A Evo Morales se le investiga por estupro, trata y tráfico de personas. Según la fiscalía de Tarija, Morales tuvo una relación en 2015 con una joven que tenía 15 años y un año después nació una niña de ambos.
El expresidente boliviano tilda el caso de una mentira más en su contra y recuerda que esta misma causa fue investigada y archivada por la justicia en 2020.
Según Morales, el Gobierno de Luis Arce, su ex aliado y hoy rival político, reactivó el caso para impedirle que concurra a las presidenciales de 2025.
“Es otra de las acciones boxeadas por el Gobierno para dañar la imagen de Evo Morales, que ya está mellada. En caso de que haya una sentencia ejecutoriada no podría ser el candidato a la presidencia. También está en riesgo la vigencia de la personería jurídica del MAS. Evo Morales insiste en ser candidato único del MAS”, analiza para RFI el sociólogo y politólogo Fernando Mayorga.
Evo Morales rechazó el jueves pasado comparecer a la citación del Ministerio Público. Ante su negativa a la fiscal del caso advirtió que podría emitir una orden de arresto contra el exmandatario boliviano. Morales escogió la acción directa mediante un bloqueo de caminos.
“El presidente tiene una defensa del tema que es en realidad evitarlo. No se ha presentado a declarar”, dice Mayorga, quien considera que lo más conveniente sería “aclararlo públicamente”.
Según Mayorga, profesor de la Universidad Pública de Cochabamba, Morales refuerza “su liderazgo en el núcleo más duro del MAS”, con una marcha “exitosa para él”. Sin embargo, considera que tanto Morales como Luis Arce están perdiendo en términos de opinión pública. “El MAS como partido está teniendo enorme descrédito”.
Las bases que apoyan a Evo Morales en las calles no esgrimen reivindicaciones que conciernan a amplios sectores. Para el experto, tampoco se trata de una defensa ciega del líder ante su llamado.
“Morales es el dirigente principal de los sindicatos de productores de coca. Desde 1989 es presidente de la coordinadora de las seis federaciones de trabajadores cocaleros. Hay un grado de control de mandato sindical que le pone límites a su liderazgo. En la medida que a su principal dirigente, que hubiese sido presidente, le hacen una acción judicial o lo encarcelan, se pone vulnerable todo el sector. Esta defensa corporativa cohesiona esa base social, pero no genera simpatía en la opinión pública”, concluye Fernando Mayorga.
