La Corte Suprema de Brasil imputó este miércoles al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por cinco delitos cuyas penas rondan los 40 años de prisión en total, en el marco del proceso por un supuesto intento de golpe de Estado para anular la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.
Los delitos por los que el ex mandatario (2019-2022) será juzgado, junto a otros altos cargos militares y de su Gobierno, están castigados con penas que van de seis meses a 12 años de prisión cada uno, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.
Por otro lado, en caso de condenar, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados determinan que cada crimen es independiente o si concluyen que ciertos crímenes están incluidos dentro de otros más amplios y, por tanto, solo se aplica el castigo de estos últimos, según los juristas consultados por EFE.
La defensa de Bolsonaro ha rechazado las acusaciones y ha acusado de cometer irregularidades a los investigadores y al propio magistrado instructor del caso.
1. Golpe de Estado
El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el «intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido».
La denuncia de la Fiscalía, admitida hoy por el Supremo, afirma que este propósito se vio reflejado en los «ataques recurrentes» al proceso electoral, la «manipulación indebida» de las fuerzas de seguridad para interferir en los comicios, y «la convocatoria del alto comando del Ejército para obtener apoyo militar» a un supuesto decreto con el que se pretendía anular los resultados electorales.
2. Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho
Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en el intento de «impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales», lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial y no se limita al Ejecutivo.
Según la denuncia, Bolsonaro y los otros acusados «minaron» los poderes constitucionales frente a la opinión pública, «incitaron a la violencia contra sus estructuras», en referencia a la invasión violenta de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia el 8 de enero de 2023, y planearon el asesinato de Lula, entonces presidente electo, y de un magistrado del Supremo.
3. Organización criminal armada
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.
La organización supuestamente comandada por el expresidente, de acuerdo con el Ministerio Público, se desarrolló con «orden jerárquico», tuvo una «fuerte influencia de sectores militares» y presentó una «división de tareas» entre sus integrantes.
4. Deterioro de patrimonio protegido
El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para «destruir, inutilizar o deteriorar» bienes protegidos por la ley.
Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo «moral y material» a la turba que invadió de forma violenta la sede del Supremo, el Congreso y la Presidencia en enero de 2023 y que provocó daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).
5. Daño calificado contra patrimonio público
Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio «considerable» para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.
