dólar importador, impuesto PAIS y un párrafo para La Salada

El gobierno de Donald Trump aplicará aranceles recíprocos del 10% a todos los productos de la Argentina, de acuerdo a lo anunciado este miércoles por el presidente de los Estados Unidos. Para hacerlo, el gobierno republicano lo justificó con un par de documentos vinculados con las novedades en las tarifas que sacuden a la economía mundial.

Uno de esos documentos es una declaración informativa que se difundió este miércoles a la tarde, minutos después del anuncio que hizo Trump desde el rosedal de la Casa Blanca, en Washington. «El presidente Donald J. Trump declara emergencia nacional para aumentar nuestra competitividad, proteger nuestra soberanía y fortalecer nuestra seguridad nacional y económica», es el título de ese reporte.

Menciona dos veces a la Argentina. La primera, cuando se refiere a las «restricciones no arancelarias —destinadas a limitar la cantidad de importaciones y exportaciones y proteger a las industrias nacionales—», según detalla ese texto. La queja estadounidense es porque «privan a los fabricantes estadounidenses del acceso recíproco a los mercados de todo el mundo».

Entonces llega la mención a la Argentina. «Algunos países, como Argentina, Brasil, Ecuador y Vietnam, restringen o prohíben la importación de productos remanufacturados, lo que limita el acceso al mercado de los exportadores estadounidenses y, al mismo tiempo, obstaculiza los esfuerzos por promover la sostenibilidad al desincentivar el comercio de productos prácticamente nuevos y eficientes en el uso de los recursos», sostiene el documento.

«Si se eliminaran estas barreras, se estima que las exportaciones estadounidenses aumentarían al menos en 18.000 millones de dólares anuales», evalúa el gobierno de Trump.

En ese mismo apartado, señalan que la Argentina «ha prohibido la importación de ganado vivo estadounidense desde 2002 debido a preocupaciones infundadas sobre la encefalopatía espongiforme bovina». Y calcula: «Estados Unidos tiene un déficit comercial de 223 millones de dólares con Argentina en carne de res y productos cárnicos».

El segundo documento se publicó hace dos días: el Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre Restricciones al Comercio Exterior.

Le dedica cuatro páginas a la relación de Estados Unidos con Argentina, justo mientras Trump y Milei negocian un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial bilateral. Recuerdan que en 2016 ambos países firmaron un acuerdo de Comercio e Inversión. Y luego se dedican a las políticas de importación.

Primero se refiere a los aranceles, que en 2023 promediaban un 13,4%, discriminado por 13,8% para productos no agrícolas y 10,3% para productos agrícolas. Destaca que el país redujo los aranceles en 113 categorías entre enero y septiembre de 2024, en los primeros meses de la gestión Milei. Y puntualiza un aumento anterior, en los últimos tiempos del gobierno de Alberto Fernández: «En octubre de 2023, Argentina elevó el arancel del whisky al 35 por ciento, mientras que el arancel para todas las demás bebidas alcohólicas se mantiene en el 12 por ciento».

Tras hacer eje en el Mercosur y destacar que sólo Argentina aprobó la eliminación del doble cobro del arancel dentro para la entrada productos al bloque (lo cual mantiene trabado ese cambio), se explaya sobre los impuestos. Remarca que la Declaración de Emergencia que hizo Alberto F. en diciembre de 2019 subió a 3% la tasa a bienes importados para consumo, con excepciones.

Los impuestos en Argentina entorpecen las importaciones, ya que se exige el pago anticipado del «impuesto a la renta». Y señala: «Estos impuestos complican la competitividad de los productos importados, pues en la práctica, los importadores deben pagar antes de recibir la devolución de impuestos, lo que genera retrasos y costos adicionales». Además, destaca que en el contexto de inflación se grava aún más el proceso de importaciones.

