Cuando la policía mató a un capo narcotraficante en una favela de Río de Janeiro el mes pasado, delincuentes armados rodearon un autobús, obligaron a bajar a los pasajeros y lo incendiaron en plena avenida. «Subieron, me pidieron que sacara a los pasajeros y prendieron fuego. Fue muy rápido», relató el conductor Márcio Souza, de 48 años, todavía conmocionado. «Fue una sensación horrible, no se lo deseo a nadie».
La escena no es una excepción en esta ciudad de casi siete millones de habitantes y uno de los destinos turísticos más visitados del mundo.
Los enfrentamientos entre la policía y grupos criminales fuertemente armados como el Comando Vermelho son comunes en las favelas, cuyos territorios están bajo el control de estas bandas.
Los buses que pasan cerca son secuestrados por delincuentes para impedir el paso de las fuerzas del orden y sembrar a la vez el caos en la ciudad, como demostración de fuerza.
Agentes de la Policía Federal de Carreteras vigilando frente a una barricada levantada por vecinos, durante una operación policial en el complejo de favelas de Alemao, en Río de Janeiro. Foto XinhuaFue lo que ocurrió durante la megaoperación policial de octubre pasado, la más letal de la historia de Brasil, con más de 120 muertos: más de un centenar de buses fueron convertidos en barricadas.
Una profesión de riesgo
João, nombre ficticio de un chófer de 35 años y 15 en el oficio, sufrió recientemente el secuestro de su autobús. En Madureira, en la popular zona norte, delincuentes en moto lo rodearon, lo agredieron, le quitaron las llaves y rociaron gasolina al vehículo. La policía llegó justo a tiempo para evitar el fuego.
«El terror fue enorme. En ese momento solo pensé en la familia, en mis hijas. Pensé que iba a pasar lo peor», cuenta este padre de dos niñas.
«Mi familia me apoya porque sabe que este fue mi gran sueño. Pero en casa están aprensivos, con miedo de si voy a llegar sano y salvo».
Casi 200 conductores fueron apartados temporalmente el año pasado por estrés, miedo a trabajar o ataques de pánico, dijo a la AFP Paulo Valente, portavoz de RioOnibus, gremio que reúne a las empresas operadoras de Río, que emplean a 14.000 chóferes.
En ese periodo, 254 autobuses fueron usados como barricadas, más del doble que el año anterior.
La sensación de inseguridad se extiende también entre los usuarios. «Ya no tomo ómnibus porque es muy peligroso. Últimamente hay muchos enfrentamientos, y lo primero que hacen (los delincuentes) es parar» estos vehículos, se queja en una calle del centro Elisiane, de 43 años y desempleada, que omitió su apellido por seguridad.
En una parada unos metros más allá, Mónica Correia, una cuidadora de ancianos de 56 años, dice que sale tres horas antes de lo necesario para absorber imprevistos.
Como en la «Franja de Gaza»
En octubre de 2023 dieron la vuelta al mundo las imágenes de 35 buses incendiados, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva describió como «escenas propias de la Franja de Gaza».
En octubre de 2023 dieron la vuelta al mundo las imágenes de 35 buses incendiados, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva describió como «escenas propias de la Franja de Gaza». Foto Juano Tesone «Cuando un autobús se usa como barricada, más de 50 quedan atascados y otro tanto tiene que desviar el itinerario», describe Valente.
Cada secuestro tiene «un impacto directo en la economía», con pérdidas millonarias para las compañías, «y en la imagen de la ciudad», lamenta.
Ello perjudica sobre todo a habitantes del oeste y norte de Río, las zonas más pobres, que demoran horas para desplazarse a sus trabajos en el sur de la ciudad.
En la letal operación de octubre pasado, medio millón de personas no pudieron completar sus viajes. Cerraron comercios, se suspendieron trabajos y se impuso una suerte de toque de queda de facto.
En su intento de minimizar el impacto, las autoridades avisan con antelación a RioOnibus sobre los próximos operativos policiales, según Valente.
La policía de Río no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.
Las interrupciones en el transporte afectan igualmente a los menores, con casi 190.000 estudiantes que no pudieron llegar al colegio entre 2023 y mediados de 2025, según un reciente estudio.
«El 95% de las escuelas públicas fue afectado. La violencia armada atraviesa la vida de toda la población de Río. Es gravísimo», afirma a la AFP Maria Isabel Couto, del instituto Fogo Cruzado, coautor del estudio.
Couto advierte que la responsabilidad es compartida. «El control territorial armado tiene un impacto muy significativo en esta movilidad interrumpida. Pero el Estado no puede esconderse detrás de eso, porque tiene un papel en la producción de esta violencia y desigualdades».
