En el inicio de los plenarios diarios de cardenales que desembocarán el miércoles de la semana que viene en el ultrasecreto cónclave en el que se votará al sucesor del Papa Francisco, un insólito episodio que tiene como telón de fondo lo que fue en su momento un escándalo para el Vaticano, amenazó con embarrar un proceso en extremo delicado para los purpurados como la elección de un pontífice, poniendo en duda sus legitimidad.
Un otrora poderoso cardenal, el ex sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, Angelo Becciu, -en la práctica era el número tres-, condenado en 2020 por un tribunal de la Santa Sede a cinco años y medio de prisión por fraude fiscal, abuso de poder y malversación de fondos exigía participar del cónclave apelando a las normas eclesiásticas que establecen que participar de la votación de un papa es deber de todo purpurado.
Tras su condena en primera instancia -en setiembre la justicia analizará la apelación- el Vaticano informó que Francisco había aceptado la renuncia de Becciu -por entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos- y a “sus derechos conectados al cardenalato”. Pero Becciu argumenta que no fue eximido de sus deberes. Además, que se sepa, no se le aplicó una sanción que lo excluiría de esos deberes.
El secretario de Estado del Vaticano -y que ayer se supo que presidirá el cónclave-, Pietro Parolin, supuestamente le mostró la semana pasada a Becciu dos cartas mecanografiadas, solo selladas con la “F” -que sería de Francisco-, una que se remonta a 2023 y otra cuando el Papa estaba internado que lo excluirían de participar de la elección. Pero Becciu sostiene que no hay ningún decreto oficial firmado por Francisco.
La historia se remonta a 2019 cuando la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que por un decreto del promotor de justicia del Vaticano se habían requisado documentos y equipos electrónicos de las oficinas de la Primera Sección de la Secretaría de Estado —algo sin precedentes en la historia de la Iglesia— y de la Autoridad de Información Financiera.
Precisó que el allanamiento se produjo tras “denuncias presentadas por el IOR y el auditor general relativas a operaciones financieras realizadas hace tiempo”. Luego se supo que se trató de la compra de un muy cotizado edificio de Londres efectuada en 2013 que demandó el desembolso de 300 millones de dólares provenientes del Óbolo de San Pedro —la tradicional colecta anual en todas las iglesias del mundo para las obras de caridad del pontífice—, de los cuales decenas de millones habrían terminado en los bolsillos de intermediarios.
El Papa sacudió al Vaticano y a toda la Iglesia en setiembre de 2020 cuando tomó la contundente decisión de pedirle a Becciu la renuncia y quitarle los derechos cardenalicios. ¿La razón? Si bien se lo relacionó con la compra del inmueble en Londres, la magistratura vaticana comenzó a investigarlo por enviar un giro de 100.000 euros del Óbolo de San Pedro a una cooperativa del pueblo de Ozieri, en Cerdeña —de donde es oriundo—, que actúa como el “brazo operativo de Cáritas” y que maneja uno de sus hermanos. También se le atribuye haber facilitado un giro de 300.000 euros a la misma cooperativa por parte de la Conferencia Episcopal Italiana.
No faltaron quienes lo culparon de nepotismo por usar los servicios de otro hermano, que tiene un negocio de carpintería, para renovar las nunciaturas de Angola y Cuba cuando estaba destinado en esos países, entre otras acusaciones de haber beneficiado a familiares.
En octubre trascendió que la justicia vaticana también lo estaba investigando por la contratación de una mujer experta en seguridad y relaciones internacionales, Cecilia Marogna, para crear una especie de servicio de inteligencia paralelo con el fin de proteger a distintos estamentos de la Iglesia en el extranjero como las nunciaturas, según ella misma declaró luego a la prensa. Marogna aseguró, además, que contaba con una carta del cardenal que la autorizaba para tal cometido.
Las versiones periodísticas consignaron que Becciu le habría transferido a una cuenta de Eslovenia al menos 600 mil euros que la mujer habría utilizado para comprar bolsos, carteras y otros artículos de lujo. Pero Marogna dijo que una porción de ese dinero formaba parte de sus honorarios y que los gastó como quiso: “No soy una misionera y no trabajo gratis”, argumentó.
De todas formas, la justicia vaticana decidió investigarla y pidió a Interpol su detención, cosa que se logró a los pocos días. Ante el affaire, Becciu, lacónico, afirmó haber sido estafado por la mujer. Becciu siempre lamentó la decisión de Francisco con las siguientes palabras: “Me sentía amigo y fiel ejecutor del Papa”. De hecho, ya renunciado, le permitió participar en ceremonias religiosas.
La amenaza de impugnar la elección papal había llegado a ser blandida desde las cercanías de Becciu. El vocero del Vaticano dijo este lunes que los cardenales no habían tomado una decisión. Hasta se dijo que podrían llegar a someterla a votación.
Pero al perecer la sangre no llegaría al río: anoche se decía que, convencido por sus pares, Becciu resolvió dar un paso al costado y no insistir con su reclamo.
