Venezuela comenzó el jueves a dinamitar edificios colapsados por el doble sismo del mes pasado que dejó más de 5.500 muertos y cientos de estructuras destruidas, en medio del desconcierto de la población.
Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron mientras que 856 quedaron afectados por el movimiento sísmico. «Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar», dijo hace dos días en conferencia de prensa el ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés.
Por la tarde se escuchó un estruendo seguido de una nube de humo en la zona de Catia La Mar, en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio.
Desde temprano, militares bloquearon el paso en varias manzanas cercanas a la zona donde se inició la detonación controlada de un edificio, mientras que una bandera roja fue anclada para alertar el peligro de las maniobras y la orden de mantener distancia.
«En el momento de la explosión nos encontramos terminando una santa eucaristía para darle descanso eterno a unos familiares que partieron de este plano. Y escuchamos la explosión y bueno, la gente se alteró porque fue algo, un estruendo bastante fuerte», dijo a AFP Jesús Díaz, un abogado de 36 años, residente de La Guaira, que señaló que después la gente se tranquilizó.
A poco más de un mes de los terremotos, el escenario en este destino turístico favorito de los caraqueños sigue siendo desolador, con montañas de escombros y edificios que quedaron en pie, pero sin muros y ventanas. Otras estructuras se ven inclinadas, como si estuvieran a punto de caer.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la implosión ocurrió «tal cual fue planificada».
«Fue un trabajo hecho con los familiares, hecho con los que tienen dolientes (…) No se podía seguir buscando (cuerpos) por la inclinación peligrosa que tenía el edificio», dijo en declaraciones al canal estatal.
«Una vez que cae el edificio, se reanudan estas tareas» de recuperación de cuerpos para entregarlos a sus familiares, agregó.
«Me sentí horrible. Estaba todavía dentro de mi casa. Fue una sensación demasiado fuerte», dijo de su lado Yenith Salcedo, un ama de casa de 66 años, que vive cerca y dice que les habían informado sobre la detonación controlada.
«Agarré mi bolsito para poder salir aquí a la playa a esperar si hay otra explosión más», señaló.
El último balance oficial divulgado el 24 de julio cifraba en 5.546 los muertos, sin embargo cada día son recuperados cadáveres entre las ruinas.
El gobierno ha evitado desde el principio hablar de desaparecidos, pero según una fuente diplomática y cálculos de otros expertos podrían rondar los 10.000.
La primera en ser dinamitada fue una torre de 12 pisos que sucumbió parcialmente con los sismos y quedó inclinada hacia la calle, como parte del conjunto residencial Luisa Cáceres de Arismendi de seis edificios construidos por el gobierno.
«Mientras que se hagan las implosiones con el debido respeto (…) y las autoridades sepan siempre lo que están haciendo, son importantes», dice de su lado Manuel Castilla, un comerciante de 60 años, que vive desde hace más de cuatro décadas en la zona.
Cuenta que hay gente que se mete a estos edificios bajo el riesgo de que se caigan. «Ya basta ya de tragedias y de muertos», enfatiza.
El Banco Mundial estima que solo los daños materiales ascienden a unos 19.500 millones de dólares.
