La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una ley que castiga con hasta cinco años de prisión publicaciones que provoquen «alarma» en las redes sociales, y que es calificada como «ley mordaza» por medios opositores en el exilio.
La nueva ley castiga con cárcel y multas a quienes, en el país o en el exterior, difundan en redes sociales publicaciones que causen «alarma, temor, pánico o zozobra» entre la población, dijo en un comunicado el Parlamento, controlado por el gobierno de Ortega.
La nueva norma reforma la ley de ciberdelitos de 2020, que llevó a la acusación y arresto de muchos opositores y periodistas en Nicaragua por «propagación de noticias falsas», y aumenta las penas para los acusados.
La oposición denuncia que la nueva ley legaliza la censura en redes sociales.
El Parlamento, por su lado, aseguró en un comunicado que la decisión «fortalece la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de los delitos que cometan las personas naturales o jurídicas dentro o fuera del país, a través de los sistemas informáticos, nuevas tecnologías y redes sociales».
El gobierno de Daniel Ortega cierra el cerco en torno a la prensa y a las redes sociales. Foto: AP «(La ley) tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de redes sociales y aplicaciones móviles, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley», señala el artículo 1 reformado.
En cuanto a su ámbito de aplicación, establece que «es de orden público y se aplicará a los autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de los delitos previstos en la misma».
En su exposición de motivos, el Ejecutivo sostuvo que la propuesta de reforma está destinada a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometan aprovechándose de los sistemas informáticos, dentro o fuera del país, por personas naturales o personas jurídicas.
O bien, ejecutados por «criminales individuales o por organizaciones de la criminalidad nacional o internacional», que de una o de otra forma tratan de afectar o desestabilizar la tranquilidad y la paz social de la comunidad en general, a través de la sustracción, manipulación y robo de datos personales e institucionales, así como la afectación a la privacidad, integridad e intimidad de las personas.
La norma, compuesta por 48 artículos, contiene 25 definiciones, sin embargo, según han advertido sus críticos que la han bautizado como «Ley Mordaza» o «Ley Bozal», no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Penas más duras
Esta norma se suma a una reforma al código penal aprobada la semana pasada que impuso condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por «delitos contra el Estado» nicaragüense, cometidos por cualquier persona en cualquier país del mundo.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión tras las protestas opositoras de 2018, en parte a través de cambios en la legislación. Desde entonces ha forzado el cierre de unas 5.500 ONGs y ha confiscado sus bienes.
Las protestas de 2018 dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes han sido confiscados.
La nueva ley entrará en vigor cuando sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
