El aumento de los precios del oro renueva la fiebre por la minería ilegal en la selva amazónica de Brasil

El aumento de los precios del oro en los últimos años ha alimentado una renovada fiebre minera en la selva amazónica de Brasil, lo que acelera la deforestación en áreas protegidas y lleva la contaminación por mercurio a niveles peligrosos, según funcionarios y expertos.

Un estudio publicado el martes por la organización no gubernamental Amazon Conservation, en alianza con la entidad brasileña sin fines de lucro Instituto Socioambiental, concluyó que los sitios de minería ilegal impulsaron la tala rasa dentro de tres áreas de conservación en la región del Xingu, una de las mayores extensiones de bosque protegido del mundo, que abarca los estados de Pará y Mato Grosso. El análisis combinó imágenes satelitales con investigación en terreno.

La Estación Ecológica Terra do Meio registró sus primeros casos de minería ilegal en septiembre de 2024. Para finales de 2025, la deforestación vinculada a la minería allí se había extendido a 30 hectáreas (74 acres). En el Bosque Nacional de Altamira, la minería ilegal acumuló 832 hectáreas (2.056 acres) de deforestación entre 2016 y septiembre de 2025. Un nuevo frente minero que se abrió en 2024 se expandió a 36 hectáreas (89 acres) para octubre de 2025, y representó casi la mitad de la deforestación relacionada con la minería registrada en la unidad durante ese año.

El monitoreo satelital también detectó el año pasado una pista de aterrizaje clandestina utilizada por mineros ilegales en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. La minería ilegal en la reserva creció de 2 hectáreas (5 acres) a al menos 26,8 hectáreas (66 acres) en 2025.

En 2023, Amazon Conservation se asoció con Earth Genome y el Pulitzer Center para desarrollar Amazon Mining Watch, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para rastrear la minería en toda la Amazonía desde 2018. Desde entonces, se han despejado alrededor de 496.000 hectáreas (1.225.640 acres) de selva tropical para la minería, incluidas aproximadamente 223.000 hectáreas (551.045 acres) en la Amazonía brasileña. Amazon Conservation estima que el 80% de la deforestación relacionada con la minería en Brasil presenta un alto riesgo de ocurrir de manera ilegal.

La minería sigue siendo un factor relativamente pequeño de la deforestación en Brasil, donde la pérdida de bosque está vinculada en gran medida a la expansión del agronegocio. En 2025, por ejemplo, se despejaron unas 579.600 hectáreas (1.432 millones de acres) de la Amazonía brasileña, según datos oficiales. Unas 17.000 hectáreas (42.000 acres) estuvieron relacionadas con la minería, de acuerdo con Mining Watch.

“Lo que hace que la minería sea particularmente problemática es que apunta a áreas protegidas y territorios indígenas”, declaró Matt Finer, director del programa de Monitoreo de los Andes Amazonía de Amazon Conservation.

La protección de los territorios indígenas es vista ampliamente como una forma eficaz de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Investigadores advierten que la pérdida continua de bosque podría acelerar el calentamiento global.

En 2023, las autoridades brasileñas lanzaron una gran ofensiva contra la minería ilegal de oro en el territorio indígena yanomami, en el estado de Roraima en la frontera con Venezuela, después de que un repunte derivara en una crisis humanitaria y sanitaria. El crecimiento anual de las nuevas áreas minadas allí cayó con fuerza después de ese año, según datos de Amazon Conservation. Aunque la minería no se ha eliminado por completo, casi toda la deforestación dentro del territorio yanomami —unas 5.500 hectáreas (13.590 acres)— ya había ocurrido para 2023.

Aun así, la aplicación localizada de la ley no ha frenado la minería ilegal en toda la Amazonía. Cuando las autoridades destruyen dragas y equipos en una región, los mineros a menudo se reubican o reanudan sus actividades una vez que los funcionarios se van. El fiscal federal André Luiz Porreca, que investiga la minería ilegal en el oeste de la Amazonía brasileña, describió la aplicación de la ley como un “juego del gato y el ratón”.

“El año pasado participé en una operación que destruyó más de 500 dragas en una tierra indígena”, relató Porreca. “La semana siguiente, indígenas me mostraron fotos que demostraban que los mineros ya habían regresado”.

Porreca sostuvo que la minería ilegal de oro es financiada por las mayores organizaciones criminales de Brasil, entre ellas el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, o PCC, que operan en alrededor de un tercio de las ciudades de la Amazonía brasileña. “Tienen el dinero para financiar estas operaciones. Algunas dragas cuestan hasta 15 millones de reales”.

Si bien los operativos policiales aliviaron la presión en el territorio yanomami, la minería ilegal se ha intensificado en otros lugares, en particular en tierras indígenas de la cuenca del río Xingu. La situación más crítica está en la tierra indígena kayapó, donde la minería ilegal ha despejado aproximadamente 7.940 hectáreas (19.620 acres) de selva tropical, el área más grande de este tipo en la Amazonía brasileña.

Los precios récord del oro, impulsados en gran medida por la demanda de los inversionistas de activos seguros en medio del aumento de los riesgos globales, han proporcionado un fuerte incentivo para la minería ilegal.

“Es la lógica de mercado. Con más compradores, hay más gente explotando el oro”, explicó Porreca. Añadió que el sistema de control de exportaciones minerales de Brasil sigue siendo débil, lo que permite esquemas de lavado de dinero que dan al oro ilícito la apariencia de legalidad.

El daño ambiental va más allá de la deforestación. Las operaciones de minería ilegal vierten mercurio en los ríos, contaminan las vías fluviales y se acumula en los peces consumidos por comunidades ribereñas e indígenas.

En abril, Porreca presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que describió una contaminación generalizada por mercurio en la Amazonía. El informe citó un estudio de Fiocruz, una institución de investigación estatal, que encontró que el 21,3% de los peces vendidos en mercados públicos de toda la Amazonía superaba los límites de mercurio establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Niños de 2 a 4 años estaban consumiendo mercurio a niveles de hasta 31 veces por encima del máximo recomendado.

Según la ley brasileña, la minería está prohibida en tierras indígenas. El Ministerio de los Pueblos Indígenas señaló en un comunicado que combatir la minería ilegal en tierras indígenas es una prioridad del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El ministerio indicó que las invasiones mineras se sostienen por redes criminales y que enfrentarlas requiere desmantelar esas cadenas económicas y logísticas.

El Ministerio de Medio Ambiente afirmó que la contaminación por mercurio derivada de la minería ilegal de oro sigue siendo un problema persistente en la Amazonía, y agregó que está ampliando el monitoreo científico mientras respalda los esfuerzos de aplicación de la ley.