ICE te está vigilando

En la última parada de la guerra de Donald Trump contra la democracia liberal, agentes federales en Minnesota dispararon y mataron a Renee Good y Alex Pretti.

Fue difícil evitar los videos de lo que solo puedo considerar sus ejecuciones.

Las imágenes captadas por transeúntes y agentes de inmigración recordaban las postales de linchamientos que los espectadores blancos compraban e intercambiaban: reproducciones de violencia vengativa, diseñadas para excitar e intimidar.

El asesinato de Pretti, en particular, conmocionó a un sector diverso de estadounidenses.

Nos consuela un poco saber que nuestra conciencia pública aún puede estar conmocionada.

Uno podría desear que hubiera ocurrido antes, cuando otras personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el año pasado o cuando los inmigrantes fueron detenidos en campos de concentración.

Pero sea cual sea el abuso que los haya convencido, sea cual sea la muerte innecesaria que los haya impactado, aquí están ahora.

Deben prestar atención a las armas con las que los agentes de ICE nos apuntan a todos.

También deben prestar atención a todo lo que sucede alrededor de las armas.

Justo antes de que Jonathan Ross, un agente de ICE, sacara el arma que disparó contra la minivan de Good, estaba grabando un video del incidente con su teléfono celular.

Tanto la pistola como el teléfono son armas:

una es una herramienta de violencia y la otra, una herramienta de control.

Entendemos el propósito del arma.

Por eso, finalmente, la oposición a la administración Trump parece unirse en torno a un grito de guerra: «¡Abolir el ICE!».

Es otra forma de decir: controlen la mano que empuña el arma.

Es el arma la que produce el espectáculo de violencia del que no podemos, en conciencia, apartar la mirada.

Sí, debemos prestar atención al arma.

Pero también debemos prestar atención al teléfono.

Ese teléfono representa un poder mayor, uno que podría sobrevivir al trumpismo.

ICE sabe que no puede dispararnos a todos.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional está cerca de poder rastrearnos a todos.

El proyecto de ley de política nacional de Trump otorgó al ICE 75 mil millones de dólares en nuevos fondos y cuatro años para gastarlos, lo que lo convierte en la agencia federal de seguridad pública con mayor financiación.

La agencia está invirtiendo grandes cantidades en bonificaciones por contratación —se han contratado 12,000 nuevos oficiales y agentes con fondos de la Ley One Big Beautiful— y en armamento militar de vanguardia para su uso en las calles de Estados Unidos.

Según informes, el Departamento de Seguridad Nacional también ha estado destinando parte de su presupuesto a recopilar datos sobre personas como usted.

El gobierno federal, ya sea demócrata o republicano, ha fracasado repetidamente en instituir una regulación o legislación significativa y urgente sobre la privacidad de datos que esté a la altura de nuestro riesgo.

Durante décadas, los estadounidenses han tratado sus datos como una externalidad barata. Intercambiamos migajas de nosotros mismos —nuestro nombre, número de teléfono, datos de ubicación— por descuentos, conveniencia y la ilusión de seguridad.

Las administraciones demócratas, en particular, creían que los directores ejecutivos de Silicon Valley eran los buenos.

Así que propiciaron sus aspiraciones de ciencia ficción, los invitaron al círculo íntimo de la Casa Blanca y los asesoraron sobre las mejores prácticas para los datos de los consumidores.

Luego, muchos jefes se volvieron intransigentes, ayudando a esta administración a escalar agresivamente una redada de datos que, si se lo permitimos, acabará con nuestras libertades civiles.

Muchos hemos llegado a creer que nuestros datos son algo externo a nosotros, cuando en realidad son nosotros mismos.

A través de nuestros patrones de compra y nuestros hábitos digitales, hemos generado una gran cantidad de detalles sobre cómo vivimos, pensamos, votamos y gastamos.

Y existe toda una industria de intermediarios de datos que recopilan y empaquetan nuestros datos para su venta.

En consecuencia, vivimos en un mundo donde nuestros datos son valiosos y nuestro poder para protegerlos es insignificante.

Las empresas que ya utilizan nuestros datos —para enviarnos publicidad dirigida, para evaluar nuestra elegibilidad para préstamos o seguros— se ven limitadas en gran medida por las preocupaciones de las empresas: en su mayoría, una empresa quiere su dinero, no su libertad. No se puede decir lo mismo de esta administración.

Imagine cómo sería nuestro país si una agencia federal recopilara todo lo que pudiera encontrar sobre usted en el mercado abierto y luego lo combinara con sus datos personales más sensibles y todo el peso del aparato de vigilancia federal.

El resultado sería un sistema que no solo podría rastrearlo, sino también predecir con bastante precisión sus decisiones, comportamientos y vulnerabilidades.

La agencia podría negarse a informarle cómo se usaría la base de datos o, peor aún, negar su existencia.

En estos tiempos, deberíamos asumir el peor escenario posible:

que cada capa tecnológica añadida a nuestras instituciones democráticas tiene el potencial de ser hostil a las libertades civiles.

Ya hay indicios de que ese futuro podría hacerse realidad.

En un video ciudadano de Maine que ha sido ampliamente compartido en línea, un agente de ICE le dijo a un observador legal que estaba tomando una foto de su matrícula para agregarla a una «pequeña y agradable base de datos» que la etiquetará como «terrorista doméstica«.

(Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, le dijo más tarde a CNN que «no existe una base de datos de ‘terroristas domésticos’ administrada por el DHS»).

En cualquier caso, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido una amplia guía interna para que los agentes de ICE en Minneapolis recopilen «imágenes, matrículas, identificaciones e información general sobre hoteles, agitadores y manifestantes».

Y luego, el viernes, The New York Times informó que ICE estaba explorando formas de integrar tecnologías publicitarias y los datos asociados a ellas en sus operaciones, preguntando específicamente a los posibles proveedores hasta qué punto se podrían recopilar datos sobre «personas, empresas, dispositivos, ubicaciones, transacciones, registros públicos».

No hay ninguna palabra sobre que ICE tenga un anillo decodificador especial que rastree solo a los criminales.

Emily Tucker, directora del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, sugirió que la agencia podría estar construyendo un sistema de vigilancia que, en mi opinión, haría que «Minority Report» pareciera pan comido.

El Departamento de Seguridad Nacional, afirmó, «está priorizando cada vez más la ‘interoperabilidad’ en sus contratos».

Esto es una clara señal de que la agencia quiere conectar diversas bases de datos, que podrían incluir datos biométricos, laborales, historiales de conducción, informes crediticios, fiscales, de redes sociales, de ubicación de teléfonos celulares y de lectores automáticos de matrículas.

«Buscan datos sobre todos los aspectos de la vida de todos», afirmó.

Si se combinan con el reconocimiento facial y el monitoreo de redes sociales que suele implementar el Departamento de Seguridad Nacional, esa enorme cantidad de datos potenciaría la campaña terrorista del ICE a corto plazo y destruiría las libertades civiles estadounidenses a largo plazo.

Si esta infraestructura de vigilancia alcanza su potencial técnico, sería un monstruo que nuestra Constitución de 250 años de antigüedad casi con seguridad no podrá contener.

La semana pasada hablé por teléfono con el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, quien lleva años intentando, sin éxito, aprobar una ley para proteger los datos de los estadounidenses de la extralimitación federal.

Uno de estos proyectos de ley se aprobó en la Cámara de Representantes en 2024, pero quedó estancado en el Senado.

Wyden afirmó que el gobierno federal está utilizando datos privados como arma contra ciudadanos y no ciudadanos.

Añadió que lo que más preocupa no son solo los datos sobre todos nosotros que están disponibles para la compra, sino cómo los estados permiten el robo de datos por parte del gobierno federal.

Lo que esta administración no puede comprar, simplemente lo tomará.

Sus datos estatales y federales son lo que está obligado a proporcionar, los datos cuya precisión le preocupa porque un error puede afectar sus beneficios del Seguro Social o ponerlo en desacuerdo con el IRS.

La administración Trump ha estado aprovechando los datos a nivel estatal que han sido agregados por un centro de intercambio de datos externo sin fines de lucro llamado Nlets.

Se estableció para ayudar a las agencias locales, nacionales e internacionales a compartir datos, incluidos los datos del DMV, sobre actividad criminal conocida.

En la práctica, existen muy pocas restricciones sobre quién puede usar esos datos y cómo puede usarlos.

Un puñado de estados ha promulgado restricciones al acceso de ICE a los datos del DMV almacenados con Nlets, pero la gran mayoría brinda a las agencias federales acceso directo y de autoservicio a ellos.

Por lo tanto, una herramienta diseñada para facilitar el intercambio de datos del DMV para las agencias policiales también actúa como un caballo de Troya de la privacidad, porque las agencias no necesitan una causa justa ni una orden judicial para revisarlos.

No necesitas entender cómo funciona el rastreo digital ni tener un título en derecho constitucional para comprender lo que está sucediendo con tu privacidad.

Solo necesitas saber esto:

Pase lo que pase con tus datos, son tan importantes para la administración más atrozmente ilegal de la historia de Estados Unidos que se recopilan y consolidan.

Tan importantes que un agente federal mantuvo una mano en su teléfono mientras con la otra buscaba su arma.

Una fuerza policial federal militarizada que actúa por lealtad al capricho de un líder político que disfruta de la retribución y la adulación es solo la punta del iceberg.

No se construye una bomba nuclear para la paz, como tampoco se construye un aparato nacional de vigilancia solo para gestionar un muro fronterizo.

Este tipo de armamento podría anular efectivamente nuestro derecho a la protección contra registros e incautaciones irrazonables, amparado por la Cuarta Enmienda.

También podría facilitar que el gobierno pisotee su libertad de expresión.

Y todo esto podría hacerse sin transparencia ni supervisión significativas.

Es posible que el gobierno federal haya renunciado a su responsabilidad de proteger nuestras libertades civiles al regular quién puede usar nuestros datos y con qué fines.

Algunos estados están tomando cartas en el asunto y creando sus propias leyes de privacidad de datos.

Pero aún queda mucho por hacer, tanto en las legislaturas estatales como en el Congreso.

Y todo comienza con que el pueblo estadounidense comprenda que nuestras libertades ahora dependen de quién controle nuestros datos.

Poner fin al espectáculo de la violencia vicaria. Abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pero para poner fin a la estructura de violencia que ha atrapado nuestras libertades civiles, también tendremos que finalmente dirigir nuestra atención a quién controla los teléfonos.

c.2026 The New York Times Company