El régimen chavista evalúa la posibilidad de que se otorguen «medidas de gracia» o indultos presidenciales a personas excluidas de la Ley de Amnistía, un instrumento que solo beneficia a ciertos detenidos, por lo que diferentes ONGs y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los presos políticos en Venezuela. Entre ellos figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, capturado hace más de un año.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anticipó que «muchas» de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir «medidas de gracia o de indulto» presidencial.
En este sentido, detalló que, tras la promulgación de la ley esta semana, se abrió «un espacio» para que instancias como el Programa para la convivencia y paz, instalado en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, o la comisión para la revolución judicial puedan atender casos y recomendar medidas «para personas que no estén contempladas» en la legislación.
La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
El jefe del Parlamento aseguró que ayer se estaban produciendo «cientos de liberaciones» en el país, sin precisar la cantidad exacta, las identidades de los beneficiados ni ofrecer otros detalles sobre las medidas.
También, detalló que los primeros casos que se están atendiendo son del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos ubicados en Caracas.
Asimismo, indicó que la comisión especial del Parlamento encargada del cumplimiento de la ley se declaró en «sesión permanente» y que, hasta este sábado, había recibido 1.557 solicitudes de amnistía, cuyos casos -aseguró- «se están atendiendo de inmediato».
Agregó que está previsto atender las solicitudes para que «más de 11.000» personas «puedan disfrutar libertad plena», ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales.
Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), integrada por familiares y activistas, exigió que los beneficios de la amnistía se extiendan a todos los presos políticos «sin discriminación ni exclusión».
La organización reconoció que con esta legislación se pueden lograr «avances parciales» y liberaciones, pero afirmó que la amnistía «solo es válida» si se garantiza «el desmontaje del sistema represivo» y si se establecen «condiciones reales y seguras» para el retorno de los exiliados.
Los familiares de presos políticos se mantienen en vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles desde el pasado 8 de enero, cuando empezó un proceso de excarcelaciones, para exigir la libertad plena de todos los encarcelados por motivos políticos en el país suramericano.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos.
Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
El Gobierno, por su parte, asegura que en el país no hay presos políticos, sino que son personas que cometieron delitos.
