El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentará el próximo 7 de septiembre en Madrid, España, los resultados de su IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, un informe que revela un deterioro alarmante de las condiciones de vida en la isla.
Según el documento, el 94% de la población vive en pobreza extrema y el 95% desaprueba la gestión del gobierno.
En tanto, en medio de la profunda crisis, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel afirmó esta semana que la isla saldrá adelante con la puesta en marcha de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por su gobierno y abogó por aumentar la producción de alimentos, bienes y servicios durante una reunión con empresarios privados.
«Cuba saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales, dándole participación a todos, siempre desde una orientación hacia el bienestar del pueblo y el desarrollo del país», aseguró el mandatario este martes, según publicó la Presidencia en las redes sociales.
Las reformas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis que se ha agudizado en los últimos años por motivos internos y externos. La pasada semana el presidente cubano aseguró que un 76,1 % de las transformaciones ya cuentan con respaldo jurídico.
Las medidas recién aprobadas contemplan cambios que buscan dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales, autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera y descentralizar en los municipios una serie de competencias.
El estudio del OCDH, basado en 1.318 entrevistas realizadas en las 15 provincias y 79 municipios entre junio y julio de 2026, muestra que el 68% de los hogares declara ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos cubanos (unos 30 dólares al cambio vigente), cifra que evidencia la brecha entre los ingresos familiares y el costo de cubrir necesidades básicas.
La situación alimentaria es uno de los indicadores más críticos: ocho de cada diez cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los seis meses previos, ya sea por falta de dinero o por escasez de alimentos.
Entre los mayores de 61 años, la proporción escala a nueve de cada diez, reflejando la vulnerabilidad de los grupos más frágiles.
Los apagones se consolidan como el principal problema identificado por los encuestados: el 70% los señala como su mayor preocupación y la prioridad de solución más urgente.
Le siguen la crisis alimentaria (52%), el costo de la vida (45%), la salud pública -incluyendo acceso a medicamentos- (34%), los salarios (27%) y la inseguridad y violencia (24%).
Apenas un 6% de los hogares puede realizar compras más allá de lo indispensable.
La desconfianza hacia las autoridades se extiende también al plano político. El 84% considera que las últimas medidas económicas anunciadas por el régimen no mejorarán la situación del país.
La gestión del presidente Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero recibe solo un 3% de valoración positiva, mientras que el 95% califica como regular o malo el estado de la infraestructura, con la red eléctrica como la peor evaluada.
El informe del OCDH se suma a otros documentos recientes que retratan el agravamiento de la situación en la isla. La organización Cubalex registró 37 homicidios en julio de 2026, la cifra mensual más alta desde que inició su monitoreo hace cuatro años, y documentó 1.894 eventos violatorios de derechos humanos en el primer semestre del año, un aumento del 48% respecto al semestre anterior.
