Una ola de amenazas de atentados a sitios de aglomeración pública mantiene en vilo a Uruguay, donde desde hace más de una semana múltiples advertencias provocaron una seguidilla de evacuaciones en la capital y otras ciudades.
Los casos, que siguen bajo investigación y por los que hay ya tres personas judicializadas, resultaron ser falsas alarmas, pero han generado inquietud en este país de 3,5 millones de habitantes, considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica.
Nicolás Corbo dijo que no tiene ganas de volver al Mercado Agrícola de Montevideo después de ser desalojado el domingo al mediodía.
«Estás tranquilo haciendo las compras y tenés que salir corriendo, no sabés qué va a pasar, suenan pitidos de alerta, es una situación fea», comentó este médico de 28 años, que abandonó el lugar junto con muchos turistas perplejos tras el aviso de una supuesta bomba.
La policía informó que unas 20 llamadas telefónicas y al menos cinco correos electrónicos amenazantes dirigidos contra más de una docena de instituciones públicas y privadas están bajo estudio desde el 22 de marzo.
Dos personas fueron imputadas por simulación de delito y violencia privada: una mujer de 28 años por amenazas a un centro comercial, y un joven de 20 por amenazas a centros educativos.
Ambos cumplen prisión domiciliaria con tobillera electrónica, ella por 45 días y él por 120, como medida cautelar mientras avanzan las pesquisas.
Aparte, un hombre de 32 años que se desempeñaba como guardia de seguridad en el Montevideo Shopping Center fue condenado a seis meses de prisión por las amenazas a ese complejo y a dos hospitales. Cumplirá su pena en régimen de libertad a prueba y trabajo comunitario.
Insólitamente, había dado una entrevista por los desalojos al centro comercial. «Dijeron que había una amenaza y evacuamos«, declaró a Canal 12 el 23 de marzo.
Los tres detenidos no son las únicas personas involucradas, advirtió el ministro del Interior, Carlos Negro, quien prometió llevar «a todas y cada una» a la justicia y cobrarles las multas estipuladas por la ley, que pueden alcanzar los 182.000 pesos (unos 4.300 dólares).
La policía también investiga la amenaza de una «masacre» que recibió la estatal Universidad de la República (Udelar) el miércoles pasado, cuyo autor dijo pertenecer al grupo 764, una red online vinculada a amenazas violentas en Estados Unidos y España.
Un correo electrónico «similar» al dirigido a la Udelar llegó el lunes a la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
La UCU se limitó a comunicar que «un mensaje con una amenaza» había provocado el desalojo y la suspensión de las clases en sus campus en Montevideo, Salto y Punta del Este. Más tarde indicó que la actividad se había reiniciado «con normalidad» en la tarde.
«Lo tomás con risas hasta que empieza a sonar la alarma y te empezás a asustar un poco», dijo Francisco Ameigenda, uno de los evacuados.
«Uno termina dudando hasta qué punto termina siendo verdad o mentira, si están probando qué tan bien actúa la policía o es gente que se quiere sacar de encima los exámenes«, añadió este estudiante de 23 años.
Un centenar de llamados por artefactos explosivos, casi todos correspondientes a centros educativos, fueron registrados en 2024 en Uruguay, de los cuales la enorme mayoría fueron falsa alarma, según datos oficiales.
Quizás por eso Lorena Garín, una psiquiatra de 43 años, no percibió nerviosismo en el Montevideo Shopping Center el 22 de marzo, cuando estaba en un probador con su hija de 13 años y llamaron a evacuar.
«Me pareció que era una broma», contó. «Después tomé conciencia, pero en el momento estaba muy tranquila».
