La polémica ley de amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez logró aprobar en el Congreso en 2024 como parte de un pacto con los independentistas catalanes recibió este jueves un respaldo crucial: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el cual se habían planteado dudas sobre la aplicación de la ley, señaló que la amnistía que propuso España no se opone a las normas comunitarias.
El Tribunal europeo considera que amnistiar a quienes utilizaron presuntos fondos públicos para organizar el referéndum de autodeterminación no afecta a las finanzas europeas ya que no se habrían solventado con fondos que provienen del presupuesto de la Unión.
Por otro lado, la ley de amnistía española tampoco incumple la directiva antiterrorista, otro de los aspectos por los cuales la Audiencia Nacional de España había apelado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es una buena noticia para Pedro Sánchez, quien contó, para su última reelección, con el “sí” de los partidos independentistas catalanes, de izquierda y de derecha, a cambio de una ley que borrara los cargos contra quienes intentaron declarar la república de Cataluña en 2017.
El principal beneficiado de la ley sería el ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó de España hace casi nueve años para evitar ser encarcelado.
La Justicia española lo reclama por el referéndum de autodeterminación ilegal que organizó el 1 de octubre de 2017, mientras era presidente de la Generalitat de Cataluña, y la posterior declaración unilateral de independencia.
Desde entonces, Puigdemont vive en Bélgica. Pesa sobre él una orden de detención que los resquicios de la legislación de cada país le permitieron esquivar fuera de las fronteras de España pero que se mantiene en suelo español.
Cuáles eran las dudas
Las dos cuestiones pre-judiciales que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional españoles habían presentado ante la Justicia europea estaban relacionadas con aspectos que quedaron fuera de la ley de amnistía que se aprobó: la malversación y el terrorismo.
Respecto de la mala utilización del dinero público, el argumento se basaba en que los fondos para solventar el referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional determinó que era ilegal, no habrían salido del bolsillo de los independentistas sino que habría sido pagado con presupuesto público.
Sobre el terrorismo, se intentó aplicar esta categoría a la actuación de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de activistas que apoyaron el proceso independentista conocido como procés.
Doce miembros de los CDR fueron procesados por tenencia y fabricación de explosivos, delito que los encuadraba en “terrorismo”.
La Audiencia Nacional deseaba aclarar si la aplicación de la amnistía en el caso de los CDR era una contravención al derecho comunitario y si implicaba la impunidad de esos delitos.
Las sentencias del Tribunal europeo
Con la decisión de la Justicia europea, el Tribunal de Cuentas deberá aplicar la amnistía a los 35 ex altos cargos catalanes que fueron juzgados y están pendientes de sentencia por el supuesto desvío de fondos públicos, entre ellos Puigdemont y el ex presidente catalán Oriol Junqueras, quien luego del intento separatista fue encarcelado, juzgado y sentenciado.
Por su parte, la Audiencia Nacional tendrá que aplicar la amnistía a los 12 acusados por terrorismo.
“Para apaciguar un conflicto”
Apenas se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, emitió una declaración institucional.
“La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y con los valores de la Unión”, celebró Bolaños.
“Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo”, insistió.
El ministro de Justicia de España, Félix Bolaños. Foto EFE“La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social -subrayó el ministro-. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación.”
¿Vuelve Puigdemont?
La palabra del la Justicia europea no garantiza el inmediato regreso de Puigdemont a España.
Porque el Tribunal Supremo español mantendrá la orden de detención del ex presidente catalán.
El Supremo considera que Puigdemont sí cometió malversación. De todos modos esperará a la resolución del Tribunal Constitucional respecto de los últimos recursos de los condenados o procesados por el procés.
Desde el autoexilio, Puigdemont celebró la sentencia europea pero evitó ponerle fecha a su regreso a España.
“Es una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español”, dijo en sus redes sociales.
“El camino para acabar con la represión no ha terminado”, agregó, sin embargo.
El ex presidente José María Aznar, del Partido Popular (PP), criticó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “Cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo”, dijo Aznar.
La decisión de la Justicia europea no parece sanear el vínculo malherido entre Sánchez y Junts per Catalunya, el partido del ex presidente catalán, que le retiró su apoyo parlamentario y, casi seguro, le dará la espalda en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
A pesar de su lucha por alcanzar la independencia de Cataluña -postura contraria a los partidos conservadores-, Junts coincide con el PP y con Vox en pedir la renuncia de Pedro Sánchez. Le exigen un adelanto electoral por los casos de corrupción que desangran a su partido y a su gestión.
