Los llaman Romeo y Julieta, son ambos empleados en el Instituto de Obras de la Religión, nombre oficial del Banco Vaticano. Su caso es resonante porque implica inevitablemente al Papa Francisco cuya autoridad en la Iglesia es absoluta, y quien hasta ahora no habla. Ambos se han casado el sábado en una iglesia de Fregene, en el litoral romano, desafiando la prohibición que establecen las nuevas normas internas del Banco, otrora famoso por los escándalos protagonizados en décadas pasadas.
En octubre los dos perderán el trabajo cuando se cumplan 30 días de la celebración del rito matrimonial, por haber respetado una norma sagrada del catolicismo: el matrimonio religioso, del cual es garante el mismo pontífice. Se salvará uno que mantendrá el empleo si el otro renuncia, según establecen las nuevas normas.
Ambos apelan al pontífice. El problema es que Francisco no ha dicho una palabra y este enorme “pastiche”, como dicen los italianos, amenaza provocar una crisis inesperada, a menos que el Papa haga respetar los principios por encima de los reglamentos.
Los flamantes esposos han debido ya soportar el rigor del Instituto de las Obras de Religión, que los suspendió por unos días acusándolos de haber hecho conocer el caso fuera del majestuoso Torreón donde se encuentra la sede dentro del Vaticano. Pero la medida parece no tener en cuenta que hace meses que el asunto era conocido y “vox populi” en el mismo Vaticano.
La lucha por los derechos de los que trabajan en el Vaticano y sus organizaciones no son fáciles. Lo pone de relieve la Asociación de Dependientes Laicos del Vaticano, una especie de sindicato interno que tiene unos 450 miembros y que se ha solidarizado con el caso de Romeo y Julieta, así llamados porque sus nombres no han sido revelados.
“Trabajar es propio de la persona humana, expresa su dignidad de criatura hecha a imagen de Dios”, ha dicho el Papa.
Tras un largo silencio, el Instituto explicó que la norma que costará el puesto al menos a uno de los nuevos esposos casados por la Iglesia si el otro renuncia, fueron introducidas en el ámbito de las reformas queridas por el Papa Francisco.
La corresponsal vaticana del diario “Il Messaggero” se pregunta si un reglamento interno puede ponerse por delante de un sacramento, “El caso hace saltar una vistosa anomalía que contrasta con el Magisterio de la familia”.
La corresponsal Franca Giansoldati señala que “a este paso, el Papa quedará obligado a intervenir en una cuestión enorme, que por fuerza de las cosas se pone por delante de las leyes fundamentales sobre las cuales se basa la Iglesia y también el pequeño Estado pontificio”.
