El Congreso de Perú elegirá este miércoles a un nuevo presidente -el octavo en 10 años- un día después de la censura exprés de José Jerí por reuniones clandestinas con un empresario chino y la polémica contratación de nueve mujeres en el Estado tras encuentros con el expresidente.
La cita será a las 18 (hora local, 20 de la Argentina). Hay cuatro candidatos y se necesita mayoría simple para que uno de ellos se convierta en presidente.
La elección es para titular del Congreso, que ejercerá como presidente del país sólo hasta el 28 de julio, cuando tenga que entregarle la banda a quien resulte ganador de las elecciones del próximo 12 de abril.
Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de abril.
Las opciones para elegir al presidente interino eran limitadas porque la gran mayoría de los legisladores se presentarán a reelección en dos meses.
De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino. Por lo que quedaban 42 congresistas elegibles y la mayoría cuenta con niveles de popularidad muy bajos. De ese grupo salieron, finalmente, los aspirantes a la Presidencia del Perú.
Cuatro candidatos se presentaron para reemplazar a Jerí: María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular); José María Balázar (Perú Libre); Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular); y Héctor Acuña (Honor y Democracia). En una interna con Alva, Silvia Monteza, de AP, presentó ella misma su candidatura pero no fue incluida porque debía ser presentada por el partido.
Todo apunta a que Alva es la candidata con mayores probabilidades de victoria. Cuenta con experiencia ya que fue presidenta del Congreso entre 2021 y 2022, y otros partidos de derecha estarían dispuestos a respaldarla.
Balcázar representa al ala más radical de la izquierda, suele tener un techo de votos difícil de romper. Su figura es polémica porque en 2023 se abstuvo de votar el dictamen de la norma que prohíbe el matrimonio infantil y expuso que «las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer».
Acuña representa a una facción que busca consenso, pero su bloque es más pequeño. Es hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso.
Reymundo es el candidato de la izquierda moderada y sectores progresistas.
Por reglamento, la votación debe producirse 24 horas después del cierre del plazo de inscripción de las listas y será por orden alfabético.
Los votos se introducirán en una urna (ánfora) ubicada en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión. El conteo se hace voto por voto y gana la lista o candidato que obtenga mayoría simple. En ese caso, el ganador presta juramento y asume de inmediato. Si eso no sucede, se va a una segunda votación.
Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil. En las próximas elecciones, se volverá al esquema de Congreso bicameral (130 legisladores en la Cámara Baja y 60 en el Senado) que Alberto Fujimori había eliminado con la Constitución de 1993.
El objetivo de la unicameralidad era darle celeridad al Congreso para dar medidas rápidas en un contexto de crisis económica y social. Pero en los últimos años también ha fogoneado la inestabilidad política que vive el país. De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso -Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí- y dos renunciaron antes de correr la misma suerte: Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Merino. Solamente uno, Francisco Sagasti, pudo terminar su mandato interino.
«Incapacidad moral es una cláusula política que está hecha para deshacerse de un presidente cuando no tiene la aceptación del congreso», le dijo el constitucionalista Aníbal Quiroga a AFP.
El Congreso aprobó una moción de censura contra Jerí por «inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo». El abogado de 39 años había asumido en octubre pasado luego que la entonces presidenta, Dina Boluarte, fuera destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos.
Boluarte, a su vez, que fue vicepresidenta de Pedro Castillo había asumido luego de que se declarara la vacancia presidencial por «incapacidad moral«. Antes de que lo destituyeran, Castillo había anunciado la disolución de la Cámara y la instauración de un «gobierno de excepción».
