El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) arranca este viernes las sesiones sobre el acuerdo entre la el Mercosur y la Unión Europea. La primera vista será protagonizada por la Comisión Europa, que presentará sus argumentos para defender el pacto y por haberlo partido en dos (una parte comercial y otra parte política).
Hacer eso permitía que la parte comercial saliera adelante, pues sólo necesitaba una votación de los gobiernos por mayoría cualificada y la ratificación del Parlamento Europeo. La parte política del mismo sigue sin aprobarse. Haber intentando hacer aprobar las dos partes juntas habría llevado a una votación por unanimidad de los gobiernos, para la que la Comisión no tenía los votos. Y a ratificaciones en los 27 parlamentos nacionales, con al menos seis votando en contra.
En aquella votación de enero, Francia, Irlanda, Polonia, Hungría y Austria votaron en contra. No fue suficiente para lograr una minoría de bloqueo y por eso el acuerdo se está aplicando de forma provisional desde el pasado 1 de mayo. De haberse votado todo el paquete completo habría hecho falta unanimidad y el acuerdo seguiría bloqueado.
El texto llega al TJUE porque a principios de año una muy estrecha mayoría de eurodiputados, entre ellos algunos que aseguran que están a favor del acuerdo, votaron a favor de enviarlo a los jueces para que estos le dieran su visto bueno legal. Se trataba de una maniobra que en realidad, para muchos eurodiputados, buscaba frenar su aplicación durante año y medio o más.
La parte que se aplica ya de forma provisional es la que tiene más peso económico porque crea una zona de comercial de más de 700 millones de personas que elimina la inmensa mayoría de los aranceles existentes hasta entonces y que permite a las empresas europeas ganar acceso a mercados de contratación pública grandes como el argentino y, sobre todo, el brasileño. Europa gana importaciones agroalimentarias y de minerales y tierras raras, de los que no va especialmente sobrada y de los que quiere reducir sus dependencias de China. A cambio, los exportadores de Mercosur ganan un acceso mucho más amplio y fácil al mercado europeo.
¿Puede el TJUE paralizar el acuerdo y hacer caer así su aplicación provisional? Lo que impugnó el Parlamento Europeo fue precisamente la división del acuerdo en dos textos, alegando que era una simple maniobra para esquivar la unanimidad de los Estados miembros y la necesidad de ratificación por parte de los parlamentos nacionales (no votarán sobre la parte comercial y si votan resoluciones no vinculantes no tendrán ningún peso, sólo votarán los eurodiputados).
El fallo del TJUE se espera en un plazo de entre 18 y 24 meses a contar desde febrero pasado, así que fácilmente podría irse hasta finales de 2027. Mientras tanto la aplicación provisional sigue en curso y se van generando compromisos económicos y contratos mercantiles cuya anulación por los jueces dos años después generarían una situación de inseguridad jurídica e inestabilidad política y económica que pocos países defenderán.
Bruselas consiguió su objetivo prioritario, poner en marcha aunque fuera provisionalmente la parte comercial. Pero no ha podido eliminar ninguno de los cinco obstáculos de los países que votaron en contra y sus votos son necesarios para aprobar la parte política, que no se aprueba como acuerdo comercial, sino de política exterior, y por lo tanto necesita unanimidad. Francia lidera una oposición que ha ido incluso, como en el caso polaco, al TJUE para denunciar la maniobra de la Comisión Europea.
Francia quiere «cláusulas espejo». Insiste en que los productos importados del Mercosur deben cumplir exactamente la misma normativa que cumplen los producidos en Europa y exige que se proteja con medidas comerciales a la agricultura europea como se hace con el acero o el automóvil, es decir, con aranceles. Es decir, tirando el acuerdo con Mercosur a la basura.
Los gobiernos contrarios al acuerdo (porque sus sectores agropecuarios siguen teniendo peso político) aseguran que hay más de 30 sustancias activas permitidas en el cultivo de caña de azúcar en Brasil, por poner un ejemplo, que están prohibidas en la remolacha azucarera europea. O un 52% de las sustancias que se usan para cultivar maíz en los países de Mercosur son ilegales en Europa. También es cierto que varios países europeos, entre ellos Francia, permiten que sus empresas vendan en África o en América Latina, fertilizantes y químicos de fumigación que en Europa llevan años prohibidos.
¿Puede tumbarlo el TJUE? Políticamente sería muy complicado, pero si los jueces dan la razón al Parlamento Europeo y rechazan la división del pacto en dos que hizo la Comisión Europea, Bruselas podría encontrarse con un acuerdo de libre comercio que afecta a 31 países y más de 700 millones de personas sin base legal para su aplicación.
