Celdas inhumanas, alimentos en mal estado, negación de contactos con abogados y familiares, torturas: activistas de derechos humanos presentaron el lunes un informe sobre las condiciones de los «presos políticos» en Venezuela, «agravadas» tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, en julio.
Más de 2.400 personas fueron detenidas en medio de las protestas que estallaron tras los comicios del 28 de julio, en los que la oposición denunció un fraude y reclamó la victoria.
El reporte del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) fue titulado «Prisión injustas, celdas inhumanas» y «examina las condiciones carcelarias de los presos políticos en Venezuela, agravadas tras el contexto poselectoral de 2024».
«En solo 16 días se registraron un promedio de 150 detenciones diarias, superando considerablemente la represión estatal de los tiempos de movilización de los años 2014, 2017 y 2019, e incluso las jornadas de protesta realizadas recientemente en Nicaragua», afirma el texto publicado en el sitio de la reconocida ONG de derechos humanos Provea.
Los activistas documentan testimonios de familiares, presos y ex presos políticos, «quienes han narrado de primera mano las sistemáticas violaciones de derechos humanos que sufren los detenidos».
Entre ellas estas condiciones destacan la falta de acceso a alimentos adecuados, agua potable, atención médica, y las condiciones inhumanas e indignas de los centros de reclusión, destaca el informe.
La policía arrestó a cientos de manifestantes en las protestas que estallaron tras las polémicas elecciones de julio en Venezuela. Foto: APDocumentan la situación crítica en centros carcelarios como El Helicoide, El Rodeo I, Tocuyito, Tocorón y Yare III.
«En estos lugares, se han reportado casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, la negación del derecho a visitas de familiares y abogados, y la ausencia total de garantías legales», denuncian.
También revelan información sobre cárceles donde mantuvieron detenidos arbitrariamente a niños y adolescentes, que fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
«Subrayamos que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de persecución política, detenciones arbitrarias, tortura y, en algunos casos, asesinato, con el objetivo de silenciar la disidencia política en Venezuela. Estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad», denuncia el Comité.
Llamado a la comunidad internacional
Mientras el presidente Nicolás Maduro se prepara para jurar un nuevo mandato, el 10 de enero, pese a que la oposición asegura que el ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia, la tensión se agudiza en el país.
González Urrutia, exiliado en España tras las elecciones por las amenazas del régimen chavista de llevarlo a la cárcel, asegura a su vez que volverá al país para asumir la presidencia el 10 de enero.
El chavismo prepara grandes movilizaciones desde este jueves, 2 de enero, para celebrar el inicio del nuevo mandato de Maduro, cuya supuesta victoria electoral no fue reconocida por gran parte de la comunidad internacional.
En medio de este clima turbio, los familiares de los disidentes presos exigen al Estado venezolano la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente.
«Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que se sume a esta demanda de justicia y promueva acciones concretas para el cese de estas violaciones», agrega.
Familiares de detenidos en protestas opositoras en Venezuela esperan noticias frente a una sede policial en Caracas, el 31 de julio. Foto: REUTERS El documento subrayó la muerte en custodia de tres personas arrestadas durante las manifestaciones poselectorales, «un recordatorio trágico» de las «condiciones extremas» y «violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos políticos».
La fiscalía, que asegura respetó siempre «el debido proceso», inició a mediados de noviembre un proceso de revisión de casos que llevó a la excarcelación de más de 900 detenidos, incluidos todos los menores de edad.
«Al hecho de ser arbitrariamente detenidos e injustamente encarcelados se le debe agregar el exponencial sufrimiento que tienen por las duras e inhumanas condiciones de encarcelamiento a que están sometidos», indicó el documento.
El informe destacó que los privados sufren «torturas físicas y psicológicas» y son sometidos a «aislamiento prolongado y la negación de contacto con familiares o abogados».
Señaló además «precarias condiciones de sanidad para preparar las comidas. Los alimentos en varias ocasiones tienen insectos, están descompuestos o no son suficientemente cocidos. Las raciones son minúsculas e insuficientes, lo que se ha traducido en pérdida de peso y enfermedades estomacales».
Las familias, por ello, se ven en la obligación de llevar comida a los presos, muchos recluidos en otras ciudades.
