El exilio cubano en el exterior y la oposición democrática en la isla están en ebullición política. El agravamiento del embargo norteamericano, la crisis energética y la escasez de alimentos en Cuba, la amenaza de una intervención militar estadounidense, la acusación contra Raúl Castro por homicidio y las negociaciones de La Habana con la administración Trump han puesto en marcha un movimiento irrefrenable.
«Cuba Próxima» es uno de esos grupos, representados por cubanos en Europa y en la isla. Ellos han hecho su propuesta política como Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho.
«Cuba se halla hoy ante un punto de inflexión histórica. La crisis sistémica —manifestada en un colapso energético crónico, inseguridad alimentaria y una fractura del tejido social— ha desbordado al modelo actual. Ante un Estado paralizado, la inacción no es opción. El cambio profundo, integral y ordenado es un imperativo ético y de seguridad nacional», sostienen.
Cuba Próxima propone una «Apertura Acordada»: una «transición transaccional, basada en el realismo político, que sustituya la confrontación por un proceso de pasos recíprocos, verificables y con garantías internacionales«. Esta estrategia se articula mediante dos procesos simultáneos: un Diálogo Soberano Multiactor interno y una Normalización Estratégica con los Estados Unidos y la comunidad internacional.
Ellos proponen una «hoja de ruta» orientada a alcanzar ocho pilares para un país funcional: garantía plena de derechos humanos (civiles, políticos, económicos y sociales); Estado de derecho democrático y social, con separación de poderes y autonomía local; igualdad de oportunidades e inclusión social sin discriminación; organismos públicos eficientes al servicio del ciudadano; economía libre con responsabilidad social; centralidad de la cuestión laboral y salarios dignos; servicios universales (salud, educación y seguridad social); más soberanía y neutralidad estratégica, basadas en la paz y el respeto mutuo.
Esta «Apertura Acordada», a través de dos procesos paralelos, se puede estructurar en dos ejes coordinados: «un diálogo soberano entre cubanos —razón fundamental de cualquier proceso responsable— y un proceso de normalización Cuba-EE.UU., basados en pasos recíprocos y verificables».
Por la parte cubana, ellos auspician la «liberación de los presos políticos, razón por la cual reiteramos nuestro apoyo a la Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso». «Esta iniciativa, propuesta por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, es promovida actualmente por las diversas organizaciones que integran el Foro Acción Amnistía 2026. El establecimiento de una Mesa de Negociación Política entre el gobierno cubano, junto a sus instituciones vinculadas, y los actores de la sociedad civil y las organizaciones políticas independientes».
«Un Acuerdo de la Mesa de Negociación Política sobre una Ley de Amnistía condicionada, que sea general y plena, excepto para quienes hayan cometido crímenes desde cualquiera de las partes en conflicto», dicen.
Implementar un programa de estabilización económica, orientado a frenar la caída de la producción y del poder adquisitivo. Esto incluye «la eliminación de restricciones al sector privado y la creación de garantías jurídicas para fomentar la inversión nacional e internacional».
Por la parte norteamericana, proponen el levantamiento del cerco energético. Flexibilización a las restricciones de viajes de estadounidenses a Cuba y a las remesas de las familias cubanas. Apertura del mercado estadounidense y la banca a las empresas privadas cubanas. Apoyo al plan de financiamiento internacional para un programa de emergencia de seguridad alimentaria y suministro de medicamentos, y apoyo al plan de implementación de un rescate energético de emergencia en su primera fase.
Quieren custodia y garantía internacional. «No solicitamos tutela, sino una mediación técnica y política de alto nivel. Proponemos que democracias de América Latina, junto con la Unión Europea y países miembros, actúen como garantes del cumplimiento de los acuerdos, restando carga ideológica al proceso y asegurando su legitimidad soberana», sostienen.
«La transición requiere que el estamento militar y administrativo actual perciba una alternativa segura. La Ley de Amnistía y la reforma institucional deben garantizar que la justicia transicional promueva la reconciliación y no la persecución, asegurando un rol profesional para los actuales funcionarios públicos y las instituciones militares en el nuevo marco democrático», argumentan.
«La fase 1 debe generar resultados tangibles en el bienestar ciudadano. La normalización de vínculos debe priorizar la inversión de la diáspora y la ayuda humanitaria directa para desactivar la crisis de servicios básicos», aseguran.
Ante la eventual celebración de elecciones libres, Cuba Próxima se compromete «a impulsar una agenda de transición que incluya: un marco constitucional democrático provisional; aprobar leyes de necesidad inmediata relacionadas con los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico; establecer condiciones sociales, económicas y políticas que aporten a la estabilidad y el desarrollo».
Ellos llaman a aprobar una Ley de tránsito constitucional que establezca el modo de institucionalizar la nueva Constitución y la realización de elecciones generales.
Lo firman Roberto Veiga (director), Michel Fernández (vicedirector), Lennier López (supervisor académico), Alexander Hall Lujardo, David Corcho, Ileana de La Guardia, Jorge Masetti, Julio Antonio Fernández Estrada, Mario Valdés Navia, Massiel Rubio, Pavel Vidal y Teresa Díaz-Canals.
