¿Qué pasó con el avión incautado de Nicolás Maduro?

Por qué fue realmente confiscado del avión de Nicolás Maduro. Por qué estaba en República Dominica. Y quién lo entregó a las autoridades estadounidenses.

El avión se encontraba este martes confiscado en Fort Lauderdale, al norte de Miami, en Florida, luego de que fuera llevado hasta allí tras ser incautado por autoridades estadounidenses en República Dominicana por lo que Washington calificó de “violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones”. ¿Pero qué quiere decir eso?

El comunicado del Departamento de Justicia detalló que a finales de 2022 y principios de 2023, “personas asociadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida”.

Luego, en abril de 2023, el avión habría sido exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe. En esa fecha, el avión llegó a Caracas después de pasar por Kingston, en San Vicente y las Granadinas, según datos del sitio web Flightradar24, informó BBC News.

Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con el código de cola T7-ESPRT, volaba casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países.

Si bien el lunes no se sabía desde cuándo el avión estaba en Santo Domingo ni por qué, este martes el Gobierno de República Dominicana afirmó la nave se encontraba en el país desde mayo pasado por cuestiones de mantenimiento.

En agosto de 2019, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela, incluso como miembros del gobierno de Maduro.

La entrega fue autorizada por dos órdenes de la Justicia dominicana.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que el Gobierno no intervino en el proceso y que se limitó a cumplir con lo ordenado por los tribunales del país, al tiempo que aseguró que la aeronave no estaba a nombre de Maduro ni del Gobierno venezolano, sino de una empresa particular.

Álvarez, quien habló en la rueda de prensa de los lunes que ofrece el presidente dominicano, Luis Abinader, explicó que el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que inmovilizara el avión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante las investigaciones de ese organismo sobre que el aparato fuera fruto de actividades de fraude, contrabando de bienes y lavado de activos.

«Dicha aeronave estaba en el país desde mayo para fines de mantenimiento, ya que en el país hay servicios de buena calidad», indicó el canciller.

En respuesta a preguntas de los medios durante la rueda de prensa, Álvarez detalló que el 22 de mayo se recibió una orden de un tribunal competente dominicano que autorizó a inmovilizar la aeronave y «en el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió otra orden jurídica autorizando la entrega a Estados Unidos, y el Ministerio Público lo entregó».

El diplomático reiteró que han sido los tribunales los que han verificado los méritos de la confiscación de la aeronave, ante solicitudes en ese sentido del Ministerio Público dominicano.

Estados Unidos informó este lunes que el avión oficial de Maduro había sido confiscado en República Dominicana con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la noticia filtrada previamente por CNN y comunicó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada a su nombre.

La aeronave fue incautada y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares «a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches», confirmó el fiscal general, Merrick B. Garland.

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela, que tildó la confiscación de «piratería», anunció este lunes que se reserva el derecho a «emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de Estados Unidos.

A juicio de Caracas, «esta no es una acción aislada», sino que «forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno», tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.

Con información de agencias y BBC News