El presidente Donald Trump revirtió este jueves una decisión científica clave de la era Obama, que sustentó las políticas federales para frenar el calentamiento global: en una medida calificada como la “mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, el jefe de la Casa Blanca estableció que los gases de efecto invernadero no son una amenaza para la salud pública
En lo que se llamó «hallazgo de peligro», los científicos advirtieron en 2009 que una variedad de gases de efecto invernadero representaba una amenaza para la salud pública y eso se convirtió en la base legal de los esfuerzos federales para controlar las emisiones, especialmente en los vehículos.
La medida anunciada por Trump este jueves es un paso clave para eliminar los límites al dióxido de carbono, el metano y otros cuatro gases que, según los científicos, están alimentando las olas de calor, sequías, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos.
Al eliminar esta política, el gobierno buscará eliminar los límites de emisiones de coches, centrales eléctricas y otras industrias que liberan la gran mayoría de la contaminación que calienta el planeta.
La Casa Blanca dijo que la iniciativa haría bajar el precio de los automóviles, reduciendo los costos para los fabricantes en unos 2.400 dólares por vehículo.
La Casa Blanca dijo que la iniciativa haría bajar el precio de los automóviles, reduciendo los costos para los fabricantes en unos 2.400 dólares por vehículo. Foto BloombergLos grupos ecologistas afirman que esta medida es, por lejos, la reversión más significativa del cambio climático intentada hasta ahora y buscan impugnarla en los tribunales.
Trump ya había anticipado que se analizaba esta iniciativa. El siempre se ha referido al cambio climático como un «engaño» y señala básicamente que la gran mayoría de los científicos en todo el mundo están equivocados y que un planeta más caliente no es la amenaza que muestran décadas de investigación.
La decisión de Trump rechaza hechos que durante décadas habían sido aceptados por presidentes de ambos partidos, incluyendo a Richard Nixon, cuyo principal asesor advirtió sobre los peligros del cambio climático, y al primer presidente, George Bush, que firmó un tratado internacional sobre el clima.
«Esto es lo más grande que se puede hacer», dijo el presidente Trump en la Casa Blanca mientras un sonriente Lee Zeldin, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), permanecía a su lado. «Oficialmente ponemos fin a la llamada ‘hallazgo de peligro’, una política desastrosa de la era Obama», afirmó.
Trump la calificó de «regla radical» que se convirtió en «la base para el Nuevo Escándalo Verde», una etiqueta que el presidente da a cualquier esfuerzo por frenar emisiones o desarrollar energías renovables.
Zeldin la calificó como «la mayor acción desreguladora en la historia de Estados Unidos». El gobierno afirma que ahorraría a los fabricantes de automóviles y otras empresas un estimado de 1.000 millones de dólares y ayudará a reducir los costos de la energía y el transporte.
«La determinación sobre el peligro ha servido realmente como la pieza clave de la regulación estadounidense de los gases de efecto invernadero«, dijo Meghan Greenfield, ex abogada de la EPA y del Departamento de Justicia a la BBC.
«Eso incluye vehículos motorizados, pero también plantas eléctricas, el sector del petróleo y gas, metano de vertederos, incluso aviones. Así que realmente abarca todo el espectro, todos los estándares para cada sector se basan en eso,» agregó.
Los funcionarios de Trump insisten en que derogar la regulación ahorrará más de 1.000 millones de dólares y ayudará a reducir el precio de la energía y el transporte.
Muchos ecologistas son escépticos respecto a los posibles ahorros que promociona el equipo de Trump. «Va a obligar a los estadounidenses a gastar más dinero, alrededor de 1.400 millones de dólares en costes adicionales de combustible, para alimentar estos vehículos menos eficientes y más contaminantes», dijo Peter Zalzal del Environmental Defense Fund.
«También hemos analizado los impactos en la salud y hemos encontrado que la acción resultaría en hasta 58.000 muertes prematuras adicionales, 37 millones de ataques de asma más», afirmó.
Los gobernadores demócratas y líderes medioambientales dijeron de inmediato que impugnarían las acciones de la administración en una batalla legal de alto perfil que probablemente llegará al Tribunal Supremo de EE. UU.
«Si esta decisión temeraria sobrevive a los desafíos legales, provocará más incendios forestales mortales, más muertes por calor extremo, más inundaciones y sequías provocadas por el clima, y mayores amenazas para las comunidades en todo el país», dijo el gobernador Gavin Newsom de California en un comunicado. Afirmó que el estado «demandará para impugnar esta acción ilegal» y continuará regulando los gases de efecto invernadero.
«Los veremos en los tribunales y ganaremos», añadió Manish Bapna, presidente del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. «La ciencia y la ley son cristalinas, y la EPA está emitiendo una determinación apresurada, descuidada y no científica que no tiene base legal.»
