los presidentes de Perú investigados y expulsados del poder

Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte y ahora José Jerí, los expresidentes peruanos han enfrentado procesos judiciales por corrupción, violaciones a los derechos humanos u otros delitos en lo que va de siglo.

La sucesión de procesos judiciales contra expresidentes del Perú pone en evidencia una grave crisis institucional y la continuidad de prácticas corruptas en los niveles más altos del poder.

A continuación, se detalla cada caso:

Condena: En 2009, sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.

Motivo: Masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestros tras el autogolpe de 1992.

Situación: Liberado en diciembre de 2023 por indulto humanitario. Falleció en 2024.

Condena: En octubre de 2024, condenado a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos.

Motivo: Sobornos de Odebrecht por adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica.

Situación: Cumple condena en el penal de Barbadillo tras ser extraditado desde EE.UU. en 2023.

Proceso: Investigado por presuntos sobornos de Odebrecht durante su segundo mandato.

Motivo: Presunta participación en irregularidades en contratos del Metro de Lima.

Situación: Se suicidó el 17 de abril de 2019, al momento de ser detenido por orden judicial.

Condena: El 15 de abril de 2025, sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos.

Motivo: Recepción de dinero ilegal de Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas.

Situación: Cumple condena en el penal de Barbadillo.

Proceso: Desde 2019, con arresto domiciliario por presunto lavado de activos.

Motivo: Pagos de Odebrecht a su empresa Westfield Capital mientras era ministro.

Situación: La Fiscalía solicita 35 años de prisión.

Proceso: Juicio oral desde octubre de 2024 por cohecho pasivo propio.

Motivo: Presuntos sobornos de S/2,3 millones cuando fue gobernador de Moquegua.

Situación: Fiscalía solicita 15 años de prisión.

Proceso: Juicio por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público.

Motivo: Intento de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022.

Situación: En prisión preventiva en Barbadillo; Fiscalía pide 34 años de cárcel.

Rolexgate: Investigada por cohecho al recibir relojes de lujo no declarados. Congreso archivó el caso en abril de 2025.

Protestas: Denunciada ante la Corte Penal Internacional por muertes en las protestas de 2022 y 2023.

Situación: El Congreso votó su vacancia el 10 de octubre de 2025. El proceso de vacancia presidencial fue por la «permanente incapacidad moral» de la Presidenta de la República. El proceso inició tras el atentado contra la agrupación musical Agua Marina y culminó con la declaratoria de vacancia y el fin de su administración, tras superar los 87 votos necesarios, y de forma unánime con 121 votos a favor de la moción

A lo largo de las últimas semanas, el comportamiento de Jerí como presidente ha quedado en entredicho y se le han abierto investigaciones en la Fiscalía por tráfico de influencias.

El mandatario fue descubierto cuando acudió el pasado 26 de diciembre encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un restaurante propiedad de un empresario chino contratista del Estado y de la propia oficina presidencial, y también visitó una de sus tiendas el 6 de enero, cuando horas antes el local había sido clausurado por las autoridades municipales.

A ello se sumaron las revelaciones periodísticas de presuntas irregularidades en la contratación de una serie de funcionarias que entraron a trabajar al Gobierno de Jerí tras haberse reunido aparentemente con él en el Palacio de Gobierno.