Luego habla de «restricciones no tarifarias», de seis tipos. El primero es la prohibición de importaciones: apunta a medidas que frenan el ingreso de maquinaria agrícola usada (por un acuerdo bilateral sobre industria automotriz con Brasil), equipos médicos usados y repuestos automotrices.

El segundo se refiere a restricciones a la importación, específicamente bienes de capital usados para los que no existe una prohibición directa, pero que igual deben afrontar fuertes trabas para ingresar a la Argentina, como la prohibición de ser vendidos o donados en un período de cuatro años.

Allí ponen la lupa sobre el impuesto PAIS que creó el gobierno de Alberto Fernández. «Redujo considerablemente la competitividad de los bienes y servicios extranjeros en el mercado argentino», dicen sobre ese impuesto que fue de entre el 7,5% y el 30%. También señalan la Resolución 909/1994, que impone «aranceles de importación u otras restricciones» a equipos electrónicos y de grabación; vehículos ferroviarios y otras piezas ferroviarias; equipos ópticos, fotográficos y de filmación; tractores; autobuses; aeronaves; y barcos, entre otros.

El tercero son las licencias de importación. En especial hablan de las SIRA, las licencias no automáticas que estaban vigentes desde 2020, que establecían la necesidad de la aprobación de la Secretaría de Comercio -con sospechas de discrecionalidad- y que se terminaron el 21 de diciembre de 2023, con un nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), «que sirve como plataforma para registrar datos comerciales».

«Estados Unidos continuará monitoreando los requisitos de importación de Argentina y promoverá la transparencia y la previsibilidad en su administración», afirma el gobierno de Trump sobre la novedad que introdujo la resolución conjunta de la AFIP y la Secretaría de Comercio 5466/2023

El cuarto ítem es el acceso al mercado cambiario para las importaciones. El documento valora las «mejoras significativas en las condiciones de pago» (como la reducción de los plazos de pago), pero advierte que os importadores aún tienen limitaciones para acceder al mercado cambiario para pagar facturas de bienes y servicios importados.

Las restricciones «para el pago de facturas en moneda extranjera requieren negociaciones interempresariales o acceso a crédito por parte del importador, lo que aumenta los costos de transacción de los bienes y servicios importados. Las empresas a menudo necesitan pagar un anticipo y no pueden depender de transferencias entre empresas para realizar pagos desde otras jurisdicciones».

Luego menciona las barreras aduaneras y facilitación del comercio. Y valora la eliminación de valores criterio para la importación de mercaderías, una medida instaurada en octubre pasado. «A lo largo de 2024, el Ministerio de Economía emitió numerosas resoluciones para facilitar el comercio internacional mediante la reducción de procesos y registros duplicados o engorrosos en los procedimientos de importación y aduanas, y la reducción de algunos requisitos de control de calidad de conformidad con las normas internacionales», reza el texto oficial.

Por último, introduce la legalización de documentos de importación, con trámites «costosos y lentos».

En otro apartado hablan sobre la protección de la propiedad intelectual. Tras reclamar menos restricciones a patentes en el sector farmacéutico y de agroquímicos, le dedica un párrafo a la falsificación y piratería de bienes, «ampliamente disponible» en el país.

En ese momento introducen los mercados de La Salada y Once, que figuran en reportes oficiales por falsificaciones.

«La Salada, en Buenos Aires, uno de los mayores mercados negros de productos falsificados y pirateados en Argentina, sigue vendiendo productos falsificados de manera online. Además, el régimen legal vigente y la deficiente aplicación de la ley dificultan la capacidad de los titulares de derechos, las fuerzas del orden y los fiscales para frenar, mediante acciones legales, el crecimiento de los mercados ilegales, tanto en línea como físicos», lamenta el documento.

Sobre el final, al hablar de trabas a los servicios, menciona el decreto 70/2023, Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, del 20 de diciembre de ese año. «Argentina ya no exige autorización de importación para la importación de servicios y eliminó el sistema electrónico para solicitar dichas autorizaciones», destacan.