La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una ley que castiga severamente a los venezolanos que pidan o apoyen sanciones internacionales, desconozcan los poderes públicos o atenten contra la integridad territorial y la soberanía e independencia del país.
El proyecto aprobado por el Legislativo unicameral, de mayoría oficialista, apunta implícitamente a los líderes de la oposición, muchos de los cuales han apoyado las sanciones económicas en un esfuerzo por presionar al gobierno a negociar. El instrumento legal codifica esas acciones como crímenes de lesa humanidad y permite el procesamiento de cualquiera que exprese su respaldo.
La ley contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 60 años y postularse a elecciones, la destitución, confiscación de bienes y juicios en ausencia de los acusados. También incluye la apertura de procesos judiciales contra aquellos que soliciten o participen en “actos de agresión” con penas de entre 25 y 30 años de prisión.
En medio de las críticas de los adversarios políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos locales y extranjeras, los legisladores aprobaron la norma en una segunda discusión.
El instrumento entrará en vigor luego que sea promulgado por el presidente Nicolás Maduro y publicado en la Gaceta Oficial. Previamente será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un ente cercano al gobierno, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y cercano colaborador de Maduro.
La ley fue promovida por los aliados de Maduro luego que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto que prohíbe al gobierno estadounidense negociar con personas o empresas que tengan operaciones comerciales con Venezuela. Ese proyecto fue presentado por los representantes de Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz y el republicano Mike Waltz, elegido por Donald Trump para ser su asesor de seguridad nacional. Aún está pendiente su trámite en el Senado estadounidense y su sanción presidencial.
Maduro ha defendido la nueva regulación argumentando que es necesario establecer “penas gruesas para todas las personas venezolanas, nacidas aquí o con ciudadanía venezolana, que pidan, promuevan o apoyen llamados a bloqueos criminales, a sanciones, o que pidan acciones de cualquier extranjero que quiera dañar a Venezuela”.
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Foto EFEEl mandatario sostiene que la compleja crisis que enfrenta el país sudamericano es consecuencia de las sanciones que Washington ha impuesto a Venezuela para forzarlo a separarse del poder, mientras opositores y analistas aseguran que las dificultades económicas y sociales se deben a las políticas erradas aplicadas por Maduro en sus 11 años de mandato.
Los aliados de Maduro buscan castigar a aquellos venezolanos, incluida la líder opositora María Corina Machado, que hayan pedido sanciones y bloqueos contra Venezuela.
La Fiscalía venezolana abrió el viernes pasado una nueva investigación contra Machado por la supuesta “comisión del delito de traición a la patria” tras emitir comentarios en favor de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense.
En defensa de la dirigente política, el excandidato opositor Edmundo González aseguró la semana pasada en su cuenta de X, antes Twitter, que la acusación contra Machado es “un intento por silenciarla” y un ataque no sólo contra ella, “sino contra todos los venezolanos”.
El gobierno de Maduro demuestra su temor “ante una mujer que ha movilizado a toda una nación y que, pese a la persecución, sigue avanzando para que se reconozca la voluntad soberana de todos los venezolanos”, añadió González, asilado en España y a quien la oposición considera el vencedor en los comicios del 28 de julio. Las autoridades electorales dieron como ganador a Maduro sin mostrar las actas de votación.
Estados Unidos reconoció la semana pasada a González como “presidente electo” de Venezuela.
Machado, quien se mantiene en la clandestinidad, también es investigada penalmente desde inicios de agosto por supuesta instigación a la insurrección por las protestas populares que siguieron a las elecciones.}
