocar la noción de que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud.
En política exterior, HRW recuerda que la actual Administración estadounidense ha decidido, entre otras cosas, ampliar sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y tratar de socavar otras instituciones -de las que se ha retirado- que fueron creadas para la defensa de los derechos básicos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización Mundial de la Salud.
También puntualiza que ha liquidado casi toda la ayuda exterior estadounidense al desmantelar su agencia USAID.
Los ataques militares en el Caribe y el Pacífico contra lo que Washington asegura que son lanchas que transportan drogas también se menciona en forma destacada en el informe de HRW.
Los bombardeos han dejado más de 120 muertos y constituyen «ejecuciones extrajudiciales flagrantemente ilegales según el derecho internacional», denuncia el documento.
