Miles de transportistas que permanecen varados desde hace mes y medio en distintas carreteras en Bolivia por los bloqueos de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz atraviesan una situación crítica sin acceso a alimentos, medicamentos, ni servicios básicos, ante lo cual sus compañeros reclamaron este lunes acciones para atenderles.
Los más afectados son más de 5.000 conductores de carga pesada, quienes desde principios de mayo estaban en tránsito para trasladar mercadería de exportación o importación, según la Cámara Nacional de Transporte (CNT).
También camioneros paraguayos pidieron este lunes ayuda de las autoridades al denunciar que completan 44 días varados en la frontera entre Perú y Bolivia.
En declaraciones al canal paraguayo NPY, uno de los conductores, quien se identificó como Claudio Arrúa, relató que partió desde Lima con destino a Asunción, la capital de Paraguay, a bordo de un tráiler cargado con 26 toneladas de materiales para fabricar calzados, pero no ha podido proseguir su camino a raíz de las protestas. «Hoy hace 44 días que estamos varados acá y la situación es difícil», se lamentó.
Arrúa indicó que se encuentra junto a otros dos camioneros paraguayos al costado de una carretera en un punto ubicado a 140 kilómetros de la ciudad boliviana de La Paz y a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde, aseguró, hay un «frío intenso».
Aunque los bloqueos permanecen en cinco de las nueve regiones de Bolivia, uno de los puntos más críticos es la zona de Sayari, en la carretera entre la región central de Cochabamba y la andina de Oruro, a más de 4.000 metros de altitud y con temperaturas bajo cero durante el invierno en el hemisferio sur.
«Nuestras condiciones son inhumanas, no tenemos medicamentos, víveres. Estamos secuestrados por los bloqueadores», dijo en un contacto telefónico con EFE Víctor Garvizu, un transportista que a finales de abril partió desde Cochabamba hacia el puerto chileno de Iquique y que quedó retenido en Sayari desde inicios de mayo.
Garvizu relató que los conductores consumen agua de un riachuelo que deben hervir previamente para no enfermar y que se organizaron en pequeños grupos para conseguir alimentos y hacer pequeñas ollas comunes, aunque lamentó que el desabastecimiento también afecta a la zona rural.
Según el conductor, quienes están peor son los chóferes diabéticos y que incluso algunos dejaron sus camiones para tratar de llegar hasta Cochabamba por su propios medios, comprar medicamentos y después regresar a la carretera.
Garvizu contó que los manifestantes evitan todo contacto, son hostiles y que no cumplieron con una anunciada promesa de abrir provisionalmente el paso por razones humanitarias.
Ante esta situación, conductores y propietarios de empresas de transporte realizaron una caravana de protesta en Cochabamba, con decenas de camiones que recorrieron más de 15 kilómetros hasta las puertas de la Gobernación departamental en la capital de esa región.
Los vehículos exhibieron banderas bolivianas y pancartas con pedidos de desbloqueo de carreteras y de respeto al derecho al trabajo.
El director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Cochabamba, Oscar López, dijo a los medios que el sector exige traer a sus colegas varados en lugares como Sayari y que se liberen las rutas para que puedan trabajar.
López lamentó que en las siete semanas de conflicto se acumularon multas por las demoras en el traslado de mercadería, a lo que se suma el pago de salarios que deben cumplir pese los conflictos.
La Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la entidad católica Caritas iniciaron una caravana de ayuda humanitaria para llevar desde La Paz alimentos y medicamentos a unos 600 camioneros atrapados en los bloqueos en la zona del altiplano.
Los cortes de ruta, iniciados el 6 de mayo, son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien cumplió siete meses de Gobierno hace una semana.
El conflicto ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.
