Las autoridades venezolanas enfrentan un enorme reto logístico tras el doble terremoto del 24 de junio que consiste en la remoción de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros generados en La Guaira, la zona más afectada por la devastación.
Según estimaciones de la ONU, basadas en un diagnóstico elaborado junto al gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unas 900.000 toneladas corresponden a estructuras colapsadas de concreto y acero, mientras que alrededor de 332.000 toneladas provienen de enseres domésticos, muebles y pertenencias personales.
Decenas de edificios se derrumbaron en la zona costera y otros tantos deberán ser derribados al presentar problemas estructurales graves pese a mantenerse en pie.
En La Guaira se observa una notable acumulación de escombros en las playas y la orilla del mar Caribe. Restos de concreto, varillas, ropa, documentos y muebles se mezclan en la vía entre Tanaguarena y Naiguatá y en la franja costera, donde residentes y voluntarios continúan buscando entre los escombros.
Aunque el gobierno ha celebrado reuniones de coordinación —incluida una liderada por la presidenta interina Delcy Rodríguez con autoridades nacionales e internacionales—, hasta la fecha no se ha hecho público un plan oficial detallado para la gestión integral de los residuos.
En este contexto destaca la presencia de expertos israelíes.
El general de brigada Elad Edri, de las Fuerzas de Defensa de Israel, junto a otros especialistas de una delegación de alrededor de 30 miembros, asesora en técnicas de demolición controlada y manejo especializado de escombros como parte de la coordinación bilateral entre Venezuela e Israel, pese a que no existen relaciones diplomáticas entre ambos países.
El desafío es complejo por la heterogeneidad de los materiales, la escasez de maquinaria pesada y camiones, y los riesgos ambientales cerca del mar.
Mientras avanzan labores limitadas con máquinas trituradoras y trabajo voluntario, la reconstrucción depende de una remoción ordenada y ambientalmente segura que, por ahora, carece de un plan público detallado.
