El preso político venezolano-uruguayo José Breijo, quien denunció en mayo la invasión de su casa en Caracas por parte de un policía involucrado en su detención, falleció en las últimas horas mientras cumplía arresto domiciliario, informaron este jueves varias organizaciones. Aseguran que estaba detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro «en condiciones inhumanas».
«Sufrió tratos crueles e inhumanos», sostuvo el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien compartió en la red social X una imagen con Breijo, acusado «injustamente de terrorismo» y quien pasó «más de dos años secuestrado en Tocuyito», una cárcel ubicada en el estado de Carabobo.
Según Rojas, cuando el preso político regresó a casa luego de que le otorgaran arresto domiciliario «encontró al policía que lo detuvo invadiendo su apartamento». El activista expresó también que la Administración del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y la de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, le negaron «hasta su último aliento la anhelada libertad». Tenía 71 años.
«Nuestro mayor homenaje es luchar hasta recobrar la democracia en Venezuela», agregó en su cuenta de X.
El partido opositor Primero Justicia (PJ) también denunció en esa red social que Breijo pasó «dos años encarcelado injustamente en el centro de torturas de Tocuyito», y que si bien «había salido de prisión, permanecía bajo arresto domiciliario, sin recuperar plenamente su libertad, pese a sus 71 años y al grave deterioro de su salud».
Según esta organización política, 49 presos políticos fallecieron bajo custodia del Estado y su inacción, por lo que exigen Justicia: «La libertad de los presos políticos y de los rehenes extranjeros no admite más demoras».
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) se solidarizó con sus allegados y dijo en X que Breijo «falleció bajo medidas coercitivas y con secuelas de salud que reflejan el devastador costo humano de la privación de libertad y los procesos injustos«.
El 26 de mayo de este año, Breijo fue beneficiado con el arresto domiciliario, debido a sus condiciones de salud, después de quedar detenido en 2023 tras tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes en un local comercial. Sin embargo, al regresar a su residencia, ubicada en el edificio Pasquiareli de Bello Monte, en Caracas, se encontró con que su departamento había sido ocupado por un funcionario del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quien presuntamente formó parte del procedimiento para su detención.
Un día después logró recuperar su vivienda en el noreste de la capital, pero sin ningún tipo de mobiliario dentro. Él mismo contó por entonces a la agencia EFE que a la medianoche de ese día un hombre llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su departamento.
En la casa solo había una mesa, un mueble y una heladera, todas pertenecientes al funcionario policial que invadió su hogar, así como una cama donada por sus vecinos.
El 28 de mayo fue trasladado de urgencia a un centro de salud para tratar un derrame pleural que presentaba. Padecía complicaciones vinculadas a afecciones respiratorias debido a las pésimas condiciones en las que estaba en prisión. De hecho, desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas denunciaron que antes de ingresar a la cárcel pesaba 120 kilos y cuando la abandonó estaba en 62.
