“¿Dónde está el gobierno progresista?”, es una de las preguntas que vocifera la protesta ciudadana que lleva una semana clamando por una solución a la angustia de los inquilinos en España.
Desde la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que comenzó el sábado pasado por la noche y ya suma más de dos mil carpas, la presión va en aumento.
Y este sábado, miles de inquilinos y propietarios marcharon por más de veinte ciudades del país para pedir una huelga general que sólo sería posible si se involucraran los sindicatos laborales.
Porque el intento del gobierno de Pedro Sánchez de desinflamar la urgencia habitacional fracasó el viernes en el Congreso, cuando el Partido Popular, Vox y los catalanes independentistas de derecha de Junts per Catalunya se opusieron a dos decretos que el Consejo de ministros había aprobado.
Apuntaban, entre otras medidas, a restringir los desalojos, a prolongar en automático los contratos de alquiler y a evitar que los fondos buitre compren casas en España para especular y hacer negocio.
El “no” del Parlamento dejó en carne viva el músculo político de la actual coalición entre el PSOE y Sumar que lidera Sánchez. Y la parálisis en la que lo están hundiendo aquellos socios parlamentarios que en 2023 pactaron la reelección del socialista a cambio de concesiones, algunas de las cuales todavía están en vías de efectivizarse.
Los manifestantes en Madrid amenazan con una huelga general en reclamo de medidas contra los desalojos compulsivos. Foto: AP Esta vulnerabilidad política del gobierno inyecta frustración y enojo en las calles que, por estos días, comanda el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid.
“Gracias por tanto. Somos increíbles, somos imparables -exclaman a través de las redes sociales-. Estamos cambiando este país desde abajo y no vamos a parar hasta acabar con el rentismo”.
Entre los reclamos de las marchas convocadas para este sábado, hay tres prioridades: bajar los alquileres a la mitad, expropiar a los fondos buitre y que los contratos de alquiler vigentes y por venir sean indefinidos.
Una indignación transversal
Esta indignación, con ecos la que ya se vivió aquí en 2011 y años después dio origen a Podemos, comparte con aquella movilización sin líderes una condición que las especulaciones políticas miran con distancia: su transversalidad.
Se trata de un reclamo que aniquila las categorías con las que la estadística clasifica a la población: inquieta y preocupa a jóvenes y a personas mayores, a solteros y a quienes ya formaron una familia, a estudiantes, a trabajadores, a jubilados.
Habrá qué ver cuál es la propuesta política que logre conquistar “este tesoro” en términos electorales.
El revés parlamentario sobre los decretos de vivienda despabiló, una vez más, la posibilidad de convocar las urnas antes de tiempo, potestad que sólo tiene el presidente Sánchez.
Manifestantes en Madrid reclaman medidas de protección para los inquilinos. Foto: REUTERS “Será un fin de semana de reflexión”, lo definieron en el entorno del jefe del gobierno.
En su partido, el PSOE, no hay acuerdo sobre cuál sería la salida más digna de este pantano: algunos creen que están dadas las condiciones para un adelanto electoral que podría movilizar a los votantes progresistas porque, esta vez, las “buenas intenciones” del gobierno de dar soluciones a los inquilinos fueron frenadas por una derecha que le debe favores a los grupos de poder.
Otras voces respetadas dentro del Partido Socialista recuerdan que la crisis migratoria en Ceuta aún no está resuelta y que ese ingreso masivo de 80 mil inmigrantes que entraron desde Marruecos a fines de julio le podría pasar factura al gobierno.
Los escenarios que analiza Pedro Sánchez
Sánchez, recluido en el Palacio de la Moncloa, evalúa más de un escenario posible.
Podría disolver el Parlamento y convocar elecciones que, por normas electorales, serían el domingo 29 de noviembre.
Otra opción es que decida surfear, una vez más, la oleada de hostilidades políticas y se disponga a presentar un nuevo decreto para aliviar la tensión en el rubro de la vivienda y del alquiler.
En la plaza de Catalunya, en Barcelona, también protestan por la crisis de la vivienda. Foto: EFE Los partidos a la izquierda del PSOE se reunirán este domingo para plantear sus estrategias, en caso de que las elecciones sean este año y no en 2027, como señala el calendario de votaciones en España.
Enigmático, Pedro Sánchez dio algunas señales en estos últimos días: “Ha llegado la hora de la verdad”, posteó en sus redes la noche previa a la votación de los decretos del gobierno en el Congreso.
Y, durante la sesión, pidió la palabra para advertir a los partidos que ya habían anticipado que dirían que “no”: “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”, dijo Sánchez sin mencionar explícitamente a las urnas.
Quien sí lo hizo fue Pablo Bustinduy, uno de los cinco ministros de Sumar en el gobierno de coalición: “Las elecciones, cuando sean, serán un referéndum sobre la vivienda en este país. Y así se verá dónde está cada uno”, dijo, furioso por la derrota parlamentaria, Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Y mientras Sánchez reflexiona en Moncloa y las carpas en la Puerta de Sol son tantas que ya toman parte de la calle de Preciados, Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años que fue desalojada en camilla y cuya historia desencadenó el tsunami de protestas que agita toda España, permanece internada. Aún no se sabe cuándo le darán el alta.
