¿Donald Trump puede estar condenado y ser presidente?

Donald Trump enfrenta una situación inédita en la historia política de Estados Unidos: el expresidente lleva sobre sus hombros una serie de condenas judiciales graves que lo señalan por delitos que van desde la falsificación de registros empresariales hasta la interferencia electoral. Pero ¿Puede alguien ser presidente incluso si está condenado o encarcelado?

La respuesta es sorprendente: sí. Trump, a pesar de sus problemas legales, sigue siendo elegible para asumir la presidencia en 2024 si logra ser el candidato vencedor, una posibilidad que, lejos de ser teórica, es respaldada por un sólido consenso legal y una creciente base de apoyo.

En mayo de este año, un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 cargos graves de falsificación de registros empresariales. Este caso surgió a partir de los llamados “pagos por silencio” realizados en 2016 para evitar que surgieran detalles comprometedores sobre su vida privada durante la campaña presidencial.

Según la acusación, estos pagos fueron encubiertos con falsificación contable, una estrategia que pretendía proteger la imagen de Trump en un momento crítico. Aunque inicialmente se programó la sentencia para junio, el equipo legal de Trump trabajó para posponer la acción judicial mientras intentaba trasladar el caso a un tribunal federal, con la intención de evitar avances en el proceso mientras continuaba su campaña.

El juez Juan Merchan fijó para el 26 de noviembre la sentencia después que un jurado lo halló culpable a fines de mayo de 34 cargos. El juez debe decidir qué pena imponerle a Trump, ya sea como presidente electo o candidato derrotado si pierde las elecciones frente a su rival demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris.

La pena máxima que le podría imponer es de hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, podría inclinarse por una sentencia más corta, aplicarle solo una multa o incluso otorgarle la libertad condicional. La pregunta que se hacen hoy todos los estadounidenses es si el resultado de las elecciones influirá o no en su decisión.

Además, Trump enfrenta cargos de manejo indebido de documentos clasificados. Esta acusación sostiene que, tras dejar la presidencia, el magnate almacenó documentos clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago y se negó a devolverlos a los Archivos Nacionales, en presunta violación de las leyes de seguridad nacional.

Este caso ha generado inquietud entre expertos en seguridad, quienes advierten que el posible acceso no autorizado a documentos clasificados podría representar riesgos graves para la seguridad nacional de Estados Unidos.

A nivel federal, Trump también hace frente a acusaciones por subversión electoral, una acusación que algunos consideran el cargo más grave de todos los que enfrenta. Esta acusación detalla un supuesto plan para desafiar los resultados de las elecciones de 2020 y mantenerse en el poder, incluyendo esfuerzos para presionar a funcionarios electorales, la creación de listas falsas de electores y maniobras para influir en el Congreso el 6 de enero de 2021, día de la certificación de los resultados. La fiscalía sostiene que estas acciones constituyen un intento de interferencia directa en el sistema democrático del país, al socavar la legitimidad de la transición de poder.

Finalmente, Trump está acusado de interferencia electoral en Georgia. En este caso, la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, sostiene que Trump y un grupo de aliados intentaron influir en el resultado electoral presionando a funcionarios del estado para “encontrar” votos suficientes que cambiaran el resultado a su favor.

Entre las pruebas presentadas se incluyen llamadas y mensajes en los que Trump y otros colaboradores habrían insistido en que se alteraran los resultados en Georgia, lo cual podría constituir una violación de las leyes estatales de integridad electoral.

La Constitución de Estados Unidos establece requisitos mínimos para la presidencia: ser ciudadano estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años y haber residido en el país durante 14 años.

Sin embargo, no hace ninguna referencia a la situación legal o judicial de los candidatos o mandatarios en funciones, dejando un vacío jurídico en situaciones de acusación o condena penal. Este vacío se debe, en gran medida, a que los autores de la Constitución nunca imaginaron que alguien con una condena pudiera alcanzar la presidencia, por lo que no añadieron restricciones adicionales a las ya mencionadas.

En ausencia de prohibiciones explícitas en la Constitución, la interpretación predominante es que ni una acusación ni una condena impiden que alguien se postule o incluso ejerza el cargo de presidente.

Uno de los ejemplos más citados es el del candidato socialista Eugene Debs, que en 1920 se postuló desde la cárcel, donde cumplía una condena de diez años por violar la Ley de Espionaje al oponerse públicamente a la Primera Guerra Mundial. Sorprendentemente, logró obtener más de 900.000 votos, una hazaña sin precedentes para alguien encarcelado. Su campaña fue legal y demostró que, aun desde prisión, un candidato puede captar el respaldo popular en Estados Unidos.

Sin embargo, aunque Debs desafió el sistema, su caso no responde a la gran incógnita actual: qué ocurriría si un candidato, acusado o incluso condenado, ganara la presidencia y enfrentara las restricciones prácticas y políticas de un mandato mientras está bajo proceso.

La posibilidad de que un candidato acusado o condenado asuma la presidencia en Estados Unidos plantea una serie de desafíos tanto prácticos como políticos. Si un individuo en esta situación resultara electo, se vería enfrentado a restricciones significativas que complicarían el ejercicio del cargo.

Desde una perspectiva práctica, gobernar desde prisión sería un reto monumental. Las funciones presidenciales requieren interacción constante con líderes, participación en eventos públicos y una gestión diaria de asuntos de estado, actividades que se volverían casi imposibles desde un entorno carcelario. La falta de acceso inmediato a información y asesoramiento limitaría la capacidad del presidente para tomar decisiones críticas, afectando su rendimiento y la eficacia de su administración.

Políticamente, la legitimidad de un presidente condenado podría ser objeto de intenso escrutinio. Tanto aliados como opositores utilizarían la condena como un arma para cuestionar sus políticas y decisiones, generando divisiones y desconfianza entre el electorado. La presión para que el Congreso actuara, ya sea a través de un juicio político o mediante intentos de destitución, podría aumentar, lo que sumaría más caos a un entorno político ya polarizado.

Legalmente, el escenario carece de precedentes claros. La Corte Suprema podría verse obligada a intervenir en cuestiones relacionadas con la capacidad de un presidente para cumplir sus deberes mientras enfrenta cargos penales, lo que podría desencadenar interpretaciones constitucionales inéditas y complejas.

Aunque la Constitución atribuye al presidente el poder de otorgar indultos y clemencias, lo que le permitiría perdonar a otros, la cuestión de si un presidente puede perdonarse a sí mismo es más controvertida y no ha sido probada en los tribunales.

La interpretación legal sugiere que, aunque el perdón presidencial es un poder amplio, el principio de que nadie puede ser juez en su propio caso podría aplicarse, lo que significaría que un presidente no debería poder absolverse de sus propias acciones. No obstante, esta interpretación carece de precedentes, y es posible que se requiera una decisión de la Corte Suprema para aclarar esta cuestión si llegara a surgir.