Cientos de manifestantes invadieron este martes la sede del Senado mexicano, obligando a suspender la sesión en la que se discutía una polémica reforma que plantea la elección popular de jueces, anunció el presidente de la cámara.
Tras permanecer varias horas en los alrededores del edificio legislativo, los manifestantes traspasaron repentinamente las barreras de seguridad e irrumpieron en la sala donde deliberaba el pleno. «Decreto receso indefinido, se levanta la sesión», dijo poco después Gerardo Fernández Noroña, jefe del Senado.
En el lugar había escasa presencia policial, por lo que los detractores de la iniciativa ingresaron sin mayores obstáculos y permanecían dentro del edificio.
Entre esas personas se hallaban funcionarios judiciales en huelga y estudiantes universitarios, que coreaban cánticos como «íseñor senador, detén al dictador!» o «íel poder judicial no va a caer!», agitando una enorme bandera de México.
Los manifestantes ingresaron inicialmente a una explanada dentro del recinto y luego entraron a la sala donde ocurría el debate.
«Vuelvo a pedirles a los senadores que se calmen», dijo Fernández Noroña tras enterarse de que los manifestantes habían ingresado al edificio.
Con la polémica reforma, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende que a partir de 2025 haya elecciones populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comenzó el diálogo cerca de las 14:45 horas (20:45 GMT) para una sesión que él espera que sea maratónica y supere la de la Cámara de Diputados, que la semana pasada ya avaló la iniciativa de López Obrador.
Antes de la discusión, se agudizaron las protestas de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que lleva casi tres semanas en huelga contra la reforma porque, argumenta, acabaría con la carrera judicial y permitiría la intromisión de «intereses» en la justicia.
Pero al presentar la iniciativa en el pleno, la senadora Ernestina Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que «esta reforma es una respuesta a las demandas históricas que claman por un sistema judicial más justo, más transparente y accesible».
«Se fortalece la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos, se afianza la división de poderes, que es la esencia de la república, ya que el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político», indicó.
De avalarse la reforma, habría elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reduciría de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte, y se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial para castigar a jueces percibidos como corruptos.
Aunque la oposición ha alertado de que esto permitiría a Morena y al gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, imponer como candidatos a sus jueces, la senadora Godoy argumentó que «la reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial».
La discusión comenzó entre denuncias de oposición en México, que acusaron al oficialismo, incluyendo las fiscalías, de intimidar a legisladores para conseguir garantizar que tienen los 86 votos, dos terceras partes del total de 128, que son necesarios para modificar la Constitución.
Los legisladores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza opositora, denunciaron que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia para que entrara su sustituto, su padre Miguel Ángel Yunes Linares, ante presuntas presiones de Morena para que no los encarcelaran por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) denunció que en Campeche, a cargo de la gobernadora Layda Sansores de Morena, detuvieron al padre del senador Daniel Barreda, quien ha anunciado su voto contra la reforma.