Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que 25 personas fueron ejecutadas a sangre fría, sirvieron de base para la sentencia a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en 2009 contra Alberto Fujimori, quien murió este miércoles a los 86 años.
La histórica sentencia contra el expresidente devenido autócrata peruano lo halló culpable de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, e incluyó dos casos de secuestro de opositores a su régimen.
La primera de estas matanzas cometidas por un escuadrón del ejército, el paramilitar Grupo Colina, se perpetró en la noche del 3 de noviembre de 1991 en un antiguo vecindario del centro de Lima denominado Barrios Altos.
Ocho individuos armados con metralletas, con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en un solar donde los vecinos realizaban una fiesta, obligándolos a arrojarse al suelo. Luego, les dispararon ráfagas, utilizando silenciadores y, finalmente, uno de los atacantes remató con tiros de gracia a los moribundos.
Quince personas murieron, entre ellos un niño de 8 años que huía en busca de su padre, según relataron supervivientes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los años de violencia política en Perú.
Precisamente, el rostro infantil de Javier Ríos es hasta ahora una de las caras más emblemáticas del crimen, presente en fotos al frente de manifestaciones como las realizadas contra el temporal indulto que entre 2017 y 2018 gozó Fujimori sobre su condena por este caso, junto a otras violaciones a los derechos humanos.
Junto a Fujimori fueron declarados culpables, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y los ex generales Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo y Julio Salazar Monroe, además de todos los integrantes del grupo Colina, incluido el mayor Santiago Martín Rivas, responsable del operativo en Barrios Altos.
La otra matanza ocurrió en la madrugada del 18 de julio de 1992, en la Universidad La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y llevados por el Grupo Colina a una zona abandonada al este de Lima, donde fueron ejecutados con disparos en la nuca.
Los cadáveres fueron enterrados clandestinamente en tres fosas, y luego desenterrados y llevados a otro lugar, donde finalmente fueron encontrados tras investigaciones de la prensa.
Primero el Gobierno y las Fuerzas Armadas atribuyeron la masacre a un atentado terrorista de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero las investigaciones periodísticas ya apuntaban a un grupo de militares adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
La Justicia también condenó a Fujimori por los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, detenidos en la noche del 5 de abril de 1992 (cuando Fujimori disolvió el Congreso) y llevados al cuartel general del Ejército donde se encontraba el Servicio de Inteligencia del Estado. Tanto Gorriti como Dyer fueron liberados días después.
Con información de AFP y EFE.