Los grandes carteles de México han aumentado su letalidad durante los últimos años al emplear, cada vez con más frecuencia, drones con explosivos para golpear objetivos militares y civiles, en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, según varios especialistas.
Este ‘salto tecnológico’ de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa, designados el año pasado por Washington como terroristas, se produce en medio de las recurrentes amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual intervención en territorio mexicano para combatir a estos grupos.
A los ataques por tierra con armas de fuego, los principales carteles mexicanos le han sumado «recientemente» una nueva amenaza a través de drones con explosivos que se pueden detonar a distancia, advirtió a EFE David Saucedo, analista de seguridad y experto en el crimen organizado.
Al principio solo eran herramientas «de vigilancia», pero con el tiempo les añadieron bombas de contacto y un mecanismo para programar su detonación gracias al conocimiento de «algunos ingenieros contratados» por los carteles, señaló Saucedo.
Para las grandes organizaciones criminales su uso tiene «varias ventajas», argumentó, como su bajo costo y que pueden realizar ataques «rápidos sin sufrir ningún daño», incluso recorriendo grandes distancias hacia el objetivo, lo que los convierte en un arma «muy utilizada».
Mayormente, estas «bombas voladoras» son empleadas contra instalaciones gubernamentales, contra objetivos civiles y en las luchas internas entre organizaciones rivales.
Por su parte, Dulce Torres, investigadora en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), abundó que esta nueva situación supone un «salto táctico» en las capacidades de los grupos armados y cambia «completamente» la lucha contra el narcotráfico.
«Lo que más me preocupa es la intimidación de la población. Literalmente usan los drones para causar un desplazamiento forzado de comunidades y que esos territorios se los quede el crimen organizado para ciertos fines», comentó.
Ambos expertos coincidieron en subrayar la «cifra negra» existente en los ataques con dispositivos aéreos, ya que «muchos de ellos» no constan en los registros oficiales.
EFE hizo una solicitud de información a varias instituciones mexicanas, de las cuales solo informó de datos concretos la Secretaría de la Defensa Nacional, que contabilizó 16 ataques con drones y explosivos improvisados contra militares de febrero a octubre del año pasado, registrados sobre todo en el estado occidental de Michoacán.
La investigadora del Colmex destacó que en la «tensa» relación entre México y Estados Unidos, contrarrestar la amenaza que suponen los ataques con drones debería ser un «objetivo compartido».
En su opinión, es un tema que ya está en la agenda binacional porque les «beneficia» a los dos países, sobre todo en el caso de México, que «le interesa seguir presentando resultados» en materia de seguridad a Washington bajo la «narrativa de que está haciendo algo» para luchar contra las organizaciones del narcotráfico.
Esta realidad podría añadir «más presión» al Gobierno mexicano por parte de las autoridades estadounidenses para que «intensifiquen su lucha» contra las organizaciones que la Administración Trump ha designado como terroristas, según la investigadora mexicana.
No obstante, también podría constituir una «buena oportunidad de colaboración», pues Estados Unidos dispone de una tecnología antidrones «mucho más precisa» en comparación con su vecino, añadió Torres.
Pese a esa posibilidad, criticó la «debilidad institucional» del Ejecutivo mexicano, que «muchas veces no tiene ni el personal ni los recursos» para enfrentarse a los ataques con dispositivos aéreos.
