Lima. Enviado especial. Perú hoy es como dos piezas de porcelana que solo un artista puede lograr hacer encajar, le dice un diplomático a este enviado, evaluando no solo el empate total en las elecciones de este domingo que impide determinar un ganador claro. Apunta a lo que vendrá, en particular a la gobernabilidad con esa fractura expuesta.
Las diferencias entre ambos rivales son significativas. Keiko Fujimori, una veterana legisladora de derecha populista, cuenta con un partido consolidado, Fuerza Popular que tiene los bloques mayores en ambas cámaras de un Parlamento que es posiblemente el poder más cuestionado del país por sus enormes opacidades. Pero si llega a la Casa de Pizarro, ese será uno de sus principales respaldos.
Su rival, Roberto Sánchez, encabeza, en cambio, una alianza endeble, Juntos por el Perú, con diferentes actores de la izquierda, que van del centro a algunos extremos. Si acaba triunfando, estará obligado a negociar y posiblemente a revertir muchas de sus promesas sobre una estatización amplia de la economía del país. Pero eso le causará litigios que ya se han presentado en su alianza que se reparte 46 legisladores y también, posiblemente, por las demandas urgentes de su electorado principal: los sectores más golpeados en un país de enormes inequidades sociales.
Los analistas consultados por Clarín observan que la división que expone la elección tiene la utilidad de exhibir el tamaño del problema de inclusión que ya no puede ser desdeñado. Indicaría la urgencia de un Estado eficiente como paso a una real modernidad. Además, obligaría a una conformación del poder diferente que requeriría algunos importantes equilibrios, en especial en el Congreso.
Esa alternativa implicaría a una figura aquí importante: el centrista Jorge Nieto, sociólogo, académico y político, exministro de Cultura y ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Este dirigente llegó al cuarto lugar en la primera vuelta con el 11% de los votos con su Partido del Buen Gobierno. Con las paridades actuales, esa fuerza integrada por profesionales, aparece como el posible fiel de una balanza.
Nieto cuenta con 7 escaños en el Senado y 18 en Diputados, un total de 25 parlamentarios. El número es clave para el tejido parlamentario. Fujimori reúne 22 en la cámara alta, de 60 miembros, y 41 en la baja, de 130. Tiene los bloques más grandes, pero lejos de la mayoría absoluta. La coalición de Sánchez, a su vez, es la segunda fuerza legislativa con 32 diputados y 14 senadores. Pero, aunque van juntos, no es un bloque necesariamente homogéneo.
El candidato, amparado por dirigentes provinciales, profesionales y técnicos de izquierda moderada, alinea a los legisladores de la costa y de Lima, algo así como la mitad de la bancada. Los otros son parte de los dos partidos comunistas: el PCP estalinista de Mariátegui y Patria Roja, este último ligado a los sectores sindicales. Después están los otros socios, líderes de movimientos locales y sociales de Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, incluidos en las listas de este frente como invitados.
Este diseño significa que Sánchez tendrá que negociar hacia dentro con sus alas comunista y sindical, con los líderes regionales y con los más ideologizados para mantener con vida a su alianza, que estaría tironeada por demandas y puntos de vista a veces divergentes.
Parte de ese ejercicio ya lo ha ejecutado en los últimos días de la campaña al anunciar una modificación muy sensible de su programa de gobierno, que incorporó expresiones como «estabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica». Desapareció la referencia en el primer texto que repudiaba la actual Constitución a la que denunciaba por «someter al Estado a la voluntad de los contratistas extranjeros».
En cambio subraya la necesidad de «normas amigables a la inversión interna y externa». Retiró también la amenaza de romper la independencia del Banco Central y relevar a su presidente. Esas modificaciones, pensadas para tentar el voto centrista y calmar a los mercados, generaron tensiones dentro de su alianza según se supo y que alimentaron algún escepticismo sobre la vitalidad de la coalición.
Fujimori, que es claramente promercado, no tiene esos problemas, aunque su costado populista, cierta imprevisibilidad en sus manejos y sus problemas con la justicia, han generado polémicas. Por ejemplo, ha planteado una pensión universal para el 15% de la población del Perú —más de 5 millones de adultos mayores—, pero sin indicar cómo se fondeará ese gasto. Una iniciativa que se esperaría de su rival. También la dirigente es parte de la controvertida maniobra del Congreso para intervenir en el presupuesto nacional, que se hizo con una vidriosa reforma constitucional. Si Fujimori es oposición, difícilmente se allane a un cambio que le retire esa herramienta. Y no es claro si el resto de las fuerzas que se le oponen, aún con el centro, tendrían poder suficiente para obligarla.
