Venezuela se está convirtiendo en un importante campo de pruebas para las ambiciones hemisféricas de Donald Trump, y emerge como otra fuente potencial de rivalidad con China.
Tras anunciar sus planes para tomar el control de más de 65 mil millones de barriles de las reservas de crudo de Venezuela, la administración Trump dejó claro que eso era solo el comienzo.
Por delante, se vislumbra una campaña para marginar a China y potencias como Rusia, a las que la Casa Blanca ha calificado de «actores extranjeros malintencionados», con el objetivo de garantizar que «el dominio estadounidense en nuestro hemisferio jamás vuelva a ser cuestionado».
El siguiente punto en la agenda de Washington es el intento de reestructurar la deuda venezolana, que incluye miles de millones de dólares adeudados a China. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el miércoles que Pekín no tendrá derecho a reclamar los ingresos derivados de la nueva producción venezolana, lo que elimina una vía para realizar los pagos.
Estados Unidos ha presentado su campaña como el capítulo más reciente de la «Doctrina Donroe», codificada en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que afirma el derecho unilateral de Estados Unidos a negar a las potencias rivales la capacidad de poseer o controlar «activos estratégicamente vitales». Bajo este lema, arrebatar los yacimientos petrolíferos venezolanos a empresas chinas representa una oportunidad geopolítica para alinearlos con los intereses de Washington.
China ha reducido su exposición a Venezuela en los últimos años y es probable que a Trump le resulte difícil replicar la magnitud de sus acciones en el país caribeño en otros lugares, lo que significa que para Beijing las implicaciones son más políticas que económicas.
El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, días atrás en Caracas. Foto: REUTERS Una postura más intervencionista de Estados Unidos corre el riesgo de chocar con los intereses más amplios de China en Sudamérica, afirmó Christian Reyes, analista de riesgo político radicado en Beijing y originario de Ecuador.
«Venezuela no es necesariamente un precedente de expropiación directa, pero sí podría serlo de exclusión forzosa», afirmó. «Estados Unidos está cada vez más dispuesto a considerar ciertos aspectos de la relación económica de la región con China como una cuestión de seguridad y a ejercer una considerable influencia para imponer esas líneas rojas».
La postura de China
La reacción de China hasta el momento ha sido relativamente discreta. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó en una rueda de prensa habitual el jueves que los derechos e intereses legítimos de Beijing en Venezuela “deben ser protegidos”. “La cooperación entre China y Venezuela está amparada por el derecho internacional”, añadió. “No concierne a ningún tercero”.
Antes de la primera visita de Estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos en más de una década, que tendrá lugar este mes, los funcionarios de las principales economías del mundo intentan evitar grandes enfrentamientos, incluso mientras discrepan en cuestiones que van desde los desequilibrios comerciales hasta el apoyo económico de Beijing a Teherán.
Aún no está claro hasta qué punto los proyectos vinculados a China están incluidos en el paquete de concesiones de 100 años anunciado por Washington. Las autoridades estadounidenses y venezolanas no han identificado públicamente los yacimientos cubiertos por el acuerdo. A principios de esta semana, el gobierno estadounidense negoció una participación del 35% en North American Blue Energy Partners, la empresa privada del empresario venezolano Alejandro Betancourt, lo que le otorga acceso a 17 yacimientos petrolíferos locales.
El acuerdo “disminuye la probabilidad de que la deuda se pague pronto”, afirmó Michal Meidan, director de investigación sobre energía en China del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. “Será interesante ver si este tema se aborda a finales de este mes durante la reunión entre Trump y Xi, pero lo dudo”.
Una refinería de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en el lago Maracaibo, en Venezuela. Foto: BLOOMBERG Los vínculos entre Caracas y Beijing
Para Beijing, Venezuela se ha convertido en una fuente de energía menos importante en los últimos años. El crudo venezolano representó solo el 4% de las importaciones totales de petróleo del país en 2025. No se ha registrado la llegada de cargamentos venezolanos a China desde que la administración Trump asumió el control de los activos tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro a principios de este año.
El golpe más duro podría recaer sobre los miles de millones de dólares en deuda contraída con bancos chinos, vinculada a la entrega de barriles de petróleo. Si bien Caracas dejó de publicar información detallada sobre estos pasivos tras su cesación de pagos soberana en 2017, se estimaba que la deuda total con China ascendería al menos a 10.000 millones de dólares en 2025.
Esa cifra ya ha disminuido considerablemente desde su máximo. China comenzó a financiar proyectos de infraestructura y energía en Venezuela en 2007, durante la presidencia de Hugo Chávez. Datos públicos indican que, para 2015, los bancos estatales chinos habían otorgado al país más de 60 mil millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo.
A medida que las sanciones estadounidenses contra Caracas se intensificaron en los años siguientes, China se convirtió en el mayor cliente de crudo de Venezuela y en su acreedor extranjero más importante. Empresas estatales como China National Petroleum Corp., matriz de PetroChina Co., y China National Offshore Oil Corp. desarrollaron proyectos de petróleo y gas en el cinturón de crudo pesado del Orinoco y en otras zonas.
Empresas privadas chinas, entre ellas Concord Resources, también invirtieron en participaciones en activos de exploración y producción.
Sin embargo, el entorno operativo se volvió cada vez más difícil a medida que la economía venezolana se deterioraba y las instalaciones de producción operaban muy por debajo de su capacidad prevista. Estas medidas se aceleraron después de que Estados Unidos sancionara al sector petrolero venezolano en 2019, aunque es posible que algunas empresas conjuntas chinas y personal subcontratado, incluidos los de CNPC, aún permanezcan en Caracas.
Eso significa que las afirmaciones de que Estados Unidos está recuperando yacimientos petrolíferos de adversarios extranjeros no tendrán un gran impacto en las empresas chinas, que habían reducido su actividad a medida que evolucionaban las prioridades estratégicas de Beijing.
El mayor impacto podría sufrir las refinerías chinas, que ya padecen interrupciones en su suministro procedente de Irán.
En la provincia de Shandong, en particular, los procesadores independientes han dependido durante mucho tiempo del crudo pesado venezolano como materia prima para la producción de betún. La pérdida de estos suministros ha provocado una escasez en el mercado interno de betún, lo que ha contribuido a un fuerte aumento de los precios de los futuros.
Según los analistas, para la mayoría de las empresas y acreedores chinos en Venezuela, los riesgos de hacer negocios ya eran bien conocidos, lo que significa que la última convulsión no será una sorpresa.
“Sudamérica ha sido durante mucho tiempo una encrucijada geopolítica donde los intereses de China y Estados Unidos confluyen y, en ocasiones, chocan”, afirmó Liao Na, fundador de GL Consulting, una firma especializada en investigación energética. “Dada la importancia que ambas potencias otorgan a Venezuela, la fricción es prácticamente inevitable cuando sus intereses coinciden”.